TRANSPARENCIA

Lobis e información clasificada, las reformas prometidas para dar luz que siguen sin llegar

Los expertos avisan de que la reforma de los secretos oficiales es “aún peor que la actual ley franquista”

El Gobierno sigue teniendo pendiente la reforma de secretos oficiales y la regulación de lobis

El Gobierno sigue teniendo pendiente la reforma de secretos oficiales y la regulación de lobis

Miriam Ruiz Castro

Miriam Ruiz Castro

Estaba entre los planes del Gobierno, como lo ha estado en los de muchos otros de sus antecesores, reformar la Ley de Secretos Oficiales. Pero del dicho al hecho siempre hay demasiado camino. La promesa ya aparecía en el programa electoral del PSOE de 1996, año en que el popular José María Aznar llegó a aprobar un proyecto de ley que acabó guardando en un cajón. El escándalo del espionaje de Pegasus convirtió en “impostergable”, en palabras de Pedro Sánchez, una reforma que el PNV venía pidiendo desde 2016 y que se había convertido en el muro con el que chocaban las peticiones de transparencia una y otra vez.

En agosto, el Gobierno presentó por fin el anteproyecto de una ley de información clasificada con la que pretende sustituir a la norma franquista que regula los secretos oficiales, pero aún no ha iniciado su andadura en el Congreso y no está claro que llegue a tiempo para aprobarse antes de que acabe la legislatura.

El proceso de consulta pública se hizo en pleno verano y con poco margen de tiempo. Organizaciones pro Transparencia mostraron “preocupación y descontento” porque se haya tramitado de urgencia pese a afectar a derechos constitucionales. Y el veredicto de los expertos es unánime: la nueva norma será incluso más restrictiva que la anterior.

Patricia González, investigadora legal de Access Info, cree que “hay grandes etcéteras que permiten la clasificación prácticamente de cualquier materia”. “No sirve de nada tener una ley de transparencia si el gobierno de turno puede aplicar un concepto de secreto oficial tan amplio”, coincide el doctor en Derecho y experto en Transparencia de las Administraciones Públicas, Miguel Ángel Blanes.

Otro de los problemas es que amplía el catálogo de entidades con potestad para clasificar, entre los que se incluyen órganos inferiores que “ni siquiera son altos cargos”, como señala el catedrático de derecho administrativo y experto en Transparencia Emilio Guichot. “Sería un claro ejemplo de retroceso en la transparencia”, sentencia.

Golpe de muerte a la ley de transparencia

fijar plazos para que una información deje de ser clasificada

La abogada del Estado, Elisa de la Nuez, es contundente: “Con está ley estaríamos mucho peor que con la que teníamos, es un golpe de muerte la Ley de Transparencia”. Y el Consejo de Transparencia, en su informe preceptivo, parece darle la razón. A su juicio, los ámbitos sobre los que se puede considerar información susceptible de ser clasificada son tan extensos que “desborda las previsiones constitucionales” sobre seguridad y defensa.

Registro de lobis

Otro de los compromisos en materia de transparencia que llegan desde Europa es el de combatir la mala fama de los lobis creando un registro y definiendo su actividad. El ‘lobby’, término inglés para referirse al ‘vestíbulo’, era el lugar de reunión de quienes querían influir en los miembros del Parlamento británico. Dos siglos después, los lobistas han cambiado los pasillos por los despachos, pero su fin sigue intacto: influir en las decisiones que toman los políticos. En España, el Gobierno aprobó en noviembre el anteproyecto de Ley de transparencia sobre los grupos de interés para regular su actividad, una medida que sí “cumple con varios estándares internacionales”, a juicio de la investigadora de Access Info. Sin embargo, González recuerda que “se regula la actuación del lobista pero no la del funcionario o alto cargo frente al lobi, y tampoco existe un mecanismo de denuncia”.

“El registro de lobis poco aporta la ciudadanía si solamente te dicen que una autoridad se ha reunido con un determinado grupo de presión y no se va más allá”, indica Blanes. Con él coincide David Cabo, codirector de Civio: “Se queda corto si no se da más información sobre el contenido de esa reunión y los acuerdos que hayan podido cerrar”. El experto en datos abiertos se muestra escéptico con las “promesas del Gobierno”, porque “decía estar muy comprometido con la regeneración, pero en realidad no ha avanzado en nada”. “Dijeron que iban a publicar las agendas de los ministros y los diputados, pero las de estos últimos no se está cumpliendo”, se queja. Es por ello que pide permanecer alerta ante cualquier retroceso.