Un juzgado investiga al amigo mexicano y al médico del rey Juan Carlos en Barcelona

Un juzgado de Barcelona está investigando por presunto fraude a Hacienda por un importe de unos 600.000 euros al amigo íntimo mexicano de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause, como colaborador, y a uno de los médicos del rey emérito, el facultativo Manuel Sánchez Sánchez, como autor directo, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Las pesquisas nacen de la querella presentada por la fiscalía contra ellos y la esposa del segundo por, supuestamente, simular la ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro de este doctor, la Clínica DeSánchez, situada en la zona alta de la capital catalana. Este diario intentó el viernes sin éxito contactar con el médico, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que, en su declaración ante el juez como investigado, este doctor rechazó las imputaciones y defendió que la operación era correcta.

Sánchez pasó años en el anonimato mediático hasta que se hizo público que es uno de los médicos de confianza del rey emérito. Es uno los especialistas más reconocidos y pioneros de la medicina preventiva y de longevidad saludable. Antes de montar su clínica, alrededor del año 2000, empezó a tener relación con Juan Carlos I cuando trabajaba en la Clínica Planas de Barcelona como jefe del departamento de dietética y nutrición. Eran habituales las idas y venidas del entonces jefe del Estado para someterse a tratamientos.

Cuando el médico abrió su propia clínica en un palacete modernista, la Casa Alemany, en 2017, esta relación continuó. De su mano, el monarca emérito lucha contra el envejecimiento. Algunos tratamientos no fueron pagados por Juan Carlos I, sino por su íntimo amigo, el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause. Las donaciones del empresario, que declaró como testigo, al rey emérito fueron investigadas en su día, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo las archivó porque el exjefe de Estado había presentando una regularización ante la Agencia Tributaria. La querella presentada por la Fiscalía de Barcelona el pasado mes de mayo no se basa en esas donaciones, aunque en el texto se menciona la existencia de facturas giradas por la clínica de Sánchez a este empresario por los servicios prestados al rey emérito.

La sociedad que gestiona la clínica del doctor Sánchez fue constituida en octubre de 2014 y su capital social fue suscrito, en principio, por A. A. M., la esposa del facultativo. En enero de 2016, la mujer vendió la totalidad de sus participaciones a su marido, quien pasó a ser socio único de la firma, aunque ella se mantuvo como administradora. En esa misma fecha, la compañía recibió 245.000 euros de una mercantil radicada en Madrid creada por el mexicano Sanginés-Krause, “operación que no se amparó en ningún contrato escrito”, alega la acusación.

Estrategia defraudatoria

La fiscalía concreta que las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF del periodo 2016 a 2018 presentadas por el médico investigado “fueron solo una mínima parte de las que realmente percibió”, pues, a su entender, “ocultó” en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente provenían de la prestación de sus servicios profesionales como facultativo “de reconocido prestigio y con una clientela con elevada capacidad económica”.

Según la acusación pública, para “ocultar” estas rentas, Sánchez recurrió a una “estrategia defraudatoria” para cuya “ejecución fue imprescindible la colaboración” de los otros dos querellados: su mujer y el empresario mexicano. Esta “estrategia”, apunta la fiscalía, consistió en “camuflar” esos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por la empresa de Sanginés-Krause. En su opinión, estas operaciones “no fueron tales, sino que se simularon”.

La querella relata que, con la última y cuarta ampliación de capital, Sánchez conservaba el 65% del capital social, habiendo aportado únicamente 3.010 euros. A la empresa de Sanginés-Krause le correspondía el 35% cuando había desembolsado un total de 1,3 millones de euros. Es decir, el amigo del rey emérito era socio minoritario a pesar de su inversión.

Para la fiscalía, las ampliaciones de capital son simuladas por la “falta de justificación de las primas de emisión y su absoluta desproporcionalidad“, la “ausencia de motivación económica de la inversión”, la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la carencia de “control” del socio capitalista (el magnate mexicano) sobre los recursos aportados (99,77%) y la “disposición” de fondos por parte del médico con “total discrecionalidad”. La querella está presentada por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública.