JUSTICIA

Los juristas discrepan sobre la nueva "licencia para confiscar" a los oligarcas rusos en España

El Gobierno aprueba un "sistema excepcional" que permitirá a los registradores actuar contra bienes que pudieran estar a nombres de terceros contando con un informe policial

Oligarcas rusos.

Oligarcas rusos. / EPE

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¿Licencia para confiscar a los oligarcas rusos? El Gobierno ha aprobado mediante Real-Decreto un "sistema excepcional" que permitirá a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles actuar contra bienes de oligarcas rusos investigados en nuestro país que pudieran estar a nombre de terceros (testaferros), para lo que podrán contar tan solo con un informe policial que contenga "indicios racionales" de que el verdadero titular no es el que aparece oficialmente en los documentos.

La medida, cuya eficacia podrá valorarse en los próximos meses, es vista de forma diferente por distintos expertos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ya que mientas unos no encuentran nada extraordinarias este tipo de medidas por parte de la Administración Pública, otros cuestionan que se adopten a modo de "embargo preventivo" ajeno a cualquier control jurisdiccional.

Edmundo Rodríguez, coordinador de la Comisión de derecho privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), no se atreve a aventurar si las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de este jueves serán eficaces, si bien descarta que puedan ponerse peros a su legalidad porque que no constituyen "nada extraordinario" en relación con el denominado principio de 'autotutela administrativa'.

AUTOTULELA ADMINISTRATIVA

Se trata de la potestad de que dispone la Administración Pública, como sujeto de derecho, para establecer por sí misma lo que es conforme a Derecho, y en base a ello imponer unilateralmente derechos y también obligaciones a los ciudadanos y hacerlos ejecutar sin necesidad de acudir a tribunales.

Es lo mismo que ocurre, según Rodríguez, cuando actúa Hacienda respecto de los bienes de un ciudadano que no cumple con sus obligaciones, adoptando este tipo de medidas de embargo siempre con las prevenciones establecidas en la ley. Si no se está de acuerdo, siempre se puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar las medidas y alegar que los informes no sean ciertos, los bienes son realmente del afectado, etc. "El control jurisdiccional no desaparece", señala este juez.

Por contra, Ignacio de Luis, de los servicios jurídicos del Colegio de la abogacía de Madrid, apunta a este diario los puntos débiles que encuentra en las medidas desde el punto de vista de los derechos de los afectados. Por otro lado, incardina la decisión del Gobierno en una necesidad de dar cobertura mediante algún tipo de normativa nacional a decisiones basadas en la normativa europea, como son las dirigidas a evitar que determinados oligarcas se salten las sanciones impuestas.

"No se trata de la transposición de una directiva europea, sino de normativa nacional para dar cobertura a estas investigaciones indiciarias", apunta. La actuación sobre los bienes de determinados ciudadanos rusos, para evitar que éstos los oculten de modo que no puedan ser objeto de embargo, es una suerte de "medida cautelar anticipada" que afecta a derechos como son la propiedad privada o la libertad de empresa.

A su juicio, lo ideal sería que viniese un juez detrás que pudiera ratificarla porque lo que se ha aprobado no deja de ser una anticipación de medidas cautelares que únicamente puede autorizar un órgano judicial. Otro punto que le llama la atención, y que a su juicio también genera cierta inseguridad jurídica, es que estas medidas se basen en los indicios contenidos en una especie de informe previo realizado por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre su eficacia, afirma que dependerá de que finalmente las sospechas puedan fundarse.

MEDIDAS DE RASTREO

Lo que sí considera eficaz De Luis son las medidas de rastreo vinculadas al blanqueo de capitales, que ya existen, y están dirigidas a que en las transacciones comerciales se haga un esfuerzo para identificar siempre al titular real de los bienes. "Todo lo que sea apoyar medidas de rastreo puede ser a la larga muy eficaz", afirma. 

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros, con estas medidas complementarias de aplicación de las restricciones a Rusia aprobadas por la Unión Europea, se eliminan posibles obstáculos que impidan actuar contra oligarcas rusos que mantienen bienes en nuestro país, cuando la titularidad de esos bienes la ostenten testaferros o personas interpuestas.

La reforma, según ha manifestado, confirma la intención del Gobierno español de que ningún oligarca ruso financie la guerra entablada por el presidente Vladímir Putin contra Ucrania con sus propiedades presentes en España. Así, si el primer paquete de medidas aprobadas permitió embargar las propiedades registradas a nombre de estos empresarios, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran estar ocultos utilizando testaferros.

Además, este Real Decreto-ley establece un procedimiento específico para realizar los pagos de las nóminas del personal, así como otras obligaciones de las representaciones españolas en el exterior, con fondos propios, minimizando el posible uso del sistema financiero ruso, con el fin de favorecer el cumplimiento del régimen de sanciones. Mediante esos pagos directos, se evita recurrir a entidades financieras rusas que, aun no estando sujetas a las sanciones europeas, podrían suponer un riesgo de evasión de las mismas.

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