El PP apunta a Armengol tras su polémico discurso ante el Rey: "Actúa como una pieza más del Gobierno"

La apertura oficial de la legislatura, presidida por el Rey, confirmó que el tono de desencuentro total entre el Gobierno y la oposición permanecerá, y que la convivencia parlamentaria puede tener momentos complicados. El PP carga, sobre todo, contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que acusan de “olvidar el papel institucional” que tiene al frente de la Cámara y de actuar ya como “la escudera de Pedro Sánchez”. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, que no participó del aplauso final tras la intervención de la socialista (tampoco lo hizo Vox), “se ha producido un punto de no retorno” porque consideran que Armengol “no solo fue partidista”, sino que “actúa como una pieza más del Gobierno”.

Algunos diputados del PP insistían al término de la sesión en que su discurso fue “un abuso” con la retahíla de leyes de gobiernos socialistas, y consideran que todas las intervenciones de la expresidenta de Baleares hasta el momento “han defendido abiertamente la agenda gubernamental” por encima de la representación institucional. 

El párrafo que más molestó al PP fue el referido a las leyes salidas del Parlamento y que, en opinión de los de Feijóo, solo sirvió para reivindicar a los socialistas: “Me permitan que enumere algunas de las medidas históricas (...) como la Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la ley del divorcio, la despenalización del aborto o la Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La Ley de Pensiones no Contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la ley de dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o la ley de eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y todas. O la Ley de cambio climático y transición energética”, dijo. En el equipo de Armengol defendían la institucionalidad del discurso y se referían a que el servicio militar obligatorio lo retiró el Gobierno de José María Aznar.

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Los populares responden a esa cuestión con ironía, y se quejan también de que la presidenta del Congreso culpara a la primera fuerza política de ser los responsables de la “desafección” de la sociedad hacia las instituciones, “distorsionando la realidad o cuestionando los valores democráticos”. Justo antes de esa frase, Armengol insistía en que “la decisión de la mayoría parlamentaria es legítima” tras el 23J. De fondo: la elección de Sánchez como presidente con el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas. 

El propio Feijóo elevó el tono públicamente cuando llegó a decir que el discurso fue “lamentable”, “el peor que he escuchado en mi vida de un presidente del Congreso”, zanjó. También Elías Bendodo y Borja Sémper decían a los micrófonos que la presidenta “no estuvo a la altura”.

En el grupo parlamentario están convencidos de que será una legislatura “muy dura” en lo parlamentario, y apuntan, sobre todo, a la mayoría que en la Mesa tienen PSOE y Sumar. Un 5 contra 4 (del PP porque Vox quedó fuera) que hace imposible que prospere cualquier iniciativa de los populares o los frenos que pretendan ejercer contra la mayoría gubernamental. Los choques, de hecho, no han cesado hasta el momento.

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El primero llegó de la mano de la fecha de investidura de Sánchez. El PP se quejaba de que cuando Feijóo recibió el encargo del Rey, el debate quedó convocado. Y, en cambio, acusaron durante semanas a la presidenta de la Cámara de “estar al servicio” del socialista, evitando poner encima de la mesa una fecha a pesar de que Felipe VI ya le había comunicado que debía recabar la confianza de la Cámara.

Después han llegado distintos encontronazos a la Mesa del Congreso, por la falta de convocatorias internas, empezando por la Junta de Portavoces, y también por todo lo que ha tenido que ver con la ley de amnistía. El PP ha movido todas las piezas posibles para tratar de frenar el inicio de la tramitación, pero un informe jurídico de los letrados señalando que el texto del PSOE “no presentaba una contradicción palmaria con la Constitución” sorteó el veto. 

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Ayer mismo hubo otro choque porque el órgano de gobierno de la Cámara tampoco aceptó la petición de los populares para pedir informes al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal sobre la ley del perdón a los delitos del procés. La petición de estos informes es preceptiva cuando se trata de proyectos de ley del Gobierno, no así cuando son proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. Pero el PP insistía, en que el texto, por mucho que fuera registrado por los diputados socialistas, era un pacto anunciado públicamente entre el Gobierno y los independentistas a cambio de la investidura de Sánchez.

A todo esto se suma el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor y secretario general del Congreso hace unas semanas a pesar de proceder del Ministerio de Política Territorial del PSOE, lo que para el PP fue "una clara ruptura de la imparcialidad" por la que siempre se han regido los altos funcionarios jurídicos de la Cámara.