García Carrión declara en la Audiencia Nacional por una presunta estafa en los vinos Valdepeñas

José García Carrión Jordán, propietario de las bodegas que llevan su nombre, una de las más importantes de España y de las más poderosas de la Denominación de Origen Protegido Valdepeñas, ha declarado este martes durante casi dos horas en la Audiencia Nacional en el marco de un caso que investiga posibles delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

A su salida del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de Madrid, García Carrión ha asegurado que todo ha ido "bien" y transmitido que ha dado las explicaciones pertinentes al juez José Luis Calama.

La documentación aportada al caso, según consta en el auto de acusación, “pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA, Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella”.

El lunes de la semana que viene, día 29 de abril, quien tendrá que declarar ante este magistrado será Félix Solis, propietario de la bodega que lleva su nombre y otro de los grandes exponentes de la DOP Valdepeñas.

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Ese tinto no es un gran reserva

El caso se fundamenta sobre la premisa de que García Carrión y Félix Solis, dos de los mayores productores de vino de España y exponentes de la Denominación de Origen Protegido Valdepeñas, no tenían ni las barricas, ni las botellas ni tampoco el tiempo suficiente como para envejecer algunos de los millones de litros de vino tinto que vendieron entre 2017 y 2019 bajo la etiqueta de crianza, reserva y gran reserva.

Eso es, al menos, lo que cree la investigación judicial desarrollada durante dos años y por la que ahora Calama ha decidido citar a los dos dueños de las bodegas para que declaren en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

De esta forma, Félix Solís Yáñez, consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas que llevan su mismo nombre, y José García Carrión Jordán, fundador de las suyas, deberán responder acerca de un descuadre tanto en la documentación facilitada a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) como en la capacidad de producción declarada al Consejo Regulador de la DOP Valdepeñas.

Envejecimiento y etiquetado

Con estas declaraciones, que estaban fijadas inicialmente para principios de diciembre de 2023, pero fueron finalmente aplazadas, el magistrado busca aclarar lo sucedido durante esos años con unos caldos calificados como crianza, reserva y gran reserva, pero que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración, periodo de envejecimiento o permanencia en barrica de roble y/o botella.

Además, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, quiere conocer por qué falta varios requerimientos de información por parte de la UDEV hasta que se les entregaron los documentos solicitados. Una demora que hizo que el proceso de investigación se dilatara desde 2021 hasta mediados de 2023.

En el auto de imputación dictado en su día se explica que dentro de esa documentación se evidencia una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, lo que hace poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados, con independencia de la posible participación en los hechos del resto de operadores que intervienen en este proceso.

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Datos confusos

Concretamente, la apuntada disfunción aparece del análisis de los datos relativos a las existencias de vino, salidas declaradas, declaraciones de aptitud, y parque de barricas.

De esta manera, señala, al inicio del año 2017 los investigados tenían una cantidad considerablemente mayor de vino que la declarada al Consejo Regulador, ascendiendo la diferencia a 914.988 litros. Además, disponían de 605.480 litros de vino de reserva por encima de lo comunicado al Consejo Regulador.

Por otra parte, expone el juez, aparece una diferencia de 4.608.437 litros entre las salidas declaradas al Consejo Regulador y la comercialización a trece empresas del territorio nacional. Concretamente, el vino reserva presenta un descuadre de 3.767.884 litros. Respecto a los datos facilitados a requerimiento judicial esta diferencia alcanza los 15.621.492 litros.

Apunta que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo 2017/2019.

En el auto de citación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también acordó dirigir el procedimiento como personas jurídicas contra las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en este procedimiento.

Además, la resolución acordó tomar declaración como testigo al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2015 a 2019 y a Francisco Martínez Arroyo, quien le sustituyó en el cargo.

Pocas barricas

En cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, “lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora, e investigados”.

Por otro lado, el juez acuerda dirigir el procedimiento contra las certificadoras Sohicert SA. Y Liec Agroalimentaria SL por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados.

“Ello, por cuanto la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación”, aclara.

En el caso de Liec Agroalimentaria, por ejemplo, según expone el auto, entre 2019 y 2020 tramitó ante el Consejo Regulador declaraciones de aptitud por un volumen de aproximadamente 23.000.000 litros de vino envejecido. “No obstante, tal y como consta en los registros de la Denominación de Origen, no dispone de las barricas necesarias para producir esta cantidad en ese periodo de tiempo”.