CATALUÑA

La Guardia Civil apunta a Puigdemont como responsable del desarrollo de una app de "votaciones masivas"

Identificó entre los informáticos a Elías Campo, miembro del 'think tank' que destapó el presunto espionaje con Pegasus

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Jordi Turull llegan al Congreso de Junts.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Jordi Turull llegan al Congreso de Junts. / Europa Press

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La Guardia Civil apuntó al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont como el responsable último del desarrollo en 2020 de VOCDONI, una aplicación para teléfonos móviles que permite realizar "votaciones masivas", como parte de la 'hoja de ruta' para avanzar en "la consecución de la denominada república digital", según consta en el sumario de la investigación secreta llevada a cabo por la Audiencia Nacional sobre el 'CNI catalán', al que ha tenido acceso Europa Press.

En un informe del 11 de septiembre de 2020, la Guardia Civil puso en conocimiento del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, la existencia de un grupo dedicado al desarrollo de una 'app' ideada para "realizar votaciones utilizando un sistema de identidades digitales, evitando censuras y bloqueos, que proteja el anonimato de los participantes".

Según este informe, la aplicación informática no solo podría "ser articulada e impulsada para implementar comicios digitales de distinto tipo", incluso "una votación masiva con las garantías formales de cualquier proceso plebiscitario", sino que también presenta otras funcionalidades intrínsecas como es la creación de una moneda catalana".

La Benemérita se basa en una ponencia realizada por uno de los investigados, Xavier Vives, durante la Mobile Week de 2020 para diferenciar entre los informáticos principales --Vives, Pau Escrich, Joan Arus, Ferrán Reyes, Jordi Moraleda y Jordi Piñana-- y "un número indeterminado de colaboradores externos", entre ellos Elías Campo, miembro de Citizen Lab, el 'think tank' que destapó el presunto espionaje a activistas y políticos catalanes con Pegasus.

La primera versión de la 'app' está disponible desde abril de 2020 y desde entonces habría experimentado "sucesivas actualizaciones" a cargo de este grupo de "alta cualificación" que el Instituto Armado augura caro de mantener. La "primera donación" habría sido en abril de 2018, pero los investigadores advierten de que "se desconocen las fuentes de financiación".

Estonia, país de referencia

El informe describe un enjambre de sociedades constituidas por los propios informáticos en Estonia con las que entre 2018 y 2020 habrían facturado cerca de 170.000 euros, algo que la Guardia Civil cree fuera de toda "lógica mercantil" por cuanto eran "empresas emergentes desconocidas".

"La única explicación razonable es que ese tercero a quien facturarían dichas sociedades y quien les paga por dichos servicios fuese quien ha realizado el encargo de la aplicación VOCDONI", afirma el Instituto Armado.

A este respecto, menciona "una serie de viajes realizados a Bruselas, lugar de residencia de Carles Puigdemont y alguno de sus colaboradores más cercanos", por parte de estos informáticos convertidos en empresarios que habrían tenido lugar en abril de 2019.

Para los investigadores, puede "inferirse que el motivo de la presencia de los informáticos en la ciudad belga podría haber sido proceder a la presentación del citado proyecto, así como la solicitud de autorización para su difusión pública por parte del ex presidente de la Generalitat".

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A ello suma que en los archivos encontrados en los terminales de uno de los investigados, Jordi Baylina, ANC y Omniun Cultural aparecían como "socios clave" del proyecto, así como "instituciones internacionales como la República de Estonia".

En este punto, explica que "la elección de Estonia como país para albergar las sociedades mercantiles relacionadas con el desarrollo de VOCDONI no es arbitraria", ya que "es un país de referencia en el ámbito digital" y, como tal, "en el que se inspira la hipotética república catalana digital", "uno de los pasos previos ante la imposibilidad de un control territorial efectivo".