El Gobierno hace un llamamiento a patronal y sindicatos para evitar un otoño de agitación social

En este incierto inicio de curso político, marcado por las dudas respecto a la evolución de la guerra en Ucrania, la posibilidad de que Vladímir Putin cierre el grifo del gas a Europa y la tenaz inflación, con España en periodo prelectoral, el Gobierno ha hecho una apelación a la calma ante un otoño de agitación social. Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones para obligar a la patronal a subir los salarios y mitigar así la perdida de poder adquisitivo que los trabajadores sufren por la escalada de los precios.

Tras años de paz social en los que UGT, CCOO y CEOE han ido de la mano y han suscrito continuos acuerdos con el Ejecutivo de coalición -el más relevante, la reforma laboral-, la inflación ha abierto una brecha entre ellos y las centrales sindicales ya preparan un calendario de huelgas. Ante este conflicto entre los agentes sociales la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró este martes, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros celebrado tras el parón estival, que el Ejecutivo "desea" que sindicatos y patronal "sean capaces de ponerse de acuerdo para dar tranquilidad a los trabajadores y mantener el crecimiento económico en nuestro país".

Desde "el respeto a la a negociación colectiva", la portavoz insistió en este "llamamiento" ya que, subrayó, "hemos sido capaces de llegar a múltiples pactos en los últimos años", en referencia a los acuerdos suscritos entre el Gobierno y los agentes sociales. Rodríguez fue muy cauta y no se pronunció sobre los términos de este anhelado consenso sobre los sueldos pero sí destacó que el Ejecutivo es "consciente de las dificultades que atraviesan las familias por el incremento del coste de la vida". Por ello se están tomando decisiones, destacó, como las ayudas al transporte, incluidas en el decreto 'energético' que este jueves se debe convalidar en el Congreso.

Además, recordó que el Ejecutivo ha realizado progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -un 37% más- ha modificado la ley para que las pensiones crezcan cada año en relación al IPC. Esto permite que en esta situación "las familias españoles cuenten con un mayor poder adquisitivo". Entre líneas parece entreverse un apelación a los empresarios, para que colaboren en el incremento salarial, y también a los sindicatos para que actúen con cierta contención.

PRECEDENTES DE PROTESTAS

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Desde hace meses el Gobierno permanece atento a la oleada de movilizaciones que comenzaron a inundar las calles antes de la invasión rusa de Ucrania pero sin exhibir nunca síntomas de inquietud. No se temía un estallido social por la suma de crisis energética, fallos en la cadena de producción y distribución, problemas económicos y subida de los precios, que ya se vislumbraba antes de la guerra y que el conflicto ha agravado. En Moncloa hubo "atención y reflexión más que preocupación" tras las protestas en Cádiz, las manifestaciones de Policía y la Guardia Civil por la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana (todavía pendiente), o las movilizaciones del sector agrario y ganadero.

Pero, sin duda, todo esto fue la antesala de otras protestas que se produjeron tras el comienzo de la guerra, como la de los transportistas, y que, tras unos primeros días de titubeo, obligaron al Ejecutivo a actuar. Tanto para hacer frente a las dificultades de algunos sectores concretos como de manera general con la bonificación de la gasolina , a la que han seguido otras medidas como la subvención al transporte público. En este sentido Moncloa ha tomado buena nota de que debe responder para paliar las consecuencias sociales que provoca la alta inflación y se confía en que sus decisiones consigan mantener a raya el malestar social.