Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por no renovar el CGPJ

A dos días del inicio de la campaña electoral de las elecciones legislativas del 23J, la

Comisión Europea

vuelve a tirar de las orejas a España y lo hace con contundencia. A pesar de la urgencia, el

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse

y no se han dado pasos para modificar el procedimiento de nombramiento de sus jueces lo que plantea "serias preocupaciones” y repercute “en los nombramientos del Tribunal Supremo y el sistema judicial en su conjunto”. Tampoco ha habido avances para separar el mandato del fiscal general y del gobierno y el régimen de incompatibilidades de los jueces con otras profesiones como nombramientos políticos sigue generando “preocupación”. 

El informe anual sobre el estado de derecho en España, el cuarto que presenta desde que lanzara este ejercicio, publicado este miércoles por la Comisión Europea en un ejercicio que repite con todos los Estados miembros vuelve a lanzar la voz de alarma. “No se ha avanzado en la renovación del CGPJ con cuestión prioritaria ni iniciado inmediatamente después de la renovación, el proceso para adaptar el nombramiento de sus magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas”, avisa el informe que han presentado la vicepresidenta responsable de valores, Vera Jourova, y el comisario de justicia, Didier Reynders, en un informe que alerta de que “la falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando inquietud en relación con el número de asuntos juzgados por el Tribunal Supremo y su duración”.

“Proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura”, reclama la Comisión que advierte que “la falta de renovación está teniendo un impacto en el trabajo del Tribunal Supremo y el sistema de justicia en su conjunto”, avisa el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones de 2023.

Fiscal general

Bruselas tampoco ve “ningún avance”

en cuanto al refuerzo del estatuto del fiscal general

teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía ni constata progresos “en la resolución de los problemas relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”. En este terreno, Bruselas vuelve a encomendar a España que refuerce el estatuto del Fiscal General del Estado, “en particular en lo relativo a la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la fiscalía”. También pide a las autoridades españolas que redoblen “los esfuerzos para hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos” con el objetivo de “aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, y concretamente finalizando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Avances

Los únicos avances se refieren al refuerzo en el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales

, a la presentación de legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión, sobre la que Bruselas constata “avances significativos”, y la asginación de recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales refuerce sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación. Un ámbito en el que según la Comisión, España ha aplicado plenamente la recomendación.

En este terreno Bruselas pide a España que culmine las reformas adoptando la legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión, reforzando las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, reforzando el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses, y mejorando también el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.