La mayoría conservadora del Consejo Fiscal se rebela contra García Ortiz y elabora un informe propio contra la amnistía

Los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal han reaccionado ante la negativa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de realizar un informe sobre la proposición de ley de amnistía que ha sido reclamada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y lo hacen redactando su propio borrador contrario a la norma, que califican de inconstitucional por vulnerar la separación de poderes.

El documento se ha elaborado con el propósito de que sea discutido -y previsiblemente aprobado- en el Consejo Fiscal que se celebrará a finales de este mes, el próximo día 25, pero fuentes fiscales advierten a este diario de que el orden el día de dicha reunión lo elabora del propio García Ortiz, por lo que cabe la posibilidad de que este asunto no se incluya para su análisis. Ello iría en la línea adoptada hasta el momento, al vetar hasta tres veces la elaboración de un informe a petición de la mayoría del órgano.

"No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril", señalan los seis vocales en un comunicado hecho público este martes en el que se muestran en contra del argumento de García Ortiz de que el Consejo Fiscal no es competente para informar a la Cámara Alta.

La razón que esgrime García Ortiz es que este órgano tiene entre sus funciones la de informar sobre anteproyectos de ley, pero la amnistía se está tramitando como proposición de la ley del PSOE y sus socios, por lo que la consulta a los fiscales no es preceptiva.

Por su parte, los firmantes afean al jefe del Ministerio Público que no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal "durante semanas". Según precisan los vocales, al enterarse pidieron que se diera curso a la petición, que se designara un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la ley de amnistía, pero no se les ha dado nunca respuesta.

Deber de colaboración

Las competencias del Consejo Fiscal sobre anteproyectos de ley, según este grupo de vocales, no es impedimento para la emisión de informes sobre proposiciones de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas, con las que aseguran "existe el deber de colaboración".

En este caso, apuntan además a la "evidente afectación" que la ley, en caso de aprobarse, "tendría en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal", por lo que no les resulta comprensible que uno de los argumentos por los que García Ortiz no ha atendido la petición de la Mesa del Senado sea que "la materia objeto de la proposición de ley no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal".

"No habiendo recibido respuesta" de García Ortiz, los de la Asociación de Fiscales redactaron un borrador de informe sobre la ley de amnistía. En su informe, que se desarrolla a lo largo de 160 folios a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, sostienen que la norma es inconstitucional al entender que "supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho".

"La Constitución no solo no reconoce expresamente la figura de la amnistía (...) por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional", apuntan.

Para los seis de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, el "diagnóstico de inconstitucionalidad" de una iniciativa legislativa como esta "se ve acentuada aún más si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de 'justicia', sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura gubernamental".

De este modo, si la amnistía "obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden.