Encarar los problemas de la universidad

El mundo universitario español se enfrenta a problemas que no se limitan solo a una dotación presupuestaria que le hace estar en desigualdad de condiciones con otros países del entorno europeo. Podríamos mencionar la adaptación del contenido de los grados a las cambiantes realidades profesionales, una carrera docente burocratizada y precarizada o la desigualdad de acceso a los estudios superiores en función de la renta familiar, así como un peaje de entrada condicionado por la educación secundaria y que la introducción de los másters como culminación casi imprescindible de los estudios de grado ha extremado aún más.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha encarado con determinación la herencia encallada de su predecesor, Manuel Castells, para impulsar la nueva ley orgánica del sistema universitario. Quizá los aspectos sujetos a debate político sean la regularización de las formas de gobernanza, incluyendo un mecanismo de elección de los rectores menos rígido que el previsto por Castells, o la regularización de derechos como el del paro estudiantil, aplazada una y otra vez.

Pero resulta esencial la voluntad de acabar con la precariedad y temporalidad del profesorado, que pasa por no recurrir en exceso a la figura del profesor asociado y establecer una vía de acceso a la carrera docente con plazos razonables (10 años), imprescindible por para emprender la renovación generacional de la próxima década. Y también la incorporación de fórmulas de microformación continua, con las que la universidad asume nuevos compromisos en la mejora de la competitividad del país (y suma nuevas tareas que le ayuden a dar sentido a su estructura y plantillas ante la evolución descendente de la curva demográfica).

Otro desequilibrio que arrastra el sistema universitario desde que el ministro Wert estableciera una amplia horquilla de precios para los créditos universitarios (y los recortes situaran a las universidades en una situación financiera acuciante) es la diferencia del importe de las matrículas entre las diversas comunidades autónomas (con Madrid y Catalunya muy por encima de la media). Un desequilibrio que se paliará el próximo curso con la entrada en vigor del límite máximo de 18,46 euros por crédito en los estudios de grado y los másters que habilitan para el ejercicio profesional.

Que los precios equiparen el coste de carreras de humanidades, con pocos componentes prácticos, y los estudios científicos, técnicos y sanitarios que deben asumir sobrecostes por su elevada carga experimental, es un paso más en la equidad de acceso a la universidad: el acceso a unos estudios u otros debería depender de la capacidad y la vocación, no de factores económicos. Aunque el precio de la matrícula sea solo una parte de las barreras económicas de acceso y se deba actuar en otros muchos factores, como las becas, salario o la posibilidad de compatibilizar estudios y trabajo. De lo contrario, la bajada de las matrículas puede acabar beneficiando a más estudiantes que podrían permitírselas que a aquellos que tienen dificultades económicas más extremas.