El PP denuncia los doce contratos para intérpretes en el Congreso

Las tres lenguas cooficiales en España, el catalán, el euskera y el galego, se pueden hablar en el Congreso desde el mes pasado. Para ello, la Cámara Baja contrató a una serie de intérpretes que tradujeran de manera simultánea al castellano. Ahora, el PP ha presentado un recurso de reposición ante la Mesa del Congreso solicitando la nulidad de esos acuerdos de adjudicación por "por vulnerar manifiestamente la normativa sobre contratación pública". En concreto, señalan que se fraccionó la cantidad total en distintos contratos menores, algo que infringe la ley.

Un mes después de que el Congreso diera luz verde al uso de las lenguas cooficiales, el PP ha puesto el foco en los doce contratos de 14.999,99 euros que aprobó la Mesa del Congreso para contratar a los intérpretes. Los populares recuerdan que la Ley de Contratos del Sector Público establece que son contratos menores aquellos que sean inferiores a 15.000 euros. En estos casos, la aprobación del contrato no requiere de la realización de un concurso, sino que sirve "la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato".

Además, los conservadores apuntan que en el artículo 99.2 de la misma ley se establece que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan". Con esta base, el PP denuncia que "es evidente la unidad funcional de todos ellos, dado que el servicio de interpretación que se adjudica es el mismo y todos contienen idénticas condiciones de ejecución".

Los argumentos del PSOE

Fuentes parlamentarias del PP critican que el método usado por la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, vulnera los "principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública" y que impide "encontrar una forma de prestación del servicio que sea lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público".

Además, los populares rechazan el argumento del PSOE sobre la urgencia de realizar los contratos, ya que estos se aprobaron antes incluso de que la propia Cámara hubiera dado el visto bueno

al uso de las lenguas cooficiales

. En este sentido, reclaman la nulidad de los doce contratos y avisan que si la Mesa considera que no puede tomar en cuenta su recurso, que llevarán el asunto al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales. No obstante, fuentes de la presidencia del Congreso señalan que los contratos se están realizando "conforme a los criterios hechos por los letrados".