Cómo combatir la desigualdad

Es muy probable que la desafección política que se advierte en el panorama español, y en buena parte del europeo, se deba en gran medida a que las principales preocupaciones políticas que invaden la actualidad tienen poco que ver con los problemas de fondo que este país todavía no sabido resolver, a pesar de su despegue democrático y económico a lo largo de la etapa constitucional que pronto cumplirá medio siglo.

Hace apenas unos días, se informaba de que España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, con un 27,8%, según un informe elaborado por Unicef con datos de 2021. En un orden parecido de ideas, resulta también que, según Funcas, en el ranking de desigualdad de la renta disponible en Europa, medida mediante el índice de Gini, España ocupa el tercer lugar, detrás del Reino Unido (34,3) y de Italia (32,7). Como es sabido, dicho índice va del 0 al 100, siendo 0 la igualdad absoluta (todas las personas tienen los mismos ingresos) y 100 la desigualdad máxima (una sola persona tiene todos los ingresos).

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Estos datos enmarcan una realidad que pocas veces es analizada con la debida profundidad pero que debería ser interiorizada por el sistema político para detectar cuáles son los problemas reales de la comunidad y qué soluciones se deben aplicar. En los países desarrollados como ya es España, la miseria y la marginación no son ostentosamente visibles, por lo que pasan relativamente inadvertidas, pero la obligación de los gestores del sistema es detectar estas injusticias a menudo soterradas y difusas, darles la debida preferencia y arbitrar medidas para corregirlas.

El liberalismo sin matices considera que el mercado asigna siempre correctamente los recursos, por lo que cada ciudadano debe espabilarse para sobrevivir en la jungla humana. Es la receta del ultra Milei que ya está al frente de los infortunados argentinos: la mejor sanidad es la sanidad privada y la mejor educación es también la educación privada. En Europa, patria por cierto de la democracia cristiana, la derecha se ha hecho “social”, aunque mantiene casi intocables las principales tesis liberales. Pero tras la Segunda Gran Guerra ha sido la socialdemocracia —en su versión de Bad Godesberg de 1959— la que se ha preocupado de redistribuir. Y para ello había que recurrir al sistema fiscal: las aportaciones de los más ricos socorrían teóricamente a los menos favorecidos. Sin duda alguna, este modelo ha sido exitoso y ha cumplido su función, pero su agresividad fiscal y su baja productividad han orientado al progresismo en otra dirección: la de la igualdad de oportunidades en el origen, la de actuar sobre la predistribución, la distribución de la renta antes de impuestos.

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Recientemente, el economista Piketty, que ha dedicado una vasta y apreciada obra a la desigualdad, y su think tank "World Inequality Lab" han dado a la luz un trabajo firmado por Blanchet, Chancel y Gethin en el que se concluye que la predistribución determina en un 80% las diferencias entre los niveles de desigualdad, en tanto la intervención pública apenas representa el 20%. El referido trabajo, recogido con elogios por el Financial Times y por destacados actores univerfsitarios, demuestra que, aunque la redistribución es menor en Europa que los Estados Unidos, la desigualdad es menor en el Viejo Continente porque el resultado antes de impuestos —la llamada predistribución— es más igualitario, aunque sean menos intensas las políticas fiscales y redistributivas. La predistribución está evidentemente vinculada a la calidad y envergadura de las instituciones y políticas públicas, a la economía social de mercado que practique el Estado en cuestión.

Las reglas mencionadas no son rígidas, ya que la economía es siempre una disciplina compleja, pero las investigaciones que se realizan en el marco descrito apuntan a que las transferencias sociales públicas son responsables del 90% de la redistribución, en tanto los impuestos apenas representan el 10%. El papel de los impuestos es con frecuencia malinterpretado ya que, aunque son indispensables como fuente de recursos para dichas transferencias, a menudo no juegan directamente a favor de la equidad. En la mayoría de los Estados modernos, el efecto redistributivo de los impuestos directos (sobre la renta de las personas físicas o sobre sociedades) se anula por la injusta proliferación de impuestos indirectos, como el IVA, claramente regresivo.

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Así las cosas, parece que las herramientas esenciales para procurar la equidad son "predistributivas". Básicamente, se resumen en la mencionada igualdad de oportunidades en el origen que se basa en la existencia de servicios públicos universales, gratuitos y de calidad, en un sistema social poderoso y en un programa suficiente de dependencia, así como en el ingreso mínimo vital, que habrá de potenciarse para que sea una permanente red inferior que evite que el ciudadano descienda por debajo de determinado umbral. De todo esto deberíamos hablar en las campañas electorales.