Chequeo al Gobierno: las leyes estrella siguen pendientes a un año de las elecciones generales

El calendario del Gobierno de coalición para el próximo año debería estar repleto de 'equis'. Una marca por cada compromiso que tiene pendiente por cumplir en la recta final hasta las elecciones generales que se celebrarán a finales de 2023. Tres años después de que las urnas alumbraran el primer Gobierno bicolor de la democracia, y con más de 80 leyes y 82 reales decretos ley aprobados, aún hay bastantes promesas por cumplir. Algunas de ellas -como la reforma de la 'ley mordaza', la aprobación de una ley de vivienda o de la ley trans- están atascadas en el Congreso; otras aún están gestándose y también hay las que han caído en el olvido. Las que menos, eso sí.

En el informe semestral que presentó Pedro Sánchez en julio de este año el Gobierno afirma haber cumplido con el 53% de los compromisos que adquirió que ha ido adquirieron desde el comienzo de la legislatura y hasta la actualidad. La cifra, confían, alcanzará el 61% a finales de diciembre. Los datos, una buena muestra del ritmo al que ha legislado el Congreso pese a la pandemia y la actual crisis provocada por la guerra en Ucrania, son buenos, pero aún así dejan patente que el Ejecutivo tendrá mucha tela que cortar el próximo año.

Inmersos en un ciclo electoral vertiginoso -en mayo habrá comicios europeos, autonómicos y locales y a finales de año generales-, PSOE y Unidas Podemos deberán lograr el apoyo del bloque progresista varias decenas de veces más si quieren llegar a las urnas con todos los deberes hechos.

El avance normativo

La vista está puesta sobre todo en algunas de las leyes insignia que han abanderado socialistas y morados. La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', lleva meses bloqueada en el Congreso, pese a que se iba a hacer "a la mayor brevedad". Lo mismo ocurre con la ley de vivienda que regulará las subidas abusivas de los alquileres. Tras dos años de negociaciones, PSOE y Unidas Podemos lograron elaborar un texto que ahora se está volviendo a discutir en la Cámara Baja con ERC y EH Bildu, socios habituales del Gobierno. Y este tridente normativo lo completa la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI que ha desatado un duro debate entre los socialistas que amenaza con bloquear la tramitación.

"Nosotros somos un Gobierno que está avanzando en derechos y libertades y vamos a cumplir con nuestra agenda legislativa", aseveró Sánchez la pasada semana al ser cuestionado sobre estas tres normas, aunque dejó claro que la responsabilidad ahora está en los grupos parlamentarios. Pero no ocurre lo mismo con la ley de libertad de conciencia que prometió el Gobierno y cuyos trabajos aún no ha empezado; la ley de secretos oficiales de la que el Ejecutivo dio algunas pinceladas este verano, pero no se ha terminado de redactar; o la ley de familias que, aunque terminada, está pendiente de que el Consejo de Ministros la apruebe para remitirla a la Cámara Baja. La ley integral contra la trata de personas también podría estar lista en las próximas semanas.

El salario mínimo y los dos estatutos

A lo que el Ejecutivo si pretende dar cumplimiento antes de que termine 2022 es a la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.050 euros mensuales, lo que supondría alcanzar el 60% del salario medio en España. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha iniciado las reuniones con sindicatos y patronal. La ministra de Trabajo también tiene muy avanzadas las negociaciones para aprobar el estatuto del becario.

No ocurre lo mismo con la actualización del estatuto de los trabajadores que está en una fase muy incipiente. El Gobierno vincula a esta futura norma algunas de las medidas pendientes que no se incluyeron en la reforma laboral, como endurecer las causas de despido, limitar la capacidad de las empresas para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo o establecer que el descuelgue salarial debe ser por causas económicas graves.

Los servicios públicos

Si el Gobierno logra los números para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (todo parece apuntar a que así será) se reforzarán las partidas destinadas a sanidad -la cifra récord de 7.000 millones de euros- y educación -un 6,6% más que en 2022-, pero aún están pendientes varias medidas que el Gobierno incluyó en su acuerdo de coalición. Socialistas y morados se comprometieron a eliminar el copago de medicamentos y blindar el sistema de salud ante futuras privatizaciones. Ambas iniciativas se recogen en un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso y que está provocando tiranteces entre los socios, ya que los morados denuncian la laxitud de la norma.

En materia de educación, está pendiente implementar un plan para universalizar la educación de 0 a 3 años. El Gobierno, por lo pronto, está transfiriendo una mayor dotación presupuestaria a las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha esta medida. También queda pendiente la aprobación de la ley orgánica del sistema universitario, en discusión en el Congreso, y la elaboración del estatuto del artista.

Las competencias y la financiación

Desde el arranque de la legislatura, la relación con el Govern de Catalunya ha sido otro de los deberes principales del Gobierno de coalición. Con la tensión a la baja tras las reuniones de la mesa de diálogo, al Ejecutivo aún le queda pendiente el traspaso de competencias a la Generalitat de la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la gestión de las becas y ayudas al estudio. Otro de los retos a nivel territorial que tendrá que encarar el Ejecutivo es acordar con las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómica que reemplace al actual, que lleva siete años caducado.