El TS afronta en cuadro un alud de demandas por los ERTE

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo será clave en los próximos meses y sobre todo a partir del marzo de 2022, cuando concluya la prórroga recién pactada entre el Gobierno y los sindicatos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculadas al covid.

  La situación, que puede derivar en multitud de despidos colectivos en toda España, sorprenderá a esta Sala con varias vacantes --actualmente son tres-- por jubilación de sus magistrados y sin posibilidad de que estos sean repuestos al estar limitada la capacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nombramientos. A lo largo del próximo año hay previstas dos jubilaciones más en una Sala que actualmente solo cuenta con 13 miembros.

  La situación es calificada de "muy grave" y "preocupante" por miembros de la Sala de lo Social, la primera del alto tribunal presidida por una mujer, María Luisa Segoviano, en toda su historia. Los magistrados confiaban en poder contar próximamente con nuevos compañeros si el PSOE y el PP llegan un acuerdo para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, lo que permitiría al CGPJ volver a designar jueces en el alto tribunal, pero esta posibilidad parece haber encallado y el tiempo sigue corriendo en contra.

422 INGRESOS EN EL ÚLTIMO MES

"Es como si a una empresa le llega un 40 por ciento más de trabajo y debe enfrentarse a ello con una disminución de su plantilla", señalan fuentes de la Sala consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Solamente en el pasado mes de septiembre entraron en esta Sala 422 asuntos, por lo que hasta dicho momento ascendían a 3.546 los asuntos ingresados a lo largo de todo el año.

  En estas mismas fechas del pasado año la Sala contabilizaba 3.007 recursos ingresados, por lo que en solo un año ya se aprecia un crecimiento exponencial de temas a resolver, ya que son 539 más los de este 2021. En cuanto a la pendencia, las mismas fuentes señalas que en enero del presente año ésta ascendía a 7.200 asuntos en total.

  Al aumento de litigiosidad se une otra dificultad, que es la falta de antecedentes para resolver las cuestiones concretas referidas a la causa del covid por falta de jurisprudencia en estos casos concretos. Los magistrados deberán valorar la aplicación de normas nuevas, lo que incide en la complejidad jurídica de lo que deberán resolver.