La rebelión de los funcionarios de prisiones se extiende por toda España: revueltas en Madrid, Málaga y Castellón

El asesinato de una trabajadora en la cárcel de Tarragona fue la gota que colmó el vaso. Los funcionarios de prisiones se han hartado: manifestaciones, protestas, cierres de centros, neumáticos quemados, barricadas y accesos bloqueados. Es la respuesta de los trabajadores de los penales catalanes al apuñalamiento mortal de una compañera de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un reo el pasado 13 de marzo.

La rebelión de los funcionarios de prisiones ha arrancado en Cataluña, donde las protestas son generalizadas y ponen de manifiesto el descontento del gremio. Allí han tenido un éxito total. En todos los centros penitenciarios catalanes ha habido seguimiento en mayor o menor medida. Pero, ¿puede extenderse dicha revuelta al resto del país? Parece que sí.

En los penales de Aranjuez (Madrid), Archidona (Málaga) y Albocáser (Castellón) se registraron cierres, protestas y bloqueos durante todo el lunes, aunque fueron ocho los penales en los que hubo, al menos, conato de rebelión: a los tres citados hay que sumarles los de Picassent (Valencia), Murcia, Soto del Real (Madrid), Fontcalent (Alicante) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Reivindicaciones

Han pasado 6 días desde que Nuria López, cocinera de la cárcel de Tarragona, muriese apuñalada por Iulian O.; un preso que estaba condenado a 11 años de cárcel por, precisamente, haber apuñalado a otra mujer. El sistema permitió que este hombre, al que no le gustaba que le dieran órdenes, estuviese ayudando en cocina y tuviese acceso a cuchillos.

Las protestas de los funcionarios catalanes por este crimen han sido unánimes. Pero, ¿son distintas las condiciones laborales de los trabajadores de las cárceles catalanas y los del resto de España? ¿Cuáles son las reivindicaciones de los funcionarios que se han puesto a cerrar accesos y quemar neumáticos?

Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de protestas laborales, estos trabajadores no piden más dinero. Lo que solicitan, desde hace muchos años, es mayor seguridad en sus puestos de trabajo. Y en eso coinciden los trabajadores de todas las comunidades autónomas. Porque, aunque la administración catalana, igual que la vasca, tiene traspasadas estas competencias, en ninguno de esos casos los funcionarios de prisiones son considerados agentes de la autoridad.

Los más agredidos

Tal y como adelantaba EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado mes de febrero, las prisiones españolas batieron en 2023 el récord de agresiones a funcionarios, con un total de 508. Eso supone un incremento del 12% con respecto a 2022, que también había batido el récord que previamente había roto 2021. Un incremento que no cesa.

“Somos el colectivo con más agresiones de la Administración General del Estado (AGE) con 508 al año. Eso significa que agreden a un funcionario de prisiones cada 16 horas. Y eso contabilizando sólo las agresiones que quiere la Secretaría General; son estadísticas cocinadas a su gusto, que dejan sin contabilizar muchas de esas agresiones”, cuenta Manuel Galisteo, presidente del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Esas son las cifras que dio la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sin contar los centros catalanes, donde también se alcanzaron cifras récord. De hecho, según los números que dio el sindicato CSIF, en Cataluña se registraron el año pasado 582 agresiones, más que en el conjunto del resto del estado español. Es decir: ese es un problema generalizado en toda España.

“En los últimos años ha habido un incremento sustancial de agresiones a funcionarios de prisiones. Tenemos la población reclusa más baja en los últimos 15 o 20 años, pero es ahora cuando tenemos más agresiones y de mayor gravedad”, explican desde el sindicato mayoritario ACAIP-UGT.

Buenismo

Los sindicatos españoles coinciden en denunciar “el ‘buenismo’ que se viene aplicando en las prisiones. Un interno tiene muchos más derechos que cualquier trabajador. No puede ser que nos agredan y la máxima sanción a la que se expone el agresor es un parte disciplinario. Ese preso se va a quedar esa tarde en su celda viendo la telenovela más a gusto que un arbusto”, cuenta el presidente de TAMPM.

Un ‘buenismo’ al que también aluden desde el resto de sindicatos y asociaciones catalanas. Tal y como explicaban desde la asociación catalana Marea Blava a este diario: “Desde 2016 venimos sufriendo los funcionarios de prisiones un deterioro de nuestra imagen por parte de los sucesivos gobiernos, de asociaciones de presos y de defensa derechos humanos, que nos tildan de torturadores”. Un problema, por tanto, coincidente en ambas partes.

Se quejan los trabajadores de que ese 'buenismo' les impide usar aerosoles, tasers o cualquier otra herramienta para repeler agresiones. Y que incluso una contención mecánica tiene un protocolo complicado: "Nos ponen trabas para hacer cualquier contención mecánica. Antes era suficiente con llamar al jefe de servicio cuando u preso se ponía violento. Ahora estamos obligados a hacerla con el jefe de servicio delante. En cárceles grandes, el jefe puede tardar 10 minutos en llegar. ¿Qué vamos a hacer durante ese tiempo los funcionarios? ¿Decirle al preso que se esté tranquilito hasta que llegue el jefe y le podamos reducir?", se quejaba Xavi Martínez, de ACAIP-UGT en Cataluña.

Autoridad

Ni en Cataluña, ni en el resto de España, tienen los funcionarios la calificación de agentes de autoridad, que es algo de lo que ya disponen sus homólogos de otros países próximos como Francia. “Aquí, al preso peligroso que llevan ante el juez atado y metido en una celda de metacrilato, se los sueltan desatado al funcionario de prisiones con un boli y un walkie”, incide Galisteo desde TAMPM.

“El asesinato de la compañera es una línea roja que nunca se debería haber cruzado. Esperamos que PP y PSOE, que cuando han estado en la oposición han defendido que se nos considere agentes de autoridad, dejen a un lado las guerras partidistas y vuelvan a reactivar la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de una vez por todas los agentes penitenciarios seamos agentes de la autoridad”, subrayan fuentes de ACAIP.

Una pelea que también tienen en Cataluña, donde se sienten desamparados por sus superiores: "Hemos llegado a un punto en el que nos culpan tanto, que lo que único que hemos visto respecto al asesinato de la compañera en Tarragona ha sido un tuit lamentando las dos muertes violentas. ¿Cómo que las dos muertes violentas? Muertes violentas ha habido una, que es la de la cocinera a manos de un preso. Que después se ha suicidado", protesta Alberto Gómez, portavoz de CSIF en Cataluña.

"Ahora mismo estamos en una situación en la que el Govern niega las propias estadísticas que ellos mismo publican en materia de agresiones a funcionarios. Sólo se preocupan del número de contenciones mecánicas"; prosiguen desde Marea Blava, protestando por cómo siempre se pone el foco en el funcionario y no en quién provoca los altercados.

Denuncia

Las protestas de los trabajadores de prisiones siempre están en entredicho. Los sindicatos de toda España llevan años solicitando esas mejoras en materia de seguridad. Las cifras de agresiones no dejan de crecer, pero no han conseguido materializar ninguna de sus reivindicaciones: siguen sin ser agentes de autoridad y a las pruebas piloto de utilización de aerosoles para contener motines y agresiones, han obtenido un aluvión de denuncias por parte de asociaciones de derechos humanos, contrarias a su uso.

Y aunque las revueltas parecen cuajar en el resto de España, los funcionarios no hacen más que llevarse varapalos: al cierre de esta edición, un juzgado de Figueres anunciaba que un abogado había presentado una denuncia contra los trabajadores de las cárceles catalanas "por los delitos, entre otros, de vulneración de los derechos de los internos y del derecho a la defensa, como consecuencia de las protestas". Parece que es ahora, que tras la muerte de una compañera son ellos los denunciados, cuando más falta hace la unidad de los funcionarios de prisiones.