Día Internacional contra la corrupción

"El urbanismo criminal ha sido la gran lavadora de dinero negro en España"

Abogados, jueces y arquitectos reivindican más transparencia, más cooperación ciudadana y juzgados especializados contra la corrupción en la jornada organizada por la Agencia Antifraude

"El urbanismo criminal ha sido la gran lavadora de dinero negro en España"
4
Se lee en minutos
Laura Ballester

"El urbanismo criminal ha sido la gran lavadora de dinero negro en España", asegura Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urbanística y Acción cívica contra la corrupción en Lanzarote, donde lucha contra la corrupción urbanística desde hace veinte años. "La corrupción es el sistema, no es el que sistema esté corrupto. La política es un arte sano. Es el partidismo el que lo corrompe todo", señaló Ferrer en la jornada "L'urbanisme i el risc de corrupció" organizada por la Agencia Valenciana Antifraude con motivo del "Dia internacional contra la corrupción".

Irma Ferrer explicó el caso de Lanzarote, una isla "pionera en desarrollar normas de control urbanístico" con un "plan insular que a finales de los 80 planificó el territorio para poner límites al crecimiento". Aunque la codicia propició que algunos alcaldes y empresarios se saltaran las normas a la torera. El resultado fue "17 causas abiertas, con 200 imputados y 50 condenados por corrupción". Entre ellas el "caso yate" que condenó al exalcalde de Yaiza, cuatro miembros de su familia y otras cuatro personas más por formar parte de una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.

"La corrupción es el principal enemigo de la ordenación racional del territorio, que genera presiones económicas importantes impresionantes por la intrusión directa de los intereses privados que aplastan a los públicos", aseguró el juez Joaquim Bosch, quien sintetiza en su libro "La patria en la cartera" los orígenes inmediatos de la corrupción en España. Y que él sitúa en "la dictadura franquista y la etapa del desarrollismo, con el crecimiento de las ciudades y la eclosión del turismo que genera dinámicas de pelotazos y mordidas, que se entremezclan con la financiación de los partidos políticos. Son dinámicas muy arraigadas y que sirvieron para continuar dinámicas empresariales".

El magistrado Bosch considera que aún persisten tres problemas que impiden acabar con "esta patología muy instalada que forma parte de nuestra idiosincrasia. Un problema grave, serio y estructural". "El contraste tremendo entre los incentivos para delinquir por los millones de euros que genera el urbanismo con ofertas 'difíciles de rechazar'; las debilidades de los ayuntamientos en materia de recursos y financiación que acaban decantando las actuaciones urbanísticas mediante convenios que te ofrecen servicios públicos; y la debilidad de los espacios judiciales, sobre todo en penal y contencioso. Cabe una especialización, porque la respuesta penal es una respuesta tardía. Y más en corrupción urbanística, lo cual es peor porque el mal está hecho y a menudo es imposible de corregir".

En el turno del debate se preguntó a Ferrer y Bosch qué tres medidas cabría afrontar para atajar la lacra de la corrupción. El magistrado Joaquim Bosch abogó por "reformas en el ámbito preventivo, en el control interno de las administraciones y en acotar el nivel de discrecionalidad" como "los 100.000 cargos de confianza en las administraciones públicas. Deberían ser técnicos formados e independientes". Además de "reformar la de ley partidos políticos. Y realizar auditorias externas, crear controles y mecanismos de transparencia para huir de la autogestión. No ha habido secreto mejor guardado en este país que las cajas de los partidos. El nivel de opacidad es intolerable. Si hay tantas resistencia es porque es importante implantar medidas de control". Además de perfeccionar "la ley de contratos de las administraciones públicas, cuya última reforma es de 2017, que aún prevé agujeros a través de modificados y fraccionamientos que permiten dinámicas fraudulentas". Aunque Irma Ferrer, que suscribió estas propuestas, defendió que "bastaría con que empecemos a cumplir la ley e impregnarnos de ética cualquier opción pública o ciudadana, además de fomentar el empoderamiento ciudadano".

Empoderamiento ciudadano

Noticias relacionadas

Precisamente al empoderamiento ciudadano dedicaron sus intervenciones dos arquitectos reconocidos por su activismo a favor de causas sostenibles a las que el tiempo ha acabado dando la razón. Carles Dolç, promotor junto a otros de luchas como "El Saler per al poble", "El llit del Túria és nostre i el volem verd" o "Salvem el Botànic" quien abogó porque "la legislación reconozca a la ciudadania como un agente urbano, al igual que los técnicos o las personas con intereses inmobiliarios para que puedan defenderse y presentar alternativas". Una manera de favorecer las "condiciones para investigar o denunciar" operaciones sospechosas y que permite a la ciudadanía "participar activamente en la germinación y coproducción del urbanismo". Y una vacuna contra "el secretismo de la administración y el capital inmobiliario cuya consecuencia han sido los conflictos urbanísticos importantes" y en los que la ciudadanía "ha podido participar por irrupción, organizados en plataformas frente a urbanicidios".

La arquitecta Itziar González abogó por "la cooperación ciudadana más que la participación ciudadana". González, exconcejala del Ayuntamiento de Barcelona que abandonó en protesta ante un caso de corrupción, defendió que "la ciudadanía debe ser considerada un agente ciudadano al mismo nivel que la administración". El "proceso de cooperación ciudadana" supone que "la ciudad la vamos a hacer entre todas. Con agentes diversos. Si la realidad se construye con nuestros impuestos y con nuestros votos, si somos los que ponemos en marcha todo, ¿por qué se nos invita al final mediante los procesos de información pública cuando ya está todo decidido?