Informe europeo

El Consejo de Europa pide a España que suspenda la cooperación con Marruecos en el control fronterizo

Un informe del organismo concluye que "no hay acceso genuino y efectivo" al asilo en la frontera de Nador y Melilla

La valla de Melilla, en una imagen de archivo.

La valla de Melilla, en una imagen de archivo. / Juan Medina

Silvia Martinez

El diagnóstico de la comisaria de derechos humanos del

Consejo de Europa

Dunja Mijatovic, sobre la posibilidad de solicitar asilo en la frontera de España con Marruecos

es demoledor. “No parece haber otra forma de entrar en España, en la frontera de Melilla

, en busca de protección que nadar o saltar la valla, arriesgando la vida”, denuncia en un informe publicado este miércoles en el que concluye que "no hay acceso genuino y efectivo" al asilo en la frontera de Nador y Melilla y avisa de que si bien todos los países tienen derecho a controlar sus fronteras, debe hacerse respetando las normas, sin contribuir “directa o indirectamente a la violación de los derechos humanos, y sin devoluciones en caliente.

"En vista de la gravedad de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Melilla con Nador el 24 de junio de 2022 -en los que murieron al menos 23 inmigrantes- y de tragedias anteriores, la comisaria pide a las autoridades que examinen las circunstancias y políticas más amplias relacionadas con la cooperación migratoria de España con Marruecos, incluidos los protocolos activados con las autoridades marroquíes durante los intentos de cruce de fronteras. Dicho examen debería conducir a la suspensión de actividades específicas de cooperación que, directa o indirectamente, contribuyan a violaciones de los derechos humanos. También debería servir para prevenir futuras tragedias y garantizar que las políticas aplicadas no violan las normas de derechos humanos", reclama.

Mijatovic es consciente de que por su situación geográfica las ciudades autónomas son una de las principales rutas de acceso hacia Europa y entiende que España se enfrenta a menudo a situación complejas, tanto en tierra como en el mar, pero considera “imperativo” que las autoridades españolas protejan y salvaguarden “los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes” y respeten “sus obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados”. Y para ello, el Gobierno de

Pedro Sánchez

debe revisar el “enfoque actual” de acceso al territorio y al asilo en Ceuta y Melilla, “poner fin a las devoluciones” en caliente en la frontera y “establecer una práctica que concilie el control fronterizo y los derechos humanos”.

Expulsiones con riesgo

La comisaria de derechos humanos también crisis la aplicación automática y generalizada de la excepción de realizar una evaluación individual de cada caso, que se deriva en este caso del hecho de que no haya acceso real y efectivo al asilo. Esta práctica, denuncian, “no deja espacio” para una evaluar adecuadamente “los riesgos a los que se exponen las personas a su regreso a Marruecos, a pesar de las preocupaciones bien documentadas a este respecto”. Aunque Mijatovic acoge positivamente la protección a los refugiados ucranianos, la mejora de las condiciones de recepción en las islas Canarias y el aumento de la financiación para la recepción de menores no acompañados, reconoce que en el caso de Ceuta y Melilla la situación empezó a empeorar “gradualmente” en 2015, a raíz de las modificaciones introducidas en la ley de extranjería, a través de la ley de seguridad ciudadana y del régimen especial para las dos ciudades autónomas.

Según denuncia, la aplicación de este régimen especial es lo que habría permitido legalizar “las expulsiones colectivas automáticas de inmigrantes y solicitantes de asilo llegados a Ceuta y Melilla” lo que a su vez hace “imposible” evaluar las necesidades de protección de los inmigrantes. Pese a los reiterados llamamientos de la institución con sede en Estrasburgo (Francia) y las recomendaciones de proporcionar a los funcionarios “orientaciones claras y obligatorias” sobre cómo actuar al interceptar a inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, Mijatovic sigue constatando que “faltan salvaguardas adecuadas” contra las expulsiones automáticas y “no existe un acceso genuino y efectivo a medios de entrada y asilo seguros y legales”.

Concretamente, prosigue el análisis, sigue preocupando que “no se hayan tomado medidas concretas para garantizar que la cooperación con Marruecos en el ámbito de la inmigración y el control fronterizo dé prioridad a los derechos humanos”, incluida la garantía de un acceso real y efectivo al asilo, la prevención de la devolución, el trato humano de todas las personas, independientemente de su situación jurídica, y la observancia de las garantías procesales en caso de expulsión. Además, tampoco parece haberse reforzado la plena transparencia y rendición de cuentas en relación con las prácticas de control fronterizo.

El fin de la sedición

El informe también hace balance de la reforma del Código Penal. Por ejemplo, la comisaria se muestra satisfecha con el fin del delito de sedición y las medidas emprendidas por el Gobierno “para restaurar el diálogo democrático en Cataluña” aunque urge a las autoridades españolas a enmendar el resto del código penal para reforzar las salvaguardas en relación a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Mijatovic recuerda en este terreno que la ley de seguridad ciudadana de 2015, conocida como la ley mordaza, “sigue teniendo un grave impacto negativo” sobre la libertad de expresión y reunión lo que crea un efecto amedrentador general de la sociedad. 

“La redacción amplia e imprecisa de la Ley de seguridad ciudadana otorga un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla e imponer sanciones, lo que permite su aplicación desproporcionada y arbitraria”, sostiene el documento que también expresa su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso inapropiado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones. “Debe reforzarse la rendición de cuentas y la supervisión generales de las fuerzas del orden", afirma.

Por último, y pese a los esfuerzos significativos para mejorar la protección de derechos sociales, el informe también alerta de que en España sigue habiendo desigualdades importante en el acceso a vivienda o sanidad dependiendo del lugar de residencia. Mijatovic apunta que es “urgente” abordar problemas estructurales para garantizar el acceso a la vivienda, como la vivienda social en stock, los elevados costes del alquiler o de la compra de una casa y los desahucios, y lo mismo para garantizar un acceso universal a la sanidad. “Hay que hacer más para reforzar el acceso universal a una asistencia sanitaria pública de calidad para todos en toda España”, subrayan el documento reclamando más inversión en atención primaria. En cuanto a la situación durante la pandemia de covid19, el análisis se hace eco de las elevadas tasas de mortalidad en residencias de ancianos y subraya que las muertes aún deben ser investigadas.