Pendiente de sentencia

Las claves del juicio por el asesinato de Javier Ardines

El jurado popular dirimirá esta semana sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los cuatro acusados por el asesinato del concejal de IU de Llanes

El jurado empieza a deliberar sobre el asesinato de Javier Ardines.

El jurado empieza a deliberar sobre el asesinato de Javier Ardines. / EFE

EFE

El jurado popular dirimirá esta semana sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los cuatro acusados por el

asesinato

del concejal de IU de Llanes

Javier Ardines

ocurrido en el verano de 2018.

Los acusados son el supuesto inductor que habría planificado el crimen por celos tras descubrir que su mujer y el edil mantenían una relación, dos sicarios y el intermediario, en un caso sin pruebas directas pero con muchos indicios, tal y como subrayan las acusaciones.

El cadáver fue hallado en un camino vecinal de la parroquia rural de Belmonte de Pría, a escasos metros de su casa, sobre las 8:00 horas del 16 de agosto de 2018. Según el informe forense, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y después fue asfixiado.

Tras seis meses de complejas investigaciones, la

Guardia Civil

detuvo a Pedro N.A., como presunto inductor; a Djilali B. y Maamar K., acusados de ejecutar el asesinato a cambio de dinero, y a Jesús M., como intermediario. El jurado debe pronunciarse ahora sobre unos hechos por los que los acusados se enfrentan a peticiones de condena de 25 años de cárcel.

El ADN en la escena del crimen

La Fiscalía y la acusación particular tienen la "plena seguridad" de que Pedro N.A., señalado como supuesto inductor, y Jesús M., como presunto intermediario, informaron a Djilali B. sobre las rutinas del concejal -un hombre metódico en horarios y costumbres- para garantizar el éxito de su emboscada y él convenció a su amigo Maamar K. para repartirse el dinero pactado: 25.000 euros para cada uno.

Para las defensas, esta es sólo una de las muchas "conjeturas" de las acusaciones ante el hecho de que el único ADN que se halló en la escena del crimen pertenece a una mujer que mantuvo relaciones sexuales con Ardines la víspera del asesinato, por lo que cuestionan que los investigadores no la incluyeran a ella ni a su entorno en la lista de sospechosos.

Posicionamiento de los móviles

La Fiscalía considera "contundente" la prueba indiciaria aportada por la Guardia Civil sobre el posicionamiento de los móviles de los acusados. Los medios tecnológicos empleados situaron "sin ningún género de dudas" el móvil de Maamar K. a "200 ó 250" metros del cadáver de Ardines, pero la defensa incide en que "lo había perdido y no funcionaba".

Tampoco considera válida esta prueba la defensa de Djilali B. al no haber en las diligencias ni una sola referencia a su teléfono, mientras que las defensas de Pedro N.A. y Jesús M. aseveran que sus teléfonos les sitúan en su residencia habitual en Vizcaya.

El viaje preparatorio de la emboscada

El 27 de julio de 2018, la señal del repetidor de antena de Pechón (

Cantabria

) localizó los móviles de Jesús M. y Pedro N.A. y de un tercer pasajero al que las acusaciones identificaron como Djilali B. cuando se dirigían en un mismo vehículo desde el

País Vasco

a Asturias, presuntamente para preparar el asesinato.

Las defensas niegan que ese tercer viajero sea el presunto sicario y aseguran, por el contrario, que era un amigo de Jesús M. llamado Julián, que les habría acompañado para reparar el tejado de la casa que Pedro N.A. tiene a escasos metros de la de Ardines, en Belmonte de Pría.

Una versión que, según la Fiscalía, es "un invento" ante un supuesto testigo "sorpresa" al que se nombró por primera vez en el juicio sin que llegara a testificar.

Un presunto inductor "celoso y vengativo"

A los seis meses de la investigación, los agentes dieron "por resuelto" el caso con las detenciones, el 19 de febrero de 2019, de Pedro N.A., Jesús M. y Djilali B. mientras que se iniciaron los trámites para la extradición de Maamar K. que en esa fecha cumplía condena en Suiza por robo.

La Fiscalía atribuye la autoría intelectual del crimen a Pedro N.A., un hombre "celoso y vengativo" que vivía "atormentado y desesperado", tras descubrir la infidelidad de su esposa, una obsesión que le llevaría a ejercer un control absoluto sobre ella, a quien colocó una baliza de seguimiento en su vehículo.

Sin embargo, las defensas mantienen que la UCO focalizó "erróneamente" desde un principio las sospechas sobre él, pese a que no tenía ningún tipo de "animadversión ni odio" hacia la víctima.

Las acusaciones creen que los celos de Pedro N.A. fueron decisivos para la planificación y ejecución del asesinato, pero las defensas derivan el móvil hacia posibles conflictos que pudo tener la víctima como concejal de Personal, Playas y Medio Rural, como el supuesto malestar de una parte de la plantilla interina al sacar sus plazas a concurso o enfrentamientos con algunos vecinos.

Declaraciones incriminatorias "forzadas"

Las acusaciones defienden la "completa, compleja y detallada" investigación e inciden en las declaraciones incriminatorias que, en sede policial y judicial, realizó Djilali B., quien en la vista oral se ha retractado.

Según las acusaciones, fue una manifestación "libre, voluntaria y espontánea" por las acusaciones que niegan que fuera realizada bajo "coacciones, presiones y torturas" como alega el presunto sicario.

Las defensas solicitan la absolución e instan al jurado a que no se deje guiar por "conjeturas" ante la falta de pruebas directas como cámaras de vigilancia o testigos.