En defensa de Delgado frente a una oposición desmedida e injusta

Ante el cese por razones personales de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado, y por el respeto y consideración que me merece la propia fiscal general cesante, siento la obligación de expresar mi opinión, coincidente de la de compañeros que no pensamos como los que han estado opinando estos meses en la prensa sobre su trabajo y con el trato que le han dado y las opiniones que tanto eco periodístico han suscitado. No estoy de acuerdo ni en el fondo y ni en la forma en que se han manifestado estos fiscales y algunas asociaciones de la Carrera Fiscal.

Creo poder asegurar que durante mis 39 años de trayectoria profesional en el Ministerio Fiscal no he visto un caso similar de acoso e intentos de deslegitimación hacia un fiscal general, a quien se ha sometido a unas presiones políticas desmedidas e injustas.

Durante todo su mandato han venido apareciendo en la prensa -o, al menos, en alguna prensa- reiterados ataques a la fiscal general desde dentro de la propia institución. Sin ir más lejos, al día siguiente de su renuncia por motivos de salud, la presidenta de la Asociación de Fiscales, la también fiscal Cristina Dexeus, “se felicita por una renuncia que pone punto y final a una "oscura" etapa en la que, según denuncia, se ha echado por tierra la reputación de la Fiscalía” (19.7.22).

Quiero hacer esta reflexión desde el respeto a todas las opiniones y a todos los compañeros, y si cito personalmente a alguno es porque han puesto su nombre en las informaciones a que hago referencia. Y lo hago para significar que, a mi juicio, se ha ido mucho más allá de lo que la libre expresión y la crítica a la institución del Ministerio Fiscal y su más alta representación resulta admisible. La crítica a otros fiscales generales se ha hecho dentro de la institución y en su seno, con dureza cuando se ha considerado preciso, pero con lealtad y en los espacios propios para ello, como las Juntas de Fiscales. Con reflejo en los medios, sin duda; pero nunca de este modo.

Nos hemos encontrado con una oposición a la Fiscal General del Estado, a mi juicio, reflejo de la que realiza la oposición política al Gobierno que la nombró: negando desde el primer momento su legitimidad.

"Se le han querido atribuir personalmente a la fiscal general del Estado todos los males que tradicionalmente aquejan a la institución"

En esta oposición desmedida e injusta, expresada de forma interna y externa y con reflejo en esos medios de comunicación, se le han querido atribuir personalmente a la fiscal general del Estado todos los males que tradicionalmente aquejan a la institución. Han sido recurrentes las apariciones en medios periodísticos de fiscales -e incluso Fiscales de Sala, integrados en la máxima categoría de la carrera- dando su opinión de forma absoluta y desde su alto cargo. Hemos visto en prensa los casos de Consuelo Madrigal (23.3.22 y 16.4.22) declarando que la fiscalía está en la peor crisis reputacional de su historia, o del fiscal Javier Zaragoza, aludiendo a lo que entiende como deterioro de su autonomía e imparcialidad (7.4.22). Y, por supuesto, de la Asociación de Fiscales, a través de su presidenta Cristina Dexeus (29.12.21 o el 5.5.22), donde pide su dimisión por lo que considera, desde su propia subjetividad, politizar la institución, a la vez que se lanza la acusación de designar para cargos de responsabilidad a fiscales a su antojo, menospreciando con ello el mérito y capacidad de los nombrados y sin otro argumento que el que los nombramientos no son de su gusto o de lo que considera su mejor criterio. Todo por atacar a la fiscal general.

Sin cejar en su empeño de dañar, con ocasión de la solicitud dirigida a los fiscales para que informe a la Inspección fiscal sobre sus actividades de preparación a opositores, como exige el principio de transparencia y el propio Reglamento del Ministerio Fiscal, se insinúa sin pudor, la difícil tarea de escudriñar intenciones de la fiscal general, con juicios de intenciones muy dañinos por provenir de la dirección de un importante colectivo de fiscales.

Otro compañero, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, entrevistado el 9.7.22 bajo el titular “O trabajas para el PSOE…o trabajas para la ley”, afirma entre otras cosas que “si el gobierno se equivoca, vamos contra él en todos los ámbitos jurisdiccionales”. Es decir, que, en su opinión, evidentemente política y que no parece ni imparcial ni independiente, se deberá ir contra el Gobierno si no hace lo que él considera que es lo acertado. Y, en caso contrario, ahí está el trabajo que ha atribuido, porque sí, a la fiscal general en el titular.

Todo este cúmulo de opiniones contiene un reproche absolutamente parcial. Olvidan, además, cómo en algún nombramiento propuesto por otros fiscales generales se postergó a compañeros/as que tenían un mejor bagaje profesional para el área a que se refería la designación. Lo saben perfectamente, pues alguno/a de los que ahora vienen aireando la descalificación fue protagonista de tal episodio. Pero esto, que en su momento no fue reprochable, ahora sí lo es. Porque todo vale para ir contra la fiscal general.

Y se debe decir que no fue reprochable entonces, aunque se discrepara, ni lo debería ser ahora, porque tiene todo el sentido que el titular de la Fiscalía General designe para los puestos de dirección del Ministerio Fiscal a aquellos fiscales que, sin calificación profesional negativa, considere que asumen mejor los criterios de dirección que entienda para los puestos clave de la fiscalía. Lo que siempre ha sido aceptado, y quizás discutido, pero nunca de este modo ni con esta agresividad, ni con estos duros ataques, como si esta fiscal general no tuviera el derecho que sí tuvieron otros a conformar la dirección del Ministerio Fiscal con los fiscales que considere que responden a sus criterios directivos. Es decir, como siempre se ha hecho.

"Ese desprestigio y esa crisis se producen y se alimentan, precisamente, por las descalificaciones injustas y partidistas"

¿Dónde está la pérdida de imparcialidad? ¿Y dónde está el desprestigio de la fiscalía o su crisis reputacional, como frívolamente se dice? Ese desprestigio y esa crisis se producen y se alimentan, precisamente, por las descalificaciones injustas y partidistas que solo pretenden instalar a la institución en un marco de confrontación, que se airean ante la opinión pública para intentar desgastar, como sea y sin importar nada, a su máxima representante.

Todos los fiscales generales, nombrados por uno u otro gobierno, han respondido a afinidades políticas o ideológicas concretas. Pero se les ha respetado institucionalmente, aunque no se compartieran sus decisiones de dirección de la Institución o su interpretación de la política criminal. Porque interpretar ésta es el derecho que dimana de las urnas, del voto de los ciudadanos al constituir un Parlamento y éste, a su vez, al elegir al Gobierno que propone al Fiscal General. Es la consecuencia de la democracia y de la Constitución. Hasta ahora, porque todo ha servido para intentar acabar con la fiscal general y, de paso, tratar de desgastar al gobierno legítimamente constituido.

Los que acusan de politizar son quienes verdaderamente politizan, llevando la crítica a la fiscal general al ámbito de la política, criticando, no su interpretación de la política criminal o el funcionamiento de la Institución, sino lo que han considerado su afinidad política.

En mi opinión -y tengo derecho a decirlo al menos en igualdad de oportunidades con los que han opinado lo contrario-, la realidad está en que esta etapa de la Fiscalía General del Estado que ha dirigido Dolores Delgado, con las dificultades que conlleva el cargo, está marcada por aproximar al Ministerio Fiscal a la realidad social con una visión y sentido progresista, mediante la interpretación del interés público tutelado por la ley y con criterios que no satisfacen a los que se resisten a aceptar que en estos momentos no detentan el poder de decidir. Esto los lleva a ejercer una oposición política desde dentro de la carrera y con apoyos en los medios, dirigida a entorpecer su legítima labor, a intentar conseguir su desgaste personal y profesional sin respetar, siquiera, delicados momentos de salud.

Considero una lástima este ejercicio de deslealtad desde el interior de la propia Institución, esta renuncia a discrepar con lo que no se está de acuerdo desde el respeto debido y desde la consideración que los trabajadores públicos -que es lo que somos los fiscales- deben a la Institución en la que se presta el servicio público, ofreciendo, por el contrario, una versión tan políticamente interesada y descalificadora como parcial, tan alejada de la realidad cotidiana del trabajo que ha llevado a cabo la Fiscal General del Estado en su dirección del Ministerio Fiscal en esta etapa.

Una tremenda injusticia que daña a las instituciones, a las personas y al servicio público de la justicia de este país.