El periplo legal que le espera a la ley de amnistía: el Congreso, el Senado y los tribunales

La ley de amnistía ya está pactada para ser tramitada en el Congreso. Tras semanas de negociaciones, el PSOE ha cerrado sendos acuerdos con ERC y con Junts para impulsar la medida de gracia en la Cámara Baja a cambio del apoyo de los independentistas en su investidura. La "ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", como han llamado a la ley, en unos meses podría estar aprobada y entrará en vigor. A continuación, todos los pasos que se deberán seguir en el Congreso y los obstáculos que deberá sortear en el Senado:

La Mesa del Congreso

. Este órgano, controlado por el PSOE y Sumar, es el encargado de declarar la admisibilidad de las distintas iniciativas. Dada la mayoría progresista de la Mesa no habrá problemas, aunque el foco estará puesto en la opinión de los letrados. Aunque los informes que emiten no son vinculantes, se suele respetar su criterio. Así, en 2021, el PSOE -junto a PP y Vox- rechazaron una propuesta de ley de ERC de amnistía siguiendo el criterio de los juristas que sostenían que la norma "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.

Además de aceptar la iniciativa, la Mesa también puede declarar que el procedimiento sigua la vía de urgencia, lo que acorta a la mitad la mayoría de trámites parlamentarios.

Enmiendas y demás

El visto bueno del Congreso

El Senado y la mayoría del PP

Sin embargo, este jueves, los populares han registrado una modificación del reglamento de la Cámara Alta para que sea la Mesa de esta institución la que declare la urgencia de una iniciativa. De esta forma, los conservadores podrían alargar la tramitación hasta los dos meses máximos que están establecidos. Así, el PP podría tener retenida la norma en el Senado hasta mediados de marzo, dado que enero es un mes inhábil y no entra en el cómputo de los tiempos marcados.

Vuelta definitiva al Congreso

El Constitucional y el TJUE

El artículo 35 de la ley reguladora del TC en su último punto dice textualmente: "El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión".

Ocurre lo mismo con las cuestiones prejudiciales elevadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si algún juez o tribunal que tiene en sus manos procedimientos sobre los que tiene que aplicar la

ley de amnistía

considera que la norma es contraria al derecho a la Unión, puede plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea. En ese caso el argumento se centrará en que la legislación europea sobre corrupción es muy estricta, lo que podría entenderse incompatible con amnistiar unos hechos que abarcan uno de los delitos que la componen, como es el caso de la malversación de caudales públicos, por el que fueron condenados y siguen cumpliendo inhabilitación hasta la fecha los líderes independentistas. También es el delito principal por el que están procesados Puigdemont y el 'exconseller' y también eurodiputado Toni Comín.