Los detenidos del 'caso Alcoa' vaciaron la caja con 'bitcoins' tras el ERE a 686 trabajadores

Protesta de trabajadores de Alu Ibérica

Protesta de trabajadores de Alu Ibérica / Europa Press

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Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigan una presunta estafa en la venta de dos fábricas de Alcoa Inespal SL (ahora Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC) consideran que los últimos dueños de ambos centros de producción de aluminio utilizaron sociedades interpuestas para comprar criptomonedas y sustraer capitales y patrimonio, según consta en un informe de 19 de julio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) interpuso una querella en la Audiencia Nacional, a la que después se adhirieron CCOO y UGT, después de que la multinacional Alcoa Inespal SL vendiera por un dólar dos fábricas que tenía en España a un fondo de inversión suizo. Esta firma de la Confederación Helvética revendió pocos meses después el 75% de las sociedades por 13 millones de euros.

Tanto la suiza Parter Capital como el último comprador, el Grupo Riesgo, incumplieron sus promesas de inversión, por lo que la producción se paró en seco, vulnerando las previsiones previstas en el acuerdo que congeló en 2019 el ERE contra 686 trabajadores, y que daba un periodo de dos años para tratar de salvar los puestos de trabajo.

El frenazo de la producción no solo afecta a Galicia y Asturias, sino que la relevancia de las fábricas se constata porque entre el 80% y el 90% del aluminio primario que utilizan las empresas del sector en España provenía de ellas. Y el cierre definitivo de ambas factorías se saldaría con 180.000 toneladas menos de aluminio anuales en el mercado. En Avilés, los trabajadores de Alu Ibérica no han cobrado su nómina de septiembre, según informa La Nueva España.

Querella en la Audiencia Nacional

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón aceptó investigar la querella de los sindicatos contra los directivos Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho Carrascal, entre otros, al considerar que los hechos relatados en la misma “revelan en forma indiciaria la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos sin perjuicio de ulterior calificación”, según consta en el auto de intervención judicial de las fábricas.

Trabajadores de Alu Ibérica cortan el tráfico en una carretera de A Coruña

/ La Opinión de A Coruña

Y las investigaciones desarrolladas por la UDEF han logrado encontrar nuevas irregularidades, que han sido comunicadas a la magistrada en el oficio policial de 19 de julio, en el que se plasma una nueva forma de vaciar las fábricas: "Tras analizar la documentación bancaria que obra en la causa se han detectado nuevas transferencias de fondos ordenadas [por la empresa Logiplus Worldwide SL] bajo conceptos como 'Pago blockchain cripto' o 'Abono facturas BC' que relacionamos con la compraventa de criptomonedas y cuyas beneficiarias son cuentas tituladas por la sociedad Viña y Sentido SL", una empresa que estaría vinculada con los implicados en la trama.

Fondo de inversión suizo

Logiplus Worldwide SL es una filial del Grupo Riesgo que compró en 2020 dos fábricas de Alcoa Inespal al fondo de inversión suizo Parter Capital, que había conseguido el control de los centros de producción de aluminio unos meses antes, en 2019. El importe total que bajo los conceptos de "criptomonedas" se llegaron a transferir desde la cuenta de Logiplus Worldwide SL a Viña y Sentido SL, prosigue la UDEF, asciende a los 565.976 euros, que fueron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.


/ EPE

La Policía Judicial ha detectado, tras analizar la documentación intervenida durante los registros policiales, que los actuales propietarios de las fábricas de Alcoa, (ahora partida en dos: Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC), podrían haber utilizado la sociedad Logiplus "para dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales de las plantas de producción de aluminio", dice el informe policial.

La Policía apunta además que el dinero que destinó la empresa Logiplus a la adquisición de bitcoins tiene su origen en realidad en "fondos procedentes de las plantas de producción de aluminio, puesto que muchas de las transferencias fueron inmediatamente precedidas de otras por importes muy próximos e idéntica fecha", destaca el informe de la UDEF.

"Pago de chatarra"

El oficio policial concreta que las transferencias procedían en primer término de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés (Alu Ibérica AVL) y A Coruña (Alu Ibérica LC), y contenían conceptos bancarios que aludían al "pago de chatarra".

El oficio policial concreta que las transferencias procedían en primer término de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés (Alu Ibérica AVL) y A Coruña (Alu Ibérica LC), y contenían conceptos bancarios que aludían al "pago de chatarra". Sin embargo, la Policía Judicial resalta que las salidas de los fondos de las fábricas para pagar este material "parecen contrastar" con el destino real que se dio al dinero.

Además, prosiguen los agentes, el objeto social de la firma Viña y Sentido SL, a cuyo nombre están ahora los bitcoins, era "totalmente ajeno a la industria del aluminio", pues esta sociedad se encargaba únicamente de la "comercialización de vino". Y no fue hasta el 26 de octubre de 2020, cuando esta empresa ya había comenzado a recibir las primeras transferencias de fondos cuyo origen estaba en las cuentas de Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC, cuando se amplió el objeto de la sociedad incorporando la inversión en criptomomedas.

Ese mismo 26 de octubre de 2020, fue nombrado administrador único de la mercantil Viña y Sentido SL Francisco Alarcón Anguita. A este empresario, quien tiene registrada la sede social de la empresa en su domicilio, "le constan varias detenciones policiales antiguas por reclamación judicial y por tráfico de drogas", apunta la UDEF. En la actualidad, prosigue el oficio policial de 19 de julio, sobre Alarcón Anguita pesa una reclamación para averiguar su domicilio, que fue emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina.

Detenciones de los implicados

Y como fuente de nuevas sospechas, la Policía resalta que el apoderado de esta sociedad, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, fue apartado de la dirección de la empresa días después de que la jueza María Tardón ordenara las detenciones de los implicados en el caso. La Policía Judicial resalta, también, que Fernández de Bobadilla Lázaro es el socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP, que también podría estar implicado en los hechos.

En el informe de 19 de julio los agentes dan cuenta, tras examinar "la dilatada información bancaria recopilada" durante los registros, de otras transferencias bajos sospecha y que fueron ordenadas con conceptos de 'Pago de pedidos' o 'Pago de facturas', y cuya destinataria sería la sociedad Lavandaeco SL, que la Policía también vincula a los imputados.

Por todo ello, los agentes reclaman a la jueza que exija a los bancos que "con el mayor nivel de detalle posible" identifiquen las transferencias de dinero y las personas o empresas que las ordenaron o recibieron.

"Empresas pantalla"

La querella interpuesta por los sindicatos en la Audiencia Nacional, que ha aceptado investigar María Tardón, aseguraba que “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla" sin capacidad para llevar a cabo el plan de negocios, el pago de los salarios de los trabajadores, ni la inversión prevista, "con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".

La querella interpuesta por los sindicatos en la Audiencia Nacional, que ha aceptado investigar María Tardón, aseguraba que “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla" sin capacidad para llevar a cabo el plan de negocios, el pago de los salarios de los trabajadores, ni la inversión prevista, "con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".

En concreto, y según el relato de los sindicatos, Alcoa Inespal SLU vendió las fábricas de Avilés y A Coruña en un primer momento en junio de 2019 a la empresa Blue Motion Technologies A. G. (propiedad del fondo suizo Parter Capital Group) por un dólar.

Sin embargo, "infringiendo la prohibición establecida en el acuerdo de venta inicial, en marzo de 2020 fue vendido un 75% del capital social a otra firma; System Capital Management (del Grupo Industrial Riesgo al igual que Logiplus) por 13 millones de euros", destaca la Policía en otro informe de 30 de abril. Además, el dinero con el que se pagó la compra final fue abonado con fondos prestados por los propios centros de producción de Asturias y Galicia.

"Flagrante vulneración"

Estos supone una "flagrante vulneración del acuerdo inicial", según la definición de la UDEF, que "no impidió que Alcoa Inespal SLU mantuviese las aportaciones económicas acordadas con el Grupo Parter". En el informe también se pone de manifiesto que la propia firma reconoció "haber abonado hasta el momento un total de 71 millones de dólares".

Una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional eleva el total de desembolsos realizados en este sentido por Alcoa hasta los 78,3 millones de dólares. La empresa de aluminio justificó estos pagos al asegurar que la compradora final, el Grupo Industrial Riego, "había asumido solidariamente las obligaciones suscritas por el Grupo Parter [el intermediario]".

78,3 millones de dólares

Una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional eleva el total de desembolsos realizados en este sentido por Alcoa hasta los 78,3 millones de dólares.

El presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech; y la directora ejecutiva de Alu Ibérica, Alexandra Camacho, fueron dos de los tres detenidos en mayo pasado tras el registro policial ordenado por la juez Tardón.

Pese a que hasta el momento las pesquisas no han puesto el foco en la actuación de los vendedores iniciales, Alcoa Inespal SLU, que no está imputada en el procedimiento, una sentencia de 15 de junio de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ya apuntaba la posibilidad de que la operación hubiera sido "una transmisión meramente formal, que no real, de las mercantiles urdida con un propósito fraudulento". También abría la puerta a considerar que la firma hubiera incumplido "las obligaciones contraídas para la venta de las plantas a un comprador serio, riguroso y solvente".

Por su parte, el comité de empresa de Alu Ibérica defiende que la sentencia "deja claro que Alcoa es como mínimo el autor intelectual del enorme engaño en el ERE y posterior venta de las plantas de Avilés y A Coruña", que ahora están intervenidas judicialmente. Sin embargo, la multinacional ha rechazado en numerosas ocasiones haber cometido cualquier irregularidad en la venta. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tratado sin éxito conocer la versión de los actuales propietarios de Alu Ibérica.

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