La Fiscalía abre diligencias para investigar la "agresión" rusa contra Ucrania

El Ministerio Público justifica su investigación por la existencia de españoles en Ucrania que al igual que los ciudadanos de este país son "víctimas" del ejército de Vladímir Putin

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pretende recabar pruebas de los delitos para en un futuro señalar a los responsables de los mismos y a sus víctimas

Dolores Delgado

Dolores Delgado / EFE

Tono Calleja

La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar de forma preliminar la "agresión" rusa contra Ucrania, país en el que residen ciudadanos españoles que según el Ministerio Público están siendo "víctimas", al igual que los ucranianos, del "ilegal actuar" de la Federación Rusa. Así consta en el decreto firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el que se encarga las pesquisas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, al mismo tiempo que se apunta que Rusia y sus dirigentes podrían haber cometido un delito contra la comunidad internacional.

"En el presente caso nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española, y es precisamente por ello que su identificación y la determinación y concreción de los hechos que les afecten, y por tanto, la tutela y defensa de sus intereses, solo se puede realizar a través de los cauces que las normas nos otorgan: las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal", dice de forma literal el decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Y como objeto fundamental, las pesquisas buscarán "preservar los elementos del delito" para en un futuro poder señalar a las personas responsables y a sus víctimas. Delgado abre estas diligencias en virtud de la existencia de víctimas españolas, pero también basa su decisión en el contenido del Convenio de Ginebra de 1948, en virtud del cual las autoridades españolas son "competentes" para conocer de los hechos que se están produciendo en Ucrania.

Cooperación jurídica con Ucrania

Dolores Delgado ya había anunciado esta sábado que estudiaba fórmulas para "canalizar" una "cooperación jurídica" con la Justicia de Ucrania, incluso con la recuperación del principio de jurisdicción universal, ahora limitado en España. El pasado sábado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, estableció un primer contacto con su homóloga en Ucrania en el que hablaron de una posible cooperación. La idea es abrir una línea de colaboración "fundamentalmente para canalizar la cooperación jurídica que pueda ser requerida de España, así como tomar declaración a víctimas, testigos... para tener ese acervo probatorio que poner a disposición de aquellos tribunales que en su día puedan enjuiciar estos hechos".

Sobre la posibilidad de responsabilizar judicialmente al presidente ruso,

Vladímir Putin

, por la guerra iniciada contra Ucrania, la institución considera que no es momento de hablar de personas concretas, sino de ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo desde el ámbito judicial, no solo para cooperar, sino también para "preservar, en su caso, bienes o efectos, determinar pruebas...".

"No estamos en condiciones ahora de ir determinando victimarios. Debemos analizar los hechos, cuáles son las normas internacionales que se están vulnerando y a partir de ahí ir avanzando. No es el momento de poner nombre y apellido", precisó Delgado.

En la reunión, la fiscal ucraniana expuso la situación del país, "un territorio donde es muy difícil desarrollar acciones judiciales" en estos momentos, y ambas intercambiaron información sobre los sistemas judiciales de ambos países.

Tras recordar que el principio de jurisdicción universal está "limitado mucho" en España tras las reformas de le ley del Poder Judicial de 2009 y 2014, la fiscal general avanzó que en estos momentos se estudian las posibilidades de volver a emplear este principio para canalizar la cooperación con Ucrania y "contribuir a la justicia universal desde la Fiscalía".

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha recopilado un listado de ciudadanos rusos que están imputados en España por delitos de corrupción y crimen organizado, que supera el centenar, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.