El Gobierno exige a la Junta que retire su plan para Doñana como paso previo a sentarse a negociar

Un día después de que la Comisión Europea haya insistido en su rechazo a la proposición de ley de PP y Vox que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, el Gobierno ha exigido de nuevo a la Junta de Andalucía su retirada. Si eso no sucede no hay nada de que hablar. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró muy clara, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Estamos esperando". Porque de persistir en la tramitación de la proposición de ley, las consecuencias, según fuentes gubernamentales, podrían llegar a la "paralización" de los fondos europeos porque se está produciendo un "desafío" a las normas de la UE y han existido advertencias previas.

"Como le sucedió" a Polonia, subrayan, a quienes la Comisión Europea frenó los Fondos de Recuperación por no cumplir con las recomendaciones de la UE sobre la independencia de su sistema judicial. La ley de regadío supone desoír la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la desprotección de Doñana, contra España, dictada por la falta de medidas para regenerar el humedal en el Plan Hidrológico del Guadalquivir de 2015 y, afirman en el Gobierno, Bruselas ha dejado claro no es "discutible" ni "negociable".

El Gobierno andaluz no convence a Bruselas y se complica su posición sobre Doñana

Ribera repitió el mismo mensaje que lanzó este lunes, tras la reunión celebrada en Bruselas entre el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, y el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicus. Solo que le añadió la contundencia de hacerlo desde la Moncloa. "Cuando tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades", aseguró a modo de ultimátum.

"Tan pronto se retire esta proposición que tanto daño está generando a la imagen de España y sus agricultores (...) no tendremos ningún inconveniente. Es más, creo que es importante hacerlo porque creo que la situación de sequía cada vez más recurrente, la fragilidad del espacio cuya custodia corresponde a la Junta, la sensibilidad de las comunidades locales próximas y la necesidad de diversificar la actividad económica en la zona de influencia del parque, hacen imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones", señaló sobre el futuro de Doñana y la posible colaboración entre el Gobierno y la administración autonómica.

En el Ejecutivo el enfado es mayúsculo porque la Junta sabía de las consecuencias de impulsar esta iniciativa. Ribera sostiene que ha hablado de este tema con el presidente andaluz "en reiteradas ocasiones" y que el propio secretario de Estado transmitió a la Junta que era "inviable". Y aún así, destacan, lo han hecho. "El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales", explicó.

La sensación en Moncloa es que es la actitud de Moreno Bonilla es "un disparate" y "están haciendo el ridículo". Y que esto ha sucedido por el miedo a que Vox le robe al PP voto en el campo. En el Gobierno piensan, que "calcularon mal" y valoraron que tendría esta repercusión a nivel internacional. Ahora, apuntan, tienen muy "difícil salida". Fuentes socialistas creen que los populares optarán por dilatar en el Parlamento andaluz las comparecencias de expertos previstas para la primera semana de mayo y que así dejarán morir una propuesta que, sostienen, se ha presentado con vocación "electoral".