Ecuador, México y la invasión a la embajada

Las legaciones diplomáticas y su personal acreditado en el exterior tienen un estatus de extraterritorialidad e inmunidad garantizado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). En América Latina existe la figura del Asilo Político, de larga tradición, recogida en la Convención correspondiente de 1933 y otros documentos posteriores. 

La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito el viernes 5 de abril supuso una flagrante violación de varias normas del derecho internacional. Era, a todas luces, una acción injustificable para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado y condenado por los tribunales ordinarios de su país por varios delitos de corrupción: asociación ilícita y cohecho agravado, este último vinculado al caso Odebrecht. 

La historia nos recuerda algunos precedentes de ataques similares. Entre ellos, la toma de 66 rehenes en la embajada de EEUU en Teherán, en 1979, por estudiantes islámicos respaldados por el régimen iraní. En 1980, la policía guatemalteca irrumpió en la embajada española y el incendio consecuente tuvo un saldo de 37 personas muertas, y el embajador Máximo Cajal herido. Al año siguiente, Fidel Castro ordenó a sus fuerzas especiales asaltar la embajada de Ecuador en La Habana. También hay que recordar los atentados terroristas contra la embajada de EEUU en Líbano (1983) y de Israel en Buenos Aires (1992), sin olvidar el reciente ataque contra el consulado iraní en Beirut, atribuido a Israel.  

El ataque a la embajada mexicana mereció la fuerte condena de buena parte de la comunidad internacional. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos se sumó a estas críticas. Algunos, como el cubano, el nicaragüense y el venezolano profirieron gruesas palabras contra Ecuador, mientras México, de forma casi automática, rompía relaciones diplomáticas. Sin embargo, el masivo rechazo a la acción policial ecuatoriana no supone el respaldo o la solidaridad unánimes con México, al entrar a jugar diversas consideraciones, con reacciones diversas. 

El diplomático mexicano Jorge Lomonaco, hoy retirado, insiste, con mucha razón, en que ambos gobiernos, tanto el de Daniel Noboa como el de Manuel Andrés López Obrador (AMLO) han actuado mal, cada uno a su manera, lo que no justifica en absoluto la dura respuesta ecuatoriana. Claro está que Ecuador podía haber acudido a la justicia para evitar la fuga de Glas, pero al no hacerlo cayó de forma clara en la provocación de López Obrador.

Esta es la tercera vez, durante el sexenio de AMLO, que un país latinoamericano repudia a un embajador mexicano, lo cual evidencia su errática política exterior. Ya ocurrió con Bolivia (2019) y con Perú (2022) y ahora con Ecuador. Pese a insistir, de forma reiterada, que es un firme defensor de la Doctrina Estrada, sobre la no injerencia de los gobiernos latinoamericanos en asuntos internos de otros países, López Obrador no se priva de intervenir en América Latina cuando lo considera oportuno, especialmente si resulta funcional a sus objetivos políticos.

A Evo Morales lo sacó de Bolivia en un avión militar y lo recibió como asilado político en Ciudad de México. Con Pedro Castillo intentó hacer lo mismo, pero su captura por la policía peruana en Lima frustró su intento. En esta ocasión recibió a Glas como “huésped” (una figura no reconocida en el derecho internacional) en la embajada, para posteriormente concederle el estatus de asilado político. Esto coincidió con unas polémicas declaraciones, acusando a Noboa de beneficiarse del asesinato del candidato y periodista Fernando Villavicencio en su camino a la presidencia. La respuesta del gobierno ecuatoriano fue declarar persona no grata a la embajadora mexicana. 

Los acontecimientos se desencadenaron después del anuncio del envío de un avión militar para repatriar a la embajadora y de la concesión a Glas de asilo político. Aquí Noboa cayó como un niño en la provocación del presidente mexicano, temiendo la repetición de lo ocurrido con Morales y Castillo. Su decisión, poco meditada, de atacar la embajada mexicana ha tenido importantes repercusiones políticas, tanto en el conjunto de América Latina como en los dos países implicados.

López Obrador aprovechó el incidente para beneficiar a la candidata oficialista Claudia Scheinbaum, intentando opacar el debate que los aspirantes a la elección presidencial de junio próximo tuvieron la noche del domingo 7. En Ecuador, el correísmo, hasta entonces firme apoyo del gobierno, se alejó del mismo, y está por ver qué deciden hacer otras fuerzas políticas.

Este grave incidente, con independencia de quién lo ha provocó, directa o indirectamente, ahondó las fracturas de América Latina. Si hasta ahora la región estaba fragmentada, en el futuro lo estará todavía más. Pese a la condena casi unánime de los países latinoamericanos, incluyendo Argentina y Uruguay, el salvadoreño Nayib Bukele apoyó firmemente a Ecuador. 

Por un lado, el ataque abrió la puerta a nuevas intervenciones similares, lo que de ocurrir sería sumamente preocupante. Por el otro, es producto de una injerencia descarada en asuntos de terceros países, en un burdo intento de reemplazar a la justicia nacional, otorgando a diestra y siniestra salvoconductos imperiales. Los presidentes en ejercicio deberían actuar de forma más responsable, para dejar de provocar espectáculos tan lamentables y bochornosos.