El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a la exasesora de la Moncloa Laura Díez para renovar el TC

El Gobierno central dio este martes un paso de consecuencias imprevisibles. Harto de los retrasos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de renovar el Tribunal Constitucional (TC) para nombrar nuevos magistrados, el Consejo de Ministros ha decidido nombrar a los dos miembros de este órgano que le tocaban. Uno de los dos elegidos viene rodeado de polémica: Juan Carlos Campo, que ha sido diputado socialista y fue ministro de Justicia. La otra elegida, Laura Díez, también ha tenido cargos en la Moncloa, pero mucho menos significados que Campo.

El PP eligió en su día para formar parte del máximo intérprete de la Constitución a un militante del partido, Francisco Pérez de los Cobos, que fue presidente del organismo, y también a un diputado, Andrés Ollero, pero para encontrar a un exministro que haya sido después magistrado del TC hay que remontarse mucho más atrás. Manuel Jiménez de Parga fue ministro de Trabajo con la UCD entre 1977 y 1978, pero pasaron casi dos décadas hasta que entró en el alto tribunal en 1995. En el caso de Campo, ha transcurrido menos de un año y medio desde su salida del Gobierno y su nombramiento para el TC.

El exministro de Justicia, dijo el PP al conocer la noticia, “va con la misión de ser el sheriff” del Ejecutivo. Pedro Sánchez, dijo el vicesecretario institucional de los conservadores, Esteban González Pons, “ha ido demasiado lejos”, porque los elegidos “son miembros del Gobierno” cuya función será “colonizar” el alto tribunal para “salvaguardar la legislación” del actual Gobierno, en referencia a que el TC deberá resolver recursos sobre normas tan importantes como las de la eutanasia, el aborto y la reforma laboral.  

Noticias relacionadas

España endurece las fronteras de Ceuta y Melilla en pleno acercamiento a Marruecos

Rocío Monasterio, la intrusa

También Unidas Podemos afeó a Sánchez esta decisión, en un momento en el que las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos pasan por uno de sus peores momentos, debido sobre todo a las leyes que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad. El portavoz de los morados en el Congreso, Jaume Asens, llegó a acusar a la parte socialista del Ejecutivo de caer en el “cinismo” y recurrir a las “puertas giratorias”. "Se nos ha comunicado a última hora. No es fruto de un pacto. Nos parece un acto de cinismo que se vetara a Victoria Rosell para ir al CGPJ, que es un órgano político, y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal como el Constitucional", señaló. La reacción de ERC fue similar. Los nombramientos “chirrían”, dijo Gabriel Rufián.

Los nombramientos, al mismo tiempo, colocan al propio TC en una situación complicada. Esta es la primera vez que el Gobierno designa a los dos miembros que le tocan por cuota sin esperar al CGPJ, que lleva meses impidiendo la renovación del TC, cuyo mandato expiró en junio. Cabe incluso la posibilidad de que la mayoría conservadora del alto tribunal intente bloquear ahora la toma de posesión de los dos nuevos magistrados nombrados por el Ejecutivo, algo que los miembros progresistas del organismo no descartan.