FICHAJE

ERC tratará en el Congreso el caso de "puertas giratorias" del exgeneral retirado

Unidas Podemos prevé registrar en breve una ley más dura contra las puertas giratorias; Más País pide celeridad

PSOE, PP y Cs han eludido opinar sobre el caso

ERC tratará en el Congreso el caso de "puertas giratorias" del exgeneral retirado

EFE

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Ángel Alonso Giménez

El caso del exgeneral Francisco Javier Abajo Merino, quien cuatro meses después de retirarse fue contratado como asesor por una empresa armamentística a la que favoreció con un suculento contrato, ha generado indignación en la izquierda política hasta el punto de que ERC pedirá explicaciones al Ministerio de Defensa a través de iniciativas parlamentarias que concretará próximamente, mientras que Más País apremia a hacer una reforma legal que evite "puertas giratorias" en las Fuerzas Armadas. El PSOE ha mantenido silencio. Tampoco PP y Cs se han pronunciado.

Esquerra ha respondido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA con manifestaciones muy duras. Fuentes del grupo parlamentario aseguran, conocida la información, que este supuesto de puertas giratorias, legal según la normativa vigente aunque éticamente cuestionable, es "una muestra más de las cloacas del Estado español". La formación independentista no distingue aquí entre PSOE y PP, entre izquierda y derecha, porque "quien tiene el poder es quien se salta las reglas".

Próximo debate en el Congreso

Unidas Podemos, más taimado, se ha remitido a una proposición de ley que tiene previsto registrar en próximas fechas, han recordado fuentes de esta formación. La diputada catalana Aina Calvo avanzó hace unas semanas que la base de la propuesta será la iniciativa que el grupo registró en la Cámara hace dos años, sin que llegara a completarse la tramitación. Decayó porque la repetición electoral disolvió las Cortes Generales apenas días después de haberse presentado.

Ahora bien, en el grupo que dirige Pablo Echenique tienen previsto incluir requisitos más duros para prohibir casos de puertas giratorias como el del exgeneral o el del exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona, quien recientemente fichó por la compañía eléctrica Iberdrola.

"Es necesario, en primer lugar, abordar una nueva regulación sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de altos cargos y cargos de gobierno que tienen actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales privadas, y que resultan incompatibles con las funciones llevadas a cabo durante su mandato en la Administración del Estado, y/o después de dejar el mismo", indica Unidas Podemos en la proposición de ley, en la exposición de motivos.

Si bien el texto no hace referencias a situaciones en las Fuerzas Armadas como la que ha desvelado este medio, sí propone un abanico más amplio de supuestos de incompatibilidad, y sobre todo, una regulación precisa del procedimiento a seguir, en el que la Oficina de Conflicto de Intereses jugaría un papel más ambicioso que el actual.

Fuentes de Unidas Podemos lamentan que el régimen actual permita situaciones variadas y numerosas, y citan no sólo la del excargo militar, sino además la del candidato a magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo. Se trata de un letrado de Cortes Generales que, tras abandonar dicho cometido, ha llevado un bufete de abogados y participado en causas de diversa índole. Su nombre aparece en tramas de corrupción judicializadas, como la del "caso Lezo".

Para ERC, se trata de "un claro ejemplo de puertas giratorias, descaradamente con la connivencia del Ministerio de Defensa"

El general Abajo Merino se jubiló en junio de este año y cuatro meses después pasó a formar parte del consorcio Tess-Defense SA como asesor. La empresa fue adjudicataria del contrato público para la fabricación de los blindados VCR 8x8, que cuenta con un presupuesto de 2.083 millones de euros, uno de los más cuantiosos de la historia del Ministerio. Resulta que Abajo Merino, como adjunto al director de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, intervino en dicha adjudicación.

Para ERC, se trata de "un claro ejemplo de puertas giratorias, descaradamente con la connivencia del Ministerio de Defensa". Añaden las fuentes consultadas: "Qué casualidad que un director adjunto del Ministerio de Defensa se jubile y al cabo de cuatro meses ya esté trabajando de asesor en Tess-Defense SA, justamente la empresa adjudicataria del contrato público para la fabricación de los blindados VCR 8x8 Dragón, contrato que dependía, justamente, del Departamento el cual era responsable Abajo Merino".

Una necesaria reforma legal

Más País, la formación de Íñigo Errejón, lamenta que situaciones de puertas giratorias como la referida no sean ilegales, algo de lo que culpa al "veto que ejercen los partidos de quienes las cruzan". La formación, sin embargo, va más allá: "aunque sea legal", se trata de un caso que "siembra dudas sobre la imparcialidad de decisiones centrales para la seguridad nacional".

"¿Estarán tranquilos los militares españoles sabiendo que su equipamiento ha sido adjudicado a una empresa a través de un proceso que pudiera no ser limpio? Es necesario emprender una reforma legal que impida la existencia de puertas giratorias, en el sector de la energía y el de las telecomunicaciones, pero también en el de Defensa", concluyen las fuentes del partido de Errejón.

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