Nuevas reglas fiscales para la UE

El Ecofin se reúne hoy en Estocolmo para examinar, por primera vez ,las nuevas reglas fiscales comunitarias, que suponen una revisión de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) nacido en 1997. La propuesta de la Comisión Europea responde a los criterios políticos y económicos implementados durante la crisis pandémica para responder a una demanda muy generalizada que se suscitó tras la crisis económica y financiera de 2008.

Los sufrimientos que la receta de la austeridad había causado en los países más afectados por la fuerte caída del ciclo económico provocado por la falta de regulación en el sistema financiero norteamericano, justifican el actual cambio de perspectiva. El objetivo de la reforma, que empezó a elaborarse antes del estallido de la pandemia, es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública garantizando una reducción "realista, gradual y sostenible" de la misma, y promover, al tiempo, un crecimiento económico también sostenible mediante proyectos de reforma e inversión.

Los estados miembros tendrán que presentar planes de ajuste a cuatro años, que podrán ser incluso ampliables a siete y que deberán contener tanto la cuantificación de las reformas estructurales cuanto la forma de financiación. No será idéntico el peso de la deuda provocada por inversiones productivas que la resultante de gastos corrientes. Los límites de referencia de la deuda y del déficit seguirán siendo del 60% del PIB y del 3% del PIB, respectivamente, aunque la Comisión Europea podrá aprobar trayectos singulares, siempre que estén justificados por las reformas o los incrementos de productividad.

La eliminación del viejo corsé sistémico permitirá a los países más activos avanzar más rápido y aplicar políticas keynesianas, es decir, combatir la recesión mediante inversiones públicas que ceben la inversión privada. España, parte activa en el diseño del modelo, ya ha declarado que el documento de Bruselas responde a sus criterios de cambio de paradigma. Mientras, el eje franco-alemán ha expresado diferentes visiones. París se opone a soluciones generales, idénticas para todos los países, y reclama la singularización estado por estado de la senda de desarrollo. Alemania, con una larga tradición de ortodoxia, exige controles estrictos de las políticas macro de los estados miembros. Con el sistema que se propone ahora tampoco se bajará la guardia: continuará la supervisión y las sanciones a los incumplidores.  

España, que en 2022 registró un déficit del 4,8% (por debajo del 5% previsto) y que había planeado alcanzar el 3,9% en 2023, adelanta a 2024 la reducción del déficit al 3% para eludir la dureza de Bruselas. Ese es el plan que hará llegar al Ejecutivo comunitario antes del 30 de abril. La intención del Gobierno es seguir reduciendo el agujero presupuestario y llevarlo al 2,5% en 2026.

Seguimos teniendo una deuda demasiado alta, pero hay margen para un descenso continuado mientras se se moderniza el país si no surgen nuevos obstáculos inesperados ni se agrava la situación bélica europea en la que está sumido el continente tras la invasión rusa de Ucrania.