La LGTBIfobia que se esconde detrás de las pantallas

Fran Pardo era todavía menor de edad cuando empezaron a llegarle las amenazas de muerte e insultos homófobos por Twitter. Era un continuo goteo, pero como no quería preocupar a sus padres se esperó a los 18 para denunciarlo. Fue en 2015. Este miércoles, casi siete años después de la denuncia, varias personas de ideología ultraderechista se sentarán en el banquillo como presuntos autores de esos mensajes y acusados (entre otras cosas) de delito de odio contra este activista LGBTI.

Durante todo ese tiempo Fran Pardo llegó a tener miedo de salir a la calle. "Lo peor fue cuando empezó a amenazarme de muerte gente de Valencia con cuentas anónimas. Ellos sabían quién era yo, pero yo no sabía quien eran ellos ¿Y si un día les daba por cumplir sus amenazas?" rememora. Hoy ya no llegan tantos mensajes de odio, entre otras cosas porque ya no es tan activo en las redes sociales. 

El caso de Fran es paradigmático de las consecuencias del odio que se gesta en las redes sociales, amparado por el anonimato y la falsa sensación de impunidad que tienen los agresores. Pero él solo denunció las amenazas, y seleccionó veinte mensajes que identificó como más graves. Fueron muchísimos más, insultos, burlas, difusión de imágenes, incluso le llegaron a incluir en grupos de Whatsapp para amenazar con matarle y después sacarle del grupo. 

La realidad es que, según la Federación Estatal LGBTI (Felgtbi), el 24 por ciento de las agresiones por LGTBIfobia se produce ya por las redes sociales. Y según un estudio publicado recientemente por Lambda, que radiografió durante 2021 el odio contra el colectivo en redes, el 85 % de estos ataques se registran en Twitter y contra personas anónimas, los agresores suelen ser hombres y las víctimas generalmente también hombres homosexuales. Pese a todo, desde Lambda explican que son conscientes de que existe un alto grado de violencia también contra el colectivo trans, que por el momento es complicado de detectar. 

En cuanto al tipo de odio, suelen destacar los insultos homófobos (55%), las burlas (25%), la información falsa (18%), las amenazas (1,8%) y la difusión de información privada (0,2%). Como recuerda Lambda "los mecanismos de denuncia que ofrecen la plataforma no son efectivos", lo normal es que ese mensaje se mantenga público pese a la denuncia, lo que alimenta la "sensación de impunidad" de los agresores. 

Cómo actuar 

Pese a esto, Gisbert explica que todavía existen dificultades a la hora de atajar estos delitos informáticos. La primera es la identificación: "Es posible rastrear una dirección IP para saber desde qué red está conectada la persona, pero la realidad es que para crear una cuenta de redes sociales solo te piden un correo electrónico, cualquiera puede hacerlo, y eso a la hora de reclamar responsabilidades complica nuestra labor", incide. 

La fiscal de delitos de odio recuerda que "escribir algo en redes sociales es igual a nivel legal que decirlo en la barra de un bar. Lo que se dice se dice, sea en la calle o detrás de una pantalla". Además, pese a los escollos de la justicia al tratar con las grandes tecnológicas, Gisbert explica que sí que existe un canal prioritario entre ambos para conseguir borrar publicaciones que potencialmente inciten al odio para que, al menos, ese contenido tóxico no siga produciendo daño en el tiempo mientras se delibera sobre él. “Los tiempos de la justicia no tienen nada que ver con los de las redes sociales, y hay algunos contenidos que no deberían estar publicados tanto tiempo a la espera de que salga una sentencia”, dice Gisbert. 

Aunque se están dando avances, Gisbert asegura que “falta formación y visibilización muy clara en delitos de odio, como en su día la tuvimos en violencia de género desde el año 2004”. La fiscal señala que “muchas personas dicen cosas detrás de la pantalla del ordenador que no dirían en persona” y anima a que, en caso de ver un contenido en redes sociales que incite al odio contra un colectivo se denuncie. 

Las políticas de Twitter

La realidad, explica Lambda "es que se lanzan mensajes de odio sin ningún tipo de repercusión, mensajes que nunca llegan a ser eliminados y cuentas que siguen abiertas tras escribir este tipo de contenido". En la práctica, las políticas de control de Twitter para estos comentarios son ineficientes. 

Además, como apunta Gisbert, la colaboración con la justicia tampoco es la mejor ya que “muchas tienen su sede en EEUU, con una legislación que considera casi cualquier cosa libertad de expresión, con lo cual (salvo que se esté produciendo un delito en concreto) no te dan casi información”, sentencia.