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El año 2021 podría recordarse en el futuro por ser el escenario de un firme giro progresista en los países del mundo occidental. La entidad de tal giro está por ver, pero me atrevería a decir que es un punto de inflexión sistémico en las democracias de Europa y América. La poderosa izquierda de los años posteriores a la II Guerra Mundial determina una conquista social indudable: el Welfare State. Su estructura básica estaba compuesta por tres elementos indisociables. El primero, los nuevos derechos sociolaborales (negociación colectiva de sindicatos consolidados, prestaciones sociales como pensiones, educación y sanidad gratuitas y universales). El segundo, impuestos directos progresivos sobre la renta de las personas físicas y de los beneficios de las sociedades, con una presión fiscal efectiva por encima de un tercio del PIB, imprescindible para financiar ese Estado de Bienestar sin disparar la deuda. Y el tercero, una clara intervención pública en la orientación de la economía de mercado, sustentada por un Estado Constitucional de Derecho, con un poder judicial independiente suministrador de seguridad jurídica. Estos tres elementos de las prósperas democracias del siglo XX adquirieron mayor madurez con la creación de la Unión Europea. Pero el Estado de Bienestar siguió teniendo unas raíces nacionales, no supranacionales.

En ese contexto, los partidos socialistas y socialdemócratas vivieron una edad de oro, que empezó a quebrarse cuando una economía progresivamente globalizada desorientó a la izquierda europea y norteamericana. La izquierda socialdemócrata, de alguna manera, ya había cumplido su misión, o la había agotado, y no tenía un recambio ideológico y político a la altura del desafío. Ello permitió al neoliberalismo de Reagan y Thatcher tomar el relevo y empezar a horadar el Welfare State en el último cuarto de siglo. Lo hizo con leyes antisociales y con la ruptura de los sistemas tributarios, favoreciendo a los estratos de población más adinerada por medio de un descenso en los tipos máximos, y con la aparición de los célebres paraísos fiscales. El punto culminante de crisis de ese período es, en mi opinión, la Gran Recesión de 2008 y la política errada de austeridad –mantenida por Ángela Merkel, por cierto– que resultó un verdadero desastre económico y social, en especial para los países del sur de Europa.

Paradójicamente, la crisis del Covid 19, en todas sus dimensiones –humanitaria y económica– ha resultado ser el ‘momentum de recuperación de las políticas keynesianas, de intervención estatal y supraestatal en las políticas fiscales y en las medidas sanitarias. Hay una amplia aceptación social de la mayor presencia de lo público para combatir con éxito el virus y para salir del hundimiento económico. La consecuencia natural de los efectos de la crisis financiera de 2008-2013 y de los ligados a la pandemia es la recuperación de la cultura socialdemócrata. Pero en una situación en la que la acción de la Unión Europea se ha mostrado, por fin, esencial y eficaz para superar la crisis. El Estado de Bienestar del siglo XXI tendrá que tener una perspectiva global, supraestatal y geopolítica.

La aprobación del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del llamado Next Generation EU, con la aportación de 750.000 millones de euros –beneficiando en especial a los más afectados por la pandemia (España, Italia) –, financiado con deuda europea, es una medida de keynesianismo más allá de las fronteras estatales. Es sin duda una decisión progresista, que fortalecerá elementos esenciales del Welfare: protección de la salud, recuperación económica y tributación progresiva.

La socialdemocracia europea lo ha visto y va a tener seguramente el liderazgo lógico de las políticas del siglo XXI en sus primeras décadas. Ya hay datos incontrovertibles de ese cambio en las más recientes elecciones nacionales. Los países nórdicos serán gobernados por partidos socialdemócratas. Alemania parece que también con el triunfo de Scholz. Y en el sur de Europa, hay gobiernos socialistas (España, Portugal), o con participación socialdemócrata (Italia) y centrista (Francia). La excepción continental es el nacionalismo populista del grupo de Visegrado. De otra parte, en el Reino Unido las encuestas sitúan en cabeza a los laboristas, en medio de muestras evidentes del error del Brexit en sus problemas actuales de suministro.

El retorno del multilateralismo

El multilateralismo vuelve también a la escena, después de la derrota del ‘América First’ y del proteccionismo de Trump, aunque es cierto que la política exterior de la Administración demócrata está dando signos preocupantes de subvaloración de la relación transatlántica y sobrevaloración de la estrategia indo pacífica, expresión de cierta inclinación al bipolarismo frente a China.

No obstante, encontramos en Norteamérica una réplica progresista a la crisis económica. El presidente Biden representa la versión socialdemócrata de la política estadounidense. Su apuesta por la inversión pública en infraestructuras es contundente, llegando a cifras nunca alcanzadas en su país, cerca de cuatro mil billones de dólares, aún por aprobar en el Congreso. Añadamos las políticas avanzadas de Trudeau en Canadá.

Hay un punto crucial, sin el cual el “retorno socialdemócrata” no se podría consolidar: los impuestos. La política de gasto, ayudada en la Unión Europea por la suspensión de las reglas fiscales en déficit y deuda, necesita la otra cara de la moneda –nunca mejor dicho–, los ingresos tributarios. En estos mismos momentos se debate a nivel OCDE una especie de misión imposible. La armonización de los impuestos de sociedades al nivel del 15%. Su objetivo es impedir la ingeniería fiscal de las compañías tecnológicas norteamericanas (GAFA), que prácticamente no pagan impuestos, aprovechando la era digital. El 15% es un tipo bajo, pero sería un paso hacia delante. Porque sin impuestos directos progresivos de nivel suficiente, que impliquen subir las cargas sobre las mayores fortunas –y que permita bajar las de las rentas menores–, la pretensión de formular políticas de inversión y de protección social sería una mera ilusión.

También es una ilusión pensar que los grandes retos geopolíticos y una economía globalizada van a conseguirse sin la desaparición de la vergüenza del planeta: los paraísos fiscales. Aquí se entierran billones de euros que deberían servir para luchar contra el hambre en el mundo, contra el cambio climático y contra las brechas digitales de proporciones gigantescas. La socialdemocracia debe encabezar esos desafíos para que su esperado liderazgo sea una realidad. Pero esto exige en aquélla, asimismo, un alto grado de coordinación y de complicidad supranacional. Sin ello, no habrá fuerza suficiente para alejarse de un neoliberalismo ciertamente incapaz de dirigir una sociedad que sea sostenible demográficamente, que sea justa y solidaria ante tragedias como la que sufren inmigrantes y refugiados, y decidida a conseguir la neutralidad climática en 2050. Los objetivos del milenio acordados por Naciones Unidas requieren, entre otras cosas, que una fuerza política como la socialdemocracia recupere la capacidad de marcar el paso de un mundo aún desigual e injusto.

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