Tribunales
El juez del 'caso Koldo' pregunta al fiscal si debe inmovilizar un Ferrari Portofino al "comisionista" de la trama
El magistrado Ismael Moreno pregunta al Ministerio Público si bloquea este vehículo deportivo de color negro al dueño del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama
Los oficios policiales confirman "la influencia" de Koldo sobre el Govern de Prohens, el juez concluye que "ha tenido efecto". / EP
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las mordidas obtenidas por la trama corrupta del caso Koldo en la compra de mascarillas de los Ministerios de Transportes de José Luis Ábalos y el del Interior, de Fernando Grande-Marlaska, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si inmoviliza y traslada a un depósito judicial el Ferrari Portofino de color negro que usaba el dueño del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama. Las conversaciones grabadas por la Guardia Civil identifican a este empresario, que fue cónsul honorario en México, como "comisionista" de los contratos públicos por un valor que supera los 53 millones de euros, según especifica una providencia de 27 de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico.
En la resolución el instructor interpela al fiscal Luis Pastor para que le informe sobre la solicitud realizada por Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de bloquear la transmisión nominal del Ferrari modelo Portofino de color negro, propiedad de la empresa Soluciones de Renting y Movilidad SL, que estaba arrendado a la sociedad MTM 180 Capital SL, con la que Víctor de Aldama cobró 5,6 millones de euros del pelotazo de las mascarillas.
Bloqueo de un correo
Las adjudicaciones de la red corrupta se acordaron en 2020, cuando Koldo García Izaguirre era cargo público de Transportes; en concreto entre el 13 de junio de 2018 y el 11 de julio de 2021 fue asesor del ministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado. Su incremento patrimonial, según la UCO de la Guardia Civil, fue desmedido, pues dispone de bienes muebles e inmuebles por un valor de 1,5 millones de euros.
En la misma providencia de 27 de febrero Ismael Moreno también pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si considera necesario, tal y como le ha reclamado la UCO de la Guardia Civil, bloquear una cuenta de correo electrónico de uno de los implicados.
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