Ayuso recurrirá al TC el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de Sánchez

La noticia se conocía, hoy se le ha puesto fecha. A finales de este mes se presentará el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios en el mes de noviembre, con el que el Ejecutivo de la nación, junto con el impuesto temporal a banca y energéticas, pretende recaudar alrededor de 5.000 millones de euros en cada uno de los dos años en que estarán vigentes, 2023 y 2024 (10.000 millones en total).

La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado tras el Consejo de Gobierno que de manera extraordinaria se ha celebrado en Alcobendas, ha justificado este recurso en que el impuesto nacional invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.

El impuesto temporal a las grandes fortunas deja sin efecto la bonificación casi total del impuesto de patrimonio que se aplica en la Comunidad de Madrid desde 2008 y que otros gobiernos del PP como el de Andalucía han puesto también en marcha, y en el equipo de Ayuso entienden que la decisión de Sánchez solo sirve para "resucitar" este impuesto a pesar de que las comunidades autónomas tienen competencia para su bonificación. "Dejar sin efecto" esta competencia tributaria de la Comunidad, argumenta el Gobierno regional, supone que la medida del Gobierno quiebra el principio de lealtad constitucional.

"Va contra el ahorro y la inversión" e ignora, además, "la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos". La presidenta ha apuntado, además, que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, de modo que entiende que "todo lo que se está haciendo es para sufragar la campaña electoral más cara", en referencia al partido principal que sustenta el Gobierno y las próximas citas electorales, y asegura que lo único que hace su Ejecutivo al interponer este recurso es "defender los intereses económicos de toda España”.

El argumento es el mismo que viene repitiendo la presidenta desde que se supo que Sánchez ideaba este impuesto: desincentiva las inversiones que "vienen a todo el país y si se van de España se van a otros lugares y nos perjudican a todos, perdemos todos".

Ley autonómica

El Gobierno de Ayuso consiguió aprobar en el último periodo de sesiones la ley de defensa de la autonomía financiera con el único fin de tener más argumentos y respaldo jurídico ante este recurso que presentarán en pocas semanas. El Gobierno de Sánchez lleva toda la legislatura, desde el punto de vista de los populares madrileños, amenazando la autonomía financiera de las comunidades autónomas, por eso el equipo de Javier Fernández Lasquetty tuvo como uno de sus primeros objetivos aprobar esta ley que los propios populares reconocen que es de rango inferior a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que concede a las regiones la gestión de los tributos cedidos por el Estado, pero que ha servido durante toda su tramitación para mantener vivo el debate y, ahora que ha llegado el momento de defenderlo jurídicamente, tener un argumento más para hacerlo.

Medidas cautelares

Cuando presenten el recurso, ha adelantado Ayuso, también pedirán la suspensión cautelar de la medida al Tribunal Constitucional, argumentando, entre otras cosas, que "quebranta el principio de seguridad jurídica" por los "efectos retroactivos" que tiene el impuesto aprobado por el Congreso de los Diputados, ya que se aplica a todo 2022 y eso implica a "aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- ahora se van a ver obligados a hacerlo", según reza el comunicado del Gobierno regional.

Además, se apunta desde Sol a la cuestión partidista o territorial, ya que argumentan que el impuesto al patrimonio se aprobó "contra los madrileños y los andaluces", las dos comunidades gobernadas por el PP que han anulado el efecto de este impuesto en sus regiones, y eso supone una "violación del principio de igualdad porque no trata por igual a todos los contribuyentes españoles". Por último, señalan también la "vulneración del procedimiento", ya que el impuesto se aprobó "mediante un procedimiento que ha impedido que los diputados puedan presentar enmiendas, además de no contar con memoria económica ni dictamen de ningún órgano consultivo".