Guía del histórico juicio penal a Trump por los pagos a la estrella porno Stormy Daniels

Este lunes, en un tribunal en el sur de Manhattan, ha arrancado un proceso histórico en Estados Unidos. Por primera vez un expresidente de la primera potencia mundial se sienta en el banquillo de los acusados imputado por lo penal.

El caso está originado por los pagos que Donald Trump realizó antes de las elecciones presidenciales de 2016, para silenciar a Stormy Daniels, la estrella porno que afirma que mantuvieron una relación sexual una década antes. En su centro no están los pagos en sí, sino la falsificación de documentos para encubrirlos.

Esta ha sido es la primera de las cuatro causas penales que enfrenta el candidato de facto presidencial republicano para noviembre de 2024 que llega a juicio. Posiblemente sea la única que se resuelva antes de que tengan lugar los comicios, con las otras tres atrapadas en la estrategia de retrasos que está aplicando la defensa de Trump y que, pese a intentos frenéticos en los últimos días, han fracasado en el caso neoyorquino.

Esta es la guía fundamental sobre el histórico juicio:

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El juicio

El proceso ha empezado este lunes con la selección del jurado popular que deberá decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Trump, que al tratarse de un caso penal está obligado por ley a acudir en persona cada día a los procedimientos.

Esa selección, en la que se someterá a potenciales jurados a un cuestionario de 42 preguntas, podría alargarse una o dos semanas. Una vez que estén elegidos los 12 miembros y seis más como suplentes alternativos, cuyas identidades se mantendrán anónimas, arrancará el juicio.

El tribunal tiene calculado que el proceso, que se celebrará todos los días laborables salvo los miércoles entre las 9.30 y las 16.30, podría prolongarse entre seis y ochos semanas.

El caso

En 2016, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que Trump acabaría ganando, Michael Cohen, entonces su abogado y 'fixer', pagó 130.000 dólares a Stormy Daniels para que la estrella porno no hablara públicamente de la relación sexual que asegura que había mantenido con Trump.

Esa relación se produjo, según Daniels, cuyo nombre no artístico es Stephanie Clifford, una década antes, cuatro meses después de que Melania Trump, la tercera esposa del empresario, hubiera dado a luz a Barron, el hijo de ambos.

Meses después de aquel pago, y cuando ya había ganado las elecciones, Trump pagó a Cohen 420.000 dólares, que incluían el reembolso del pago a Daniels, un extra de 60.000 dólares, y dinero para cubrir los impuestos que el abogado debía pagar por los cobros.

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Los cargos

Aunque el pago a Daniels no es ilegal en sí mismo, cómo se contabilizó sí representó un fraude según la oficina del fiscal del distrito del condado de Nueva York, Alvin Bragg. El representante del ministerio público en Manhattan, un demócrata que en 2021 se convirtió en la primera persona negra elegida para el cargo, fue quien convenció a un gran jurado para imputar hace poco más de un año con 34 cargos a Trump, que se ha declarado "inocente", igual que de los otros 54 cargos que enfrenta en los otros tres casos penales.

11 de los cargos en Nueva York provienen de las facturas mensuales que envió Cohen, 11 por los cheques que le envió el presidente y 12 por las anotaciones falsas en los registros contables en el fideicomiso de Trump, donde se documentaron los pagos como costes legales por servicios de Cohen según un contrato que en realidad no existía.

El quid del caso

Aunque las violaciones en la contabilidad podrían haber sido solo faltas, Bragg las elevó a categoría de delito al plantear que se realizaron para ocultar otro crimen. Concretamente, Bragg apunta a violación de las leyes federales de campaña, un crimen contra la ley electoral estatal y fraude fiscal.

La fiscalía no necesita imputarle por el segundo delito ni probar que lo cometió, solo tiene que demostrar ante el jurado que había intención de cometerlo u ocultarlo.

La idea es señalar que Trump planeaba influenciar las elecciones no solo pagando para silenciar a Daniels sino también cualquier otra historia que resultara nociva para él. Y la fiscalía señala a un patrón de conducta, en el que con la colaboración del tabloide ‘National Enquirer’ se suprimieron dos historias más.

Una es la de Karen McDougal, una modelo de 'Playboy' que también asegura haber tenido una relación sexual con Trump. El tabloide le pagó 150.000 dólares y aplicó una estrategia que se conoce como "catch and kill" (literalmente "atrapar y matar") con la que se entierran informaciones que no se quiere.

La publicación, que editaba un amigo de Trump, también pagó 30.000 dólares por la historia de un antiguo portero que afirmaba que el empresario tenía un hijo bastardo (el tabloide la descartó como falsa).

Los protagonistas

El juicio lo preside Juan Merchan, un juez de 61 años que nació en Colombia pero se crió como Trump en Queens y que el expresidente ha intentado sin éxito repetidas veces que sea retirado o se recuse del caso. El juez ha impuesto órdenes mordaza sobre el acusado prohibiéndole atacar a testigos, a fiscales y las familias de Bragg y de él mismo. Pese a ello, Trump no ha dejado de asaltar ni al fiscal ni al magistrado o a su hija, que trabajó para una empresa que asesoró a la campaña de Joe Biden en 2020.

Frente al equipo de la fiscalía de la oficina de Bragg estará el de la defensa de Trump, dirigido por el abogado Todd Blanche. Antiguo votante demócrata que trabajó en la misma oficina que ahora dirige Bragg y en el más antiguo bufete de Wall Street, Blanche se ha registrado republicano, ha montado su propia firma y se ha trasladado a Florida.

Blanche, que desde abril del año pasado ha cobrado tres millones de dólares por la defensa de Trump, parte de ellos a través del Comité de Acción Política Save America, también representa al expresidente en los casos penales que enfrenta por el manejo irregular de documentos clasificados y por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Solo no trabaja en el caso en Georgia por esos intentos de fraude electoral en el estado.

Los potenciales testigos

El testigo central se espera que sea Cohen, algo que puede ser problemático para la fiscalía y explotado por la defensa de Trump. Cohen se declaró culpable en 2018 de varios crímenes federales, incluyendo por violar leyes de campaña, evadir impuestos, hacer declaraciones falsas a un banco y mentir al Congreso.

Podrían pasar también por el estrado Daniels y McDougal así como David Pecker, que fue editor del ‘National Enquirer’. Además la fiscalía podría convocar a Hope Hicks, que trabajó tanto para la campaña como para la Casa Blanca de Trump; así como otras asesoras del expresidente y trabajadores de su organización.

La defensa, por su parte, planea convocar como testigo a un antiguo responsable del Comité Federal Electoral, aunque el juez ha prohibido que dé su opinión sobre si lo que hizo el expresidente fue legal. También podría optar por llamar a Trump a testificar en su propia defensa.

Posibles penas

Una vez que el jurado alcance su veredicto, y si lo encuentran culpable, será el juez Merchan el que imponga la sentencia de condena.

Cada uno de los 34 cargos que enfrenta Trump puede conllevar una condena de entre 14 meses y cuatro años de cárcel, además de una multa de 5.000 dólares por cargo.

El juez Merchan podría decidir en caso de que sea declarado culpable de más de un cargo que cumpla las penas de forma consecutiva o simultánea.

El magistrado también podría optar, en caso de un veredicto de culpabilidad, por dejar en libertad condicional a Trump, considerando que no tiene antecedentes penales pero, también, la inédita situación electoral.

¿Qué pasa si Trump va a la cárcel?

Incluso si Trump entrara en prisión podría seguir realizando su campaña desde prisión y si llegara a ganar las elecciones también podría ejercer la presidencia desde la cárcel, al menos según la Constitución, aunque posiblemente se abriría una batalla legal que tendría que resolverse en los tribunales.

Lo que Trump no podría hacer si es condenado e incluso si gana la presidencia es otorgarse un perdón. Esa autoridad presidencial solo aplica a casos federales, y no estatales como los de Nueva York y Georgia.