La Fiscalía pide tres años y cinco meses de cárcel para un colaborador de Villarejo por estafa y falsificación

Su voz aparecía en las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, pero sin embargo nunca ha sido investigado en el caso Tándem sobre las actividades presuntamente delictivas del mando policial retirado. En 2017, siempre según los audios incorporados a la Audiencia Nacional por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Alberto Pedraza Jorde recurrió al comisario jubilado para trazar un plan para promover que la Policía y la Justicia española iniciaran una investigación contra los integrantes del Gobierno de Andorra, que dos años antes habían ordenado intervenir la Banca Privada d'Andorra (BPA), propiedad de los hermanos Higini y Ramón Cierco.

A cambio, planeaban ganar hasta “50 millones de euros”. En un audio se puede oír cómo el empresario Alberto Pedraza Jorde anuncia que va a recurrir a la Policía -al exjefe de la UDEF José Luis Olivera-; al entonces jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix; y al propio Villarejo con la finalidad de amedrentar al Ejecutivo andorrano para ayudar a los dueños de BPA, que supuestamente habían recurrido a sus servicios: "Les tienen que amenazar con hundirles la banca", dice Pedraza.

Sin embargo, el primer encontronazo conocido hasta el momento de Pedraza con la Audiencia Nacional se ha producido en un asunto que no tiene nada que ver con Villarejo. La Fiscalía pide para Pedraza Jorde tres años y cinco meses de cárcel por los delitos de estafa y falsificación por tratar de hacerse con 7 millones de euros de una empresa que promovía la construcción de una urbanización en Gdansk (Polonia).

Trabajos simulados

El Ministerio Público le acusa de ponerse de acuerdo con el arquitecto Miguel de Oriol Icaza para "elaborar documentos mendaces" que simulaban un contrato de servicios, y posibilitar que el segundo reclamara ante la justicia polaca el supuesto impago de una trabajos que no llevó a cabo, y por tanto fueron simulados.

"Una vez elaborados tales documentos mercantiles que seguidamente se describirán, fueron presentados por Miguel de Oriol Icaza a través de sus representantes legales ante el Tribunal competente de Gdansk, Sección IX económica, como anexos a la demanda de reclamación de 2.450.000 euros, cantidad, que decía corresponderse con los inexistentes trabajos efectivamente elaborados, que ascendían a 2.190.000 euros, más los intereses", explica la Fiscalía en su escrito de acusación. Sin embargo, la demanda fue desestimada por la justicia polaca, que estimó que los hechos habían prescrito.

4,9 millones

Pedraza, siempre según la Fiscalía, "convenció" a su entonces esposa, Anna Piekar, para que presentara ante la justicia polaca una demanda de reclamación de 4.973.525 euros, "supuestamente amparada en la existencia de los derechos de crédito consistentes en la entrega de cuatro cantidades en concepto de préstamos, que no habrían sido devueltos".

El procedimiento fue suspendido tras iniciar la Audiencia Nacional este procedimiento penal contra Pedraza Jorde, que se encargó de pagar las tasas judiciales de ambos procedimientos de Polonia.

Inducción de un error

La Fiscalía considera, por tanto, que esta reclamación carece de causa legítima: "Cuando se presentó la demanda judicial en reclamación de cantidad, ningún derecho de crédito ostentaba la acusada, ocultándose este extremo al tribunal polaco, para inducirle a error y obtener así el reconocimiento de un derecho de crédito en una sentencia dictada por el tribunal civil de Gdansk".

Además de la petición de cárcel contra Pedraza, la Fiscalía reclama para Miguel de Oriol Icaza 2 años y 4 meses de prisión; y para Anna Piekar 4 meses de cárcel.