El Gobierno y el Vaticano pactan que la Iglesia pague por primera vez licencias de obras

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Conferencia Episcopal, que ha contado con el aval previo del Vaticano, para que a partir de ahora la Iglesia pague el impuesto correspondiente cuando realice obras en los inmuebles de su propiedad. Desde parroquias a templos, colegios, hospitales o residencias. Se trata de una exención de la que ha gozado históricamente y que no afecta a otras organizaciones sin ánimo de lucro.

La razón es que la regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es posterior a los acuerdos con la Santa Sede, el llamado Concordato, que suponen el marco legal de la Iglesia en nuestro país. Ahora, las negociaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la Conferencia Episcopal sobre distintos temas que afectan a la fiscalidad, han concluido con la equiparación de la Iglesia y las entidades sin fines lucrativos. A partir de este momento, junto a las licencias de obras, la Iglesia también pagará la tasa de Contribuciones Especiales, que regula las obras en zonas o elementos de titularidad municipal pero que son privativos de una entidad y es a esta a quien corresponde sufragar las posibles reformas.

Fruto de este acuerdo se tramitará ante la Santa Sede la renuncia a estas exenciones y el Gobierno derogará la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda que incluía el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, para ratificar su dispensa "total y permanente".  

Se pone así fin también a un conflicto legal ya que el propio Tribunal Supremo ratificó en 2014 una sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anulaba una orden del Ministerio de Hacienda de 2009 para limitar la exención fiscal de la Iglesia en las licencias de obras y que se abonara en los edificios no exentos del pago de la contribución urbana. Pero el Supremo resolvió que no hay obligación de pago de la Iglesia en virtud de los pactos entre el Gobierno y la Santa Sede. Por eso la necesidad de modificar el Concordato y las leyes españolas de exención e igualar a la Iglesia con el resto de organizaciones sin ánimo de lucro.

Bolaños: "Terminan los privilegios de la Iglesia"

El acuerdo se ha hecho efectivo este mismo miércoles mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica, el término diplomático que bendice los cambios legales en los términos económicos del Concordato. En declaraciones a los medios de comunicación, Bolaños aseguró que el acuerdo ha sido posible después de "un año" de negociación "intensa y discreta". "La Iglesia renuncia a los privilegios que tenía para no pagar determinados impuestos, la licencia de obras, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y el de Contribuciones Especiales". A partir de ahora, remarcó, la Iglesia "será tratada como otra entidad sin fines lucrativos". "Se termina con sus privilegios", insistió.

El ministro valoró que se haya hecho de manera pactada y agradeció la cooperación de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal. Supone, explicó, que los ayuntamientos, quienes reciben estos dos tributos, recaudarán "más de 16 millones de euros al año". De este modo se cumple con los principios "de igualdad, no discriminación y no privilegios"

Bolaños consideró el acuerdo otro avance en las relaciones con la Iglesia española, ya que es el segundo pacto que se produce en año y medio. El primero fue que en torno de 1.000 bienes que estaban atribuidos erróneamente a la Iglesia pasaran a sus "legítimos propietarios". " Hoy llegamos a un segundo acuerdo en el que la Iglesia católica renuncia a unos privilegios que venía disfrutando desde 1979"

Sigue pendiente el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), una reclamación que el Gobierno también hace. Pero en este punto Bolaños no quiso mostrarse muy exigente porque, destacó, tampoco lo abonan las entidades sin ánimo de lucro en base a la Ley de mecenazgo de 2002. "El trato es absolutamente equiparable por eso hoy terminan los privilegios de la Iglesia católica, gracias al acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede" que, precisó, entre en vigor este mismo jueves.