Los retos del nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez nacerá bajo el signo de la polarización que marcó la sesión de investidura. Esta circunstancia, que no le resta en nada su condición de gobierno legítimo, constituirá su mayor condicionante durante la próxima legislatura. De su capacidad para superar el actual nivel de crispación dependerá su eficacia y puede, incluso, que su duración. En tiempos de zozobra política y económica como los actuales, la polarización constituye un obstáculo mayúsculo para cualquier labor de gobierno. Gobernar en tiempos de crisis requiere, ante todo, el apoyo de una amplia base social a las decisiones que tengan que tomarse. En particular para la política económica, la territorial y todo aquello que tenga que ver con la gobernanza. ¿Puede conseguir esto un gobierno surgido de tanta confrontación? El camino más sensato pasa por hacer virtud de la necesidad, parafraseando al candidato Sánchez.

En primer lugar, el Ejecutivo debe ser consciente de las dificultades económicas que se avecinan. Pedro Sánchez sabe que la Unión Europea vive un momento difícil que no invita a muchas alegrías. Un inicio de recesión que puede gripar algunas de las principales economías europeas y que acabará afectando a la española. Este contexto, lamentablemente poco presente en el debate de investidura, invita a la moderación, en contra de algunas de las propuestas hechas por Sumar y otros partidos que han apoyado este gobierno de coalición. El nuevo Ejecutivo tendrá la necesidad de contar con los apoyos del PNV y Junts per Catalunya para aprobar los presupuestos y esto puede ayudarle a Sánchez a defender posiciones más prudentes y a recomponer el dañado diálogo con empresarios y sindicatos. 

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El otro campo donde el comedimiento debe prevalecer sobre el decreto es el de la política territorial. En su primera intervención, Sánchez criticó algunas autonomías gobernadas por el PPy Vox. Como candidato, era su derecho hacerlo. A partir de ahora, deberá actuar y hablar como presidente de todos los españoles. Solo así podrá contribuir a recomponer un indispensable diálogo entre instituciones. Esta necesidad, derivada del poder territorial del Partido Popular, puede contribuir a afrontar otro reto importante del Ejecutivo: convencer que trata a todos los españoles en pie de igualdad. Para ello, Sánchez deberá gestionar la insomne competencia que mantienen Junts y Esquerra Republicana. Tendrá que hacerlo con acuerdo a los documentos firmados con ambas fuerzas, pero atendiendo a una política de solidaridad más necesaria que nunca en momentos de crisis.

Por último, el presidente del Gobierno no puede soslayar la oposición que su acuerdo con Junts provocó en amplios sectores de la judicatura. El preámbulo de la ley de amnistía ha conseguido calmar unas aguas, que no eran solo las de los sectores más conservadores. Sánchez deberá seguir exigiendo que el PP abandone su incomprensible bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, tras la desafortunada referencia al lawfare en el acuerdo de Junts, deberá hacer mucha pedagogía entre jueces y magistrados para convencerles que el Ejecutivo es respetuoso con la división de poderes que es el fundamento de toda democracia.