El cierre de una discoteca ilegal en Tetuán aviva la lucha vecinal contra los locales nocturnos en Madrid: "Hay que abrir todos los frentes"

Lo habitual es comprobar cómo las decisiones que llegan de arriba afectan a los de abajo, pero esta historia se construye al revés. Tras el cierre de una doble discoteca ilegal del distrito madrileño de Tetuán gracias la lucha de los vecinos, otras comunidades de propietarios en las que se han instalado locales de ocio nocturno han acudido a quienes consiguieron alcanzar tan inesperado fin para emprender el mismo camino.

La discoteca KLK-4K permanecía abierta pese a que caía sobre ella una orden de cierre del Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez-Almeida solicitó, tras el desgraciado suceso de las discotecas de Murcia, que se revisasen las órdenes de clausura de los establecimientos madrileños para evitar que se produjese una situación similar. Tras las quejas de los vecinos, que llevaban tres años pidiendo al Consistorio que revisase el doble local de la planta baja de los números 10 y 12 de la calle de Nuestra Señora del Carmen, y gracias a las informaciones que publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Ayuntamiento, con el respaldo de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid, cerró la problemática discoteca, aunque sólo por un periodo de seis meses.

Este hecho se produjo a mediados de octubre y, desde entonces, la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, que se encargó de dar la voz de alarma por KLK-4K, ha recibido peticiones de ayuda de vecinos de su propio distrito y de otros barrios de Madrid, como el de Prosperidad, para atajar situaciones similares. "Fruto de la visibilización y de la aparición en prensa de la pequeña victoria del cierre efectivo de la discoteca KLK-4K, han contactado con nosotros desde otros vecindarios, de manera que se está creando una incipiente red de ayuda vecinal de comunidades con el mismo problema", explica Alberto, uno de sus miembros.

"Da la impresión de que haber conseguido cerrar esa discoteca, a pesar de que hayan tenido que pasar tres años para que se lograse, ha empoderado y animado a otras personas en las mismas circunstancias a coordinarse y a hacer frente a las discotecas ilegales en sus comunidades", sostiene. Esta semana, la Asociación Vecinal ha reunido en un grupo de Whatsapp a cuatro comunidades de vecinos afectadas, la del KLK, la de la calle Bravo Murillo 211 bis, el after de esa misma vía, pero en el número 360 y otra de Prosperidad, para que intercambien conocimientos unos con otros.

Abrir frentes

Revisar a conciencia las licencias o las declaraciones responsables de esos locales. Buscar vacíos de gestión de los empresarios, como no haber instalado aire acondicionado cuando fuese necesario o no haber pedido permiso para realizar obras en la fachada. No contar con una salida de emergencia adecuada. Sobrepasar los límites de aforo, de ruido o de horario. Cualquier detalle les puede dar un resquicio para recuperar la esperanza de volver a descansar como antes de que llegasen esos locales a sus bloques.

"Deben abrir todos los frentes que la comunidad esté dispuesta a abrir. El administrativo, con las quejas a las administraciones; el policial, con las denuncias por ruido o la inspección de las instalaciones; la presión política, en las Juntas de distrito; la informativa, en prensa y en redes sociales. Se abre todo un abanico porque no se sabe cuál va a ser el que va a funcionar", dice Alberto, que lleva años denunciando este tipo de situaciones desde la Asociación Vecinal y sabe que, cuando se resuelven estas situaciones suele ser como consecuencia de "una combinación de todas" esas herramientas.

"En KLK hubo un factor que no tenía que haberse dado, pero que contribuyó a que se acelerase el proceso en Tetuán: la catástrofe en Murcia. ¿Tiene que morir gente cada vez que cierren una discoteca o el Ayuntamiento de Madrid realmente sabe que eso es su obligación y tiene que estar pendiente, más allá de que las cámaras les estén enfocando o no? El que tiene la llave de abrir y cerrar negocios es quien está en el Gobierno", zanja. 

After con licencia de club social privado

El 1 de diciembre, viernes, abrieron en un portal cercano al de Mariano (prefiere no dar su nombre real) un after llamado Open Club. Ya habían tenido "problemas con las obras" -que continúan, puesto que la planta subterránea aún sigue clausurada-, pero se han visto llamando a la Policía Municipal todos los fines de semana de este mes. Este "club social privado", como lo han definido sus propietarios ante la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, hereda la licencia del anterior negocio instalado allí, La Copa del Veo Veo, que era un local "de exhibiciones eróticas y venta al por menor de artículos eróticos", según la plataforma de Consulta de licencias y expedientes urbanísticos (CONEX).

"Son un club social privado, por lo que la Policía no puede entrar libremente. Es un mecanismo que han utilizado varias veces y la Policía también lo conoce, pero, si es un club social privado, no pueden cobrar por la copa ni por las entradas. Están cobrando y yo incluso encontré una de sus pulseras en el suelo. Tienen un portero y, cuando éste ve que viene la Policía, bajan la música y la vuelven a poner cuando se va", relata este vecino.

Su comunidad ya se plantea  "emprender la vía judicial con un abogado especialista". "La Policía presentó el expediente en la Junta de Distrito y estamos esperando a que alguien de la administración lo vea", refleja. "Vi el caso de la discoteca KLK y que la habían podido cerrar. La Asociación Vecinal me aconsejó que estuviese atento a cualquier tontería y que, por la vía administrativa, lo más importante son las mediciones de ruidos", detalla. 

211 bis de Bravo Murillo

Sergio (tampoco quiere que aparezca su nombre real) es vecino del bloque al que afecta la discoteca que están instalando en el 211 bis de Bravo Murillo. Le viene a la mente la discoteca Sueños, ya cerrada, que se ubicaba a dos minutos caminando desde su casa. Ese local nocturno se dio a conocer en los últimos años por los ruidos, peleas y reyertas que se producían a sus puertas. 

Los vecinos temían que el público de esa discoteca se trasladase a otra de la misma zona y se enteraron de que en el bajo de su edificio estaban reformando un local para destinarlo al ocio nocturno. Desde la Asociación Vecinal alertan de que los empresarios "han visto en Bravo Murillo y en el resto de Tetuán un filón para abrir bares". "Primero vinieron las casas de apuestas y ahora estamos teniendo una oleada de afters y de discotecas", critica.

Antonio Granero, presidente de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, apunta, "ante la inacción de las administraciones y la presión del ocio compulsivo, que ni siquiera hay en la zona un polideportivo para deportes de grupo, unas canchas donde la juventud tenga alternativas de socializar. El Ayuntamiento modificó el proyecto del nuevo polideportivo para convertirlo en un gimnasio con una concesionaria privada".

Una de esas numerosas discotecas será, previsiblemente, la que se instale en el chaflán del 211 bis de Bravo Murillo. Llevan de obras desde el verano de 2022, sin haber avisado previamente a la comunidad, "siempre a puerta cerrada y sin ventilación, claramente, con intención de que no se sepa qué hacen allí", dice este vecino afectado. 

"Han presentado la declaración responsable (documento en el que el empresario manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener una licencia determinada) en la que aparece una salida de emergencia y una salida de ventilación que no existen y que no son factibles", señala. Todos los locales nocturnos que analizan muestran, a ojos de los vecinos, claras irregularidades que el Ayuntamiento no alcanza a evaluar. Como "el ciudadano se siente desamparado" por la administración, indican desde la Asociación, y tiene que buscar por su cuenta la manera de clausurar esos negocios.

El vecino que vive en uno de los pisos que se elevan sobre este último local asegura que "sabemos que han manipulado tuberías dentro del local y que esas tuberías contenían amianto". Lo han puesto en conocimiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (regional) y la Inspección de Trabajo (nacional), pero "no hemos visto acciones posteriores", concluye.