La Junta de Fiscales respalda por 19 a 12 votos que no se admita a trámite la querella del novio de Ayuso

La Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, ha acordado por 19 votos frente a 12 respaldar el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, partidaria de instar la inadmisión a trámite de la querella presentada por la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos contra dos miembros de la carrera, el fiscal al que ha correspondido investigarle por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil -Julián Salto- y su superior jerárquica, la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El asunto ha terminado implicando a toda la cúpula fiscal después de que María de la O Silva, a la que tocó valorar la acción penal presentada contra sus compañeros, mostrara su desacuerdo con la número dos del fiscal general del Estado, que le había ordenado instar la inadmisión de la querella del empresario. En la sesión de la mañana casi la mitad de los fiscales reunidos apoyaban la postura de la teniente fiscal, que se remite a la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la naturaleza del delito de revelación de secretos. En la sesión de la tarde, el respaldo a su criterio frente al de la fiscal del caso se ha visto consolidado.

Fuentes fiscales han señalado a este diario que, aunque la votación se ha saldado con un 19 frente a 12 a favor de la inadmisión de la querella, el criterio unánime ha sido considerar que no se deben conocer los correos electrónicos que se cruzaron los representantes del ministerio público que participaron en la nota de prensa en la que aparecían datos de un pacto propuesto por la defensa de González Amador para evitar el juicio. El fiscal Pedro Crespo, pareja de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, se abstuvo de participar en la votación, aunque no veía motivo legal para ello, ya que ella también se abstuvo en el asunto en cuestión.

Un total de 26 fiscales no veían delito en la actuación de los fiscales contra lo que se dirige la querella por la redacción del comunicado de prensa que ha dado origen a la querella de la pareja de Ayuso. No obstante, algunos eran partidarios de admitirla a trámite, puesto que entendían que, aunque no hubiera delito en los representantes del ministerio público, podía haber sido cometido por otras personas.

Ahora Silva deberá redactar un informe coincidente con la posición que se ha obtenido de la junta. Si rehúsa, será sustituido por otro fiscal. Ese criterio, cuya obtención ha causado una profunda crisis en el seno de la Fiscalía, no tiene por qué ser seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; su presidente, Celso Rodríguez, que ha sido designado ponente, puede admitir a trámite la querella en contra del criterio fiscal.

La fiscal Silva mostró su desacuerdo con la orden de su superior porque antes de interesar el archivo sin más contra los fiscales de Madrid pretendía realizar unas averiguaciones previas, dirigidas a determinar cuál fue la cadena de mando que dio lugar a la emisión de la citada nota de prensa. Por ello invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal y ello ha obligado a convocar a la cúpula de la institución.

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Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, antes del receso que se dieron los fiscales tras las primeras tres horas de debate -han parado para homenajear a un compañero que se jubila- ya habían participado casi la mitad de los 32 fiscales de Sala presentes en la reunión, y la mayoría a favor del criterio de la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde. Al empezar desde los más modernos -designados por los dos últimos fiscales generales y de sensibilidad progresista- a los más antiguos, se esperaba que por tarde hubiera más posiciones cercanas a la fiscal discrepante.

Jurisprudencia, el caso Rosell

Los que apoyan la tesis de la número dos de la Fiscalía se basan en jurisprudencia del Supremo, que viene a señalar que difundir datos que ya son conocidos no supone incurrir en un delito de revelación de secretos. En una de las sentencias que hay sobre la mesa, de 2017, se analizaba un caso similar en relación con la Fiscalía de Las Palmas por la causa en la que se investigó a un empresario que era pareja de la juez y entonces cargo de Podemos Victoria Rosell. Se discutía si la filtración a los medios de comunicación de la investigación preprocesal vulneró derechos fundamentales.

En este caso, la sentencia citaba el artículo 4.5 del Estatuto Fiscal que ampara que esta institución pueda dirigirse a la opinión pública cumpliendo el deber de sigilo inherente al cargo. Concluyó en este caso que la nota informativa que se elaboró respondía a las pautas generales con las opera el Ministerio Público y fue "proporcionada a las circunstancias del caso" y respetuosa con la debida reserva.

En otro caso de 2014 el alto tribunal rechazó de plano la querella contra el exministro de Defensa Pedro Morenés por parte de un militar que consideró delito la difusión de una nota de prensa que hablaba del expediente disciplinario abierto contra él. El Supremo concluyó que no había delito porque la comunicación ministerial fue "comedida, extremadamente aséptica y consignando datos objetivos que circulaban ya libremente por los medios de comunicación".

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ya asumió la "responsabilidad última" por la nota informativa emitida y por ello se ha abstenido de participar en la reunión, en la que están presentes un total de 32 fiscales. También han excusado su presencia el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los máximos responsables de la fiscalía de Criminalidad Informática (Elvira Tejada), Medio Ambiente (Antonio Vercher) y Jesús Tirado, jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Se da la circunstancia de que la mayor parte de los fiscales de Sala que actualmente integran la cúpula fiscal fueron designados durante la etapa de García Ortiz o de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, que en la mayoría de los casos se decantaron por los candidatos propugnados por la Unión Progresista de Fiscales.

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La reunión, en todo caso, tiene carácter consultivo. Una vez escuchado el criterio mayoritario, Sánchez Conde podía ratificarse en su decisión o corregirla, con independencia de lo que determinen la mayoría de los fiscales presentes en la reunión, pero ha visto cómo era refrendada.

A juicio de la número dos del ministerio público, una vez que en otro procedimiento similar instado por el Colegio de la Abogacía de Madrid en un juzgado de instrucción la Fiscalía había instado el archivo, lo pertinente es mantener el mismo criterio con respecto a la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En todo caso, el pasado 15 de abril, García Ortiz ya asumió la "responsabilidad última" de la nota de prensa en cuestión y aseguró que no iba a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".

Durante la sesión la 'número dos' del Ministerio Público, la primera en hablar, defendió que se debe instar al TSJ a archivar la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso.Tras ella, fue el turno de Silva para defender el motivo de su oposición a las órdenes de la superior. Ha sido al abandonar esta fiscal la sala cuando ha comenzado el debate.

La nota de prensa de la fiscalía sobre la que pivota la querella incluyó datos sobre la existencia de un pacto en el que el abogado, Carlos Neira afirmaba que su cliente reconocía los dos delitos de fraude y el de falsificación de documentos por los que el empresario novio de Ayuso es investigado. Este martes se conoció el acuerdo completo, en el que González Amador se muestra conforme a ser condenado a 8 meses de prisión -cuya ejecución quedaría en suspenso- y pagar de más de medio millón de euros para evitar el juicio.