CASO KOLDO

El PSOE blinda a Armengol ante la rama balear del caso Koldo: "Hubo expediente antes de irse"

La Administración balear no reclamó hasta tres años después el lote defectuoso de mascarillas contratado con la empresa de la presunta trama del caso Koldo y los socialistas acusan al PP de "dejarla caducar"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, el pasado miércoles en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, el pasado miércoles en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. / José Luis Roca

Iván Gil

Iván Gil

Ferraz acota el caso Koldo a las “responsabilidades políticas” de José Luis Ábalos y exonera de cualquier implicación a Francina Armengol. El Govern balear que presidía entonces la que ahora es presidenta del Congreso contrató por 3,7 millones de euros con la misma empresa investigada en la presunta trama de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, Soluciones de Gestión. En su caso, se trató de un lote defectuoso por lo que no se utilizó, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas. La Administración no reclamó hasta tres años después, pero fuentes de la cúpula del PSOE la blindan de cualquier responsabilidad, defendiendo que “hubo expediente antes de irse” del Govern. La responsabilidad la derivan al actual gobierno del PP, presidido por Marga Prohens, por haber “dejado caducar” la reclamación administrativa.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apunta que el exministro de Transportes José Luis Ábalos actuó como "intermediario" de la trama de Koldo García Izaguirre para tratar de frenar el expediente administrativo iniciado por la Administración Balear, según especifica un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El exministro no está investigado en el caso Koldo, ni tampoco Armengol, pero los populares han querido poner el foco en la presidenta del Congreso. Desde el PP alientan que forma parte de la trama y que pedirán su comparecencia en la comisión de investigación que promoverán en el Senado.

La supuesta “intermediación” de Ábalos para frenar este procedimiento de reclamación se habría producido ya tras la llegada del PP al Govern balear. "Las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. En este sentido, el día 10 de enero de 2024 Koldo se reúne, entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería 'La Chalana' entre las 21:15 y las 22:20 horas aproximadamente, conforme queda reflejado en el oficio policial", especifica la resolución.

Desde el entorno de Armengol aseguran que no tuvo ningún contacto con Ábalos, ni por teléfono ni mediante ninguna otra vía, sobre este proceso. El propio Ábalos aseguró este jueves en una entrevista en ‘Cuatro’ que ni siquiera conocía los contratos de la Administración de Baleares. Eso sí, quiso señalar que “ahí sí hay quebranto para las arcas públicas”. “Eso es estafa”, al tratarse de mascarillas que no contaban con la calidad requerida. “Esas tuvieron que haberse repuesto, las del ministerio no”, concluyó.

En la dirección del PSOE defienden la actuación de Armengol y ni siquiera han pedido más explicaciones. El secretario de Organización, Santos Cerdán, encargado de llevar el proceso que derivó en la expulsión cautelar de militancia a Ábalos tampoco ha mantenido ninguna conversación formal con la presidenta del Congreso y secretaria general de los socialistas en Baleares sobre este asunto. Así lo constatan tanto desde el entorno de Armengol como desde la dirección federal del PSOE. No hay preocupación sobre que este caso pueda salpicar a Armengol, la nueva pieza a batir por parte del PP.

Presunta reunión con Tellado

“La reclamación se hizo”, subrayan otras fuentes de la dirección socialista para poner el foco en que la administración del PP dejase caer la reclamación. En este sentido, se agarran a que en el sumario se recogen conversaciones intervenidas de Koldo García en las que asegura a los empresarios que tiene controlado el proceso de reclamación y que va a reunirse con el portavoz del PP, Miguel Tellado. Un encuentro que no pudo atestiguar la Guardia Civil, pese a sus seguimientos al investigado, y que Tellado ha negado. Pese a todo, los socialistas piden más explicaciones y se preguntan “si habló con Prohens para que decayese la reclamación de la Administración anterior”. “La reclamación se hizo, y ahora vemos qué hay un hilo conductor entre el PP nacional, la trama y Prohens para que no saliese adelante”, concluyen las mismas fuentes.

Más allá de las supuestas presiones sobre Armengol para frenar esta reclamación, que en cualquier caso no habrían tenido éxito, las principales dudas se centran en los tiempos y el procedimiento. Por un lado, el expediente no se materializó hasta el 6 de julio, la víspera de la investidura de Prohens. Los socialistas señalan al respecto que ya en marzo se comunicó formalmente a la empresa, a través del Servicio de Salud, la reclamación de 2,6 millones de euros del importe total. Asimismo, destacan que, a pesar de no formalizarse el expediente en julio, se inicia el 5 de mayo, más de tres semanas antes de las elecciones autonómicas.

Fiscalía Europea

Además de las supuestas presiones para frenar la reclamación en beneficio de la empresa de la trama, la Guardia Civil que ha investigado el llamado 'caso Koldo' afirma que la contratación fue “pre-concedida de antemano. En su informe al juez se incide en que “no se ha localizado documentación sobre la formalización del contrato”, sin ningún contrato escrito, ni previo ni posterior, que detallara las condiciones del acuerdo entre el Govern y la empresa.

La Fiscalía Anticorrupción envío el pasado martes a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos del denominado 'caso Koldo' firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario. Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, el Ministerio Público español remitió documentación a EPPO el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea.