Desconfianza en Ginebra

¿Se necesita un mediador para pactar unos Presupuestos? ¿El traspaso de Rodalies? ¿La ampliación del aeropuerto del Prat? Quizás sí, en el día a día estamos rodeados de conflictos que se resuelven gracias a la intervención de un facilitador: en el ámbito laboral, en el familiar en los barrios… ¿Pero es necesario hacerlo en Suiza? ¿Es lógico implicar a una fundación acostumbrada a intermediar en conflictos violentos? Si de lo que se va a hablar es del devenir de una legislatura, ¿por qué no se hace en el Congreso?

La reunión del sábado en Ginebra entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la cúpula de Junts es inexplicable si nos creemos que no se están abordando aspectos de calado en la relación futura de Cataluña y el resto de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificaba el jueves la necesidad del mediador internacional en la falta de confianza que tiene en Junts y, especialmente, en el ex president de la Generalitat huido Carles Puigdemont, aunque no ostenta cargo orgánico alguno en la formación política heredera de Convergència. Pero esta desconfianza no explica que los socialistas hayan aceptado celebrar el encuentro en Suiza.

La soberanía de los españoles, también de los catalanes, está representada en el Congreso por los diputados elegidos el pasado 23 de julio. Es en ese escenario en el que a los partidos les toca negociar todo aquello que tenga que ver con la gobernanza del país. No se puede hurtar a la cámara baja una de sus razones de ser, como ha sucedido con la reunión del fin de semana.

Con otro agravante, Junts no representa a los catalanes. Al menos, no a la mayoría. De hecho, es la tercera fuerza política en el Parlament, tras el PSC y ERC, y ocupó la quinta posición en la preferencia de los votantes el pasado 23 de julio, sólo por encima de Vox. Cierto es que sumó mayoría con ERC para elevar a la Presidencia de la Generalitat a Pere Aragonès por delante del ganador de las elecciones autonómicas de 2021, el socialista Salvador Illa, pero salió hace un año del Govern, por lo que es imposible que hable en nombre de los catalanes y, todavía más, que negocie como si los representara.

Aceptando negociar con un verificador en Ginebra, el PSOE asume que Junts tiene una representatividad de la que carece realmente. Y debe asumir que se disparen las especulaciones sobre el verdadero objetivo de esos contactos, más allá de darle a Puigdemont un protagonismo en la política española que anhela desde hace tiempo. El PSOE está sufriendo en la calle, según reflejaba la encuesta de Gesop para Prensa Ibérica de hace unos días, las consecuencias de haber conseguido la investidura de Sánchez a cambio de la Ley de Amnistía, pero el sainete de una reunión mensual en Suiza o cualquier otro punto de Europa con los enviados de Puigdemont conlleva un desgaste difícil de cuantificar en un año con tres elecciones en el horizonte.

Para Puigdemont, internacionalizar el conflicto catalán era esto: dos delegaciones reunidas ante un mediador -el salvadoreño Francisco Galindo Vélez- obviando que el problema de base no es entre catalanes y españoles, sino entre los propios catalanes. O lo era, porque la preocupación por el debate identitario ha caído en picado en Cataluña en los últimos años, como destacaba la última encuesta del CEO, el CIS catalán.

Equiparar el difícil entendimiento entre dos partidos con representación en el Congreso como son PSOE y Junts con conflictos violentos en los que ha intermediado Galindo Vélez, que es lo que parece al aceptar los socialistas las condiciones impuestas por las huestes de Puigdemont, puede tener para el Gobierno más consecuencias incluso que la aprobación de la Ley de Amnistía, ya que perpetúa en el tiempo la imagen de sumisión a los designios de un fugado de la Justicia.

Sánchez desconfía de Puigdemont, y viceversa, y nosotros tenemos el derecho a desconfiar del verdadero motivo de la negociación en Ginebra.