Los decanos se suman a las reivindicaciones de jueces y fiscales de cara a la reunión clave en Justicia

En la jornada de huelga de este martes los funcionarios de Justicia han dado un paso más en sus movilizaciones, al tratar de implicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus reivindicaciones salariales, que pasan por una subida de entre 430 y 450 euros al mes. Para ello le han remitido una carta en la que le emplazan a autorizar una oferta económica que reconozca las funciones que en realidad sostienen que realizan y negociar la que les depara le ley de Eficiencia, ahora en tramitación.

Tras realizar paros durante siete días y sustituirlos por huelgas de toda la jornada desde el pasado día 4, los sindicatos convocantes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), STAJ, CCOO y UGT amenazan ahora con una huelga indefinida. En cualquier caso, de momento, para fortalecer su reivindicación el primero de ellos, que es el que cuenta con más representación en Justicia, ha decidido acudir a los propios tribunales: ha impugnado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes secretarios judiciales, que fueron los primeros en lograr una subida de unos 450 euros que actuó de espoleta para avivar la reivindicación del resto de colectivos.

Según los sindicatos convocantes, el balance de los paros es positivo y aseguran que alcanza el 90% de los 45.000 funcionarios de toda España, lo que ha provocado, conforme a sus cálculos, la suspensión del 95% de los juicios previstos para este martes. Aseguran que en los días que llevan de movilizaciones se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios.

Además de una concentración de delegados sindicales en el Congreso de los Diputados mientras se tramitaba la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, los sindicatos han registrado en Moncloa la carta a Pedro Sánchez, en la que le informan al detalle de su reivindicaciones concretas por los distintos cuerpos y le instan a autorizar la subida retributiva que reclaman. Lo que se suma a la impugnación del acuerdo con los LAJs, al entender Csif vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.

Discriminados

Los sindicatos, además, reclaman que el Gobierno negocie con ellos, como cuerpos del Estado que son, aunque sus condiciones salariales dependan de las comunidades autónomas, salvo en las cinco comunidades sin competencias en Justicia, en las que sí dependen del ministerio. Las huelgas continuarán los próximos días 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y amenazan con hacerla indefinida, como hicieron los LAJs.

Los funcionarios, que lamentan el perjuicio que su protesta causa a los ciudadanos, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.