El Tribunal Supremo pide a Llop medidas urgentes para garantizar su funcionamiento

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprovechado la visita de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para reclamarle una serie de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante las necesidades materiales y de personal que padece desde hace muchos años y la situación creada por la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial haga nombramientos mientras está en funciones tras la reforma de la ley orgánica del poder judicial.

En la reunión, presidida por el presidente del Supremo y del

CGPJ

, Carlos Lesmes, la Sala de Gobierno ha expresado su preocupación por la no renovación del Consejo, pero ha subrayado que existen otros planos de preocupación de extraordinaria importancia, ajenos a esta situación, que se están prolongando en el tiempo. La reivindicación ha llegado hasta tal punto que la ministra ha reclamado que se separen las peticiones y ha recordado que el Ministerio de Justicia cumple con sus compromisos con una fuerte inversión en el alto tribunal.

El Supremo ha solicitado un incremento del número de letrados del Gabinete Técnico y planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal, que actualmente cuenta con una plantilla de magistrados un 14% inferior a la legalmente prevista, porcentaje que será del 20% en octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes a fecha de hoy.

Esta situación hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de 12 letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad o quejas, que supone el 90% del trabajo del Supremo.

Ese refuerzo, critica el Supremo, no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados, estimándose necesario el nombramiento de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo. Además, el Ministerio de Justicia ha denegado recientemente la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.

Peticiones

La Sala Primera cuenta con una plantilla de 10 magistrados, incluido el presidente, y tiene desde noviembre de 2020 una plaza vacante, mientras que su carga de trabajo se ha incrementado de forma extraordinaria tras la fase de pandemia, hasta alcanzar el 42,5% en el último año. Por eso reclama cinco letrados para prestar apoyo en la fase de decisión de los recursos.

La Sala de lo Penal es la única sin vacantes, pero su carga de trabajo también ha seguido una tendencia alcista durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27% en 2021 respecto a 2019 y 2020. Su principal problema es la alta tasa de interinidad de sus funcionarios, que alcanza el 59%, por lo que se solicitan medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos similares a los que disfrutan en otros órganos judiciales. 

En la Sala Tercera el número de vacantes asciende actualmente a seis, que se incrementará hasta ocho con la próxima jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Además de las medidas de redistribución interna puestas en marcha, considera que necesita más ante la litigiosidad que se prevé frente a los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, como una secretaria, un letrado y más funcionarios.

En la Sala Cuarta hay tres vacantes y se añadirán otras dos por jubilación este año 2022, incluida la de la presidenta, María Luisa Segoviano. Ello dejará la plantilla con solo ocho magistrados de un total de 13, lo que impedirá formar las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos. Solicita el nombramiento de cuatro nuevos letrados y dos funcionarios.

En la Quinta hay dos vacantes de ocho magistrados y ha detectado un aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85% en los últimos dos años.