La corrupción sacude al Parlamento Europeo

Nunca un escándalo de corrupción había asestado un golpe tan rápido, tan duro y tan contundente al Parlamento Europeo, la institución más valorada por los ciudadanos y artífice del hundimiento de la única Comisión Europea que ha caído tumbada precisamente por abuso de poder, fraude y corrupción, la que presidió entre 1995 y 1999 el luxemburgués Jacques Santer. Treinta años después, este órgano legislativo es protagonista de una presunta trama de espionaje y sobornos, supuestamente orquestada por Qatar y Marruecos, para comprar voluntades políticas e influir en la toma decisiones. Un caso de injerencia extranjera que ha puesto patas arriba la institución y su reputación por la falta de transparencia y control , y que de momento se ha saldado con cuatro personas detenidas en Bélgica -incluida una ex vicepresidenta de la Eurocámara- y dos más en Italia. 

La noticia estallaba a primera hora del viernes 9 de diciembre a través de varias informaciones de los diarios belgas 'Le Soir' y 'Knack' sobre una macroredada en la capital, confirmada a lo largo de aquel día por la Fiscalía Federal de Bélgica. La bola fue creciendo poco a poco y para el lunes eran más de una veintena los registros de domicilios en Bélgica e Italia y de despachos en la sede del Parlamento Europeo, algunos de ellos precintados desde entonces, más de 1,5 millones de euros en metálico incautados, y teléfonos y material informático requisados para evitar la destrucción de pruebas, seis las personas interpeladas en Bélgica y cuatro los arrestados por "pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero”, además de otras dos en arresto domiciliario en Italia.

El mayor bombazo fueron las identidades de los imputados. En lo alto de la lista nada menos que una de las 14 vicepresidentas del Parlamento Europeo, la socialdemócrata Eva Kaili (Salónica, 1978), una conocida expresentadora de televisión y figura ascendente de la política en Grecia, apartada de forma radical nada más conocerse las acusaciones de sus funciones en el Pasok griego y en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, antes de ser destituida de forma fulminante de sus funciones de vicepresidenta por el pleno en un voto aprobado casi por unanimidad (solo hubo un disidente). 

Del cielo al infierno en una semana

El golpe de gracia, tras casi seis meses de investigación judicial, arrancaba a primera hora del viernes, frente al domicilio compartido por Kaili y su pareja, un italiano llamado Francesco Giorgi, a escasos metros de la sede de la Eurocámara. Unidades de la policía federal esperaban pacientemente a que este asesor parlamentario de 35 años saliera de casa para echarle el guante. La inmunidad de la eurodiputada les impedía entrar, así que tan pronto como lo vieron salir por la puerta del garaje lo arrestaron. Fue el pistoletazo de salida a otros registros en distintos domicilios de Bruselas y su periferia.

En el visor de la policía había uno en particular: el de Pier Antonio Panzeri, eurodiputado entre 2004 y 2019, que llegó a ser presidente de la subcomisión de derechos humanos de la Eurocámara entre 2017 y 2019 y de la comisión UE-Marruecos. Cuando dejó el escaño fundó la oenegé Fight Impunity que cuenta como miembros honorarios a la exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al excomisario de Interior Dimitrios Avramopoulos y hasta el médico congolés y Nobel de la Paz en 2018, Denis Mukwege.

En casa de este italiano de 67 años la policía se incautó de más de 600.000 euros en metálico. Junto a Giorgi y Panzeri también fueron arrestados el sindicalista italiano Luca Visentini, al frente de la Confederación Internacional de Sindicatos, y el responsable de otra oenegé No Peace Without Justice, cuya sede está en el mismo edicicio que la que dirige Panzeri, Niccolò Figà-Talamanca.

Poco después la policía interpelaba a una sexta persona cuando intentaba huir del hotel Sofitel, tras lo que parece un soplo, con una maleta repleta de dinero: el padre de la eurodiputada, Alexandros Kaili. Este hallazgo dio pie al juez que instruye el caso, Michel Claise, a determinar que existe “flagrante delito” y ordenara el registro del domicilio de Eva Kaili obviando su inmunidad parlamentaria. Los investigadores no se lo podían creer: en el interior más bolsos y bolsas de lujo de viaje llenos de fajos de billetes y regalos supuestamente procedentes de Qatar.

En el radar hay otras figuras cercanas a los eurodiputados socialdemócratas belgas Marie Arena, que se ha apartado de sus funciones como presidenta de la subcomisión de derechos humanos hasta que se esclarezcan los hechos, y Marc Tarabella. El domicilio de este último también ha sido registrado por la policía en presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tal y como obliga la Constitución belga. También han sido registradas otras oficinas vinculadas a personas cercanas a la subcomisión de derechos humanos y requisado más material. 

“Las noticias de los últimos días parecían una mala película de Netflix. Bolsas de dinero en efectivo, oficinas registradas y búsqueda en casas. Pero no es una película. Es la fea verdad de la corrupción a alto nivel en el corazón de la democracia europea”, lamentaba esta semana el eurodiputado conservador holandés y presidente de la comisión que investiga en la Eurocámara el programa el espionaje con Pegasus, Jeroen Lenaers.

Primera confesión de Giorgi

De los seis arrestados en la vasta operación dos fueron finalmente puestos en libertad -Alexandros Kaili y Visentini- mientras que los cuatro restantes han sido inculpados con los cargos de “pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero”. Tras la vista oral celebrada este pasado miércoles, el juez que instruye el caso ha decidido mantener en prisión a Giorgi y Panzeri mientras que ha decretado la puesta en libertad, aunque con brazalete electrónico, de Figà-Talamanca. Kaili no conocerá su destino inmediato hasta su audiencia este 22 de diciembre, aplazada a petición propia. 

En su primera confesión ante el juez Giorgi ha descargado a su pareja de toda responsabilidad y ha solicitado su liberación a cambio de su total colaboración. “Lo hice todo por un dinero que no necesitaba. Pero ahora liberen a mi pareja, debe estar con nuestra hija”, habría declarado, según documentos vistos por Le Soir y La Repubblica. Su papel sería gestionar el dinero en efectivo de la organización, utilizado a cambio de favorecer a Marruecos y Qatar, y que tendría a Panzeri como jefe de filas.

Giorgi también habría implicado a Tarabella en la red y a su jefe, el eurodiputado italiano Andrea Cozzolino que preside la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países del Magreb, incluido Marruecos, Argelia y Túnez y que ha sido apartado de sus responsabilidades. como el resto de los socialdemócratas salpicados por el asunto.

En el Parlamento Europeo nadie descarta que salgan nuevos nombres. De momento en el epicentro de la trama continúa Panzeri, a quien los investigadores consideran el supuesto cabecilla de una red creada para beneficiar a Qatar y Marruecos y de la que eran conscientes su mujer y su hija, que también participaron en “el transporte de regalos”, según la orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales belgas a Italia, consultada esta semana por Politico. Ambas, Maria Dolores Colleoni y Silvia Panzeri, también están bajo arresto domiciliario en Bérgamo.

La euroorden apuntaría además a que detrás de estos “regalos” estaría presuntamente el actual embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, amigo de Panzeri, y a quien se referían como “gigante”. A él se le atribuye una tarjeta de crédito encontrada en manos de la mujer y la hija de Panzeri y utilizada por estas para sus gastos.

Los servicios secretos belgas

Todos estos detalles serían resultado de las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos los Panzeri. La investigación de la oficina contra el fraude se inició en julio pasado pero el origen se encuentra antes, en el año 2021, cuando la Seguridad del Estado belga puso en marcha una investigación sobre posibles injerencias extranjeras en colaboración con otros cinco países europeos. De hecho, fue la Seguridad del Estado -responsable de recabar información sobre actividades que pueden suponer una amenaza para el estado- quien en un principio descubrió indicios del presunto delito, durante una “visita clandestina” al domicilio de Panzeri en la que encontraron 700.000 euros. 

Tras el hallazgo decidieron desclasificar parte del expediente y trasladarlo al ministerio público. A partir de aquel momento, el 12 de julio, arrancó la investigación de la oficina central para la represión de la corrupción que apunta como origen de los sobornos, antes que Qatar, a Marruecos y a sus servicios secretos (la Dirección General de Estudios y Documentación), un país con muchos más intereses y mucho más en juego en Bruselas que el del Golfo y al que Panzeri viajó durante su época de eurodiputado con asiduidad. 

“Nada de esto es nuevo para quienes andamos por el Parlamento Europeo. Es un comentario generalizado que, durante las sesiones plenarias, la embajada marroquí tiene prácticamente una oficina permanente en el bar de eurodiputados”, ha denunciado esta semana el eurodiputado Miguel Urbán (anticapitalistas) que acusa a los socialistas de bloquear desde hace años debates y resoluciones en la Eurocámara críticos con Marruecos o con la situación en el Sáhara ocupado. 

“Conozco muy bien a Antonio Panzeri, con el que tuve muchos encontronazos porque pretendía interesarse por los derechos humanos pero en el fondo para frustrarlos. Estaba claro en el caso del Sáhara, que estaba al servicio de los marroquís. No solo Qatar paga. Y el compañero de Kaili era el asistente de Panzeri así que no me sorprende nada”, decía también en los micrófonos de la cadena portuguesa SIC la socialista Ana Gomes, eurodiputada igual que Panzeri entre 2004 y 2019.

Reforma radical

La onda del choque ha sido tan intensa y el daño a la reputación de la Cámara tan grande que la presidenta Metsola ya ha prometido a los líderes europeos una reforma radical a partir del nuevo año de las reglas de funcionamiento interno y del código de conducta. La dirigente maltesa quiere regular las relaciones de los eurodiputados con terceros países, prohibir los grupos de amistad no oficiales con terceros países, revisar quien puede entrar en la Eurocámara y hacer obligatorio el registro de transparencia para que quede recogido con quien se reúnen diputados y asistentes parlamentarios. Además, todos los expedientes relacionados con Qatar han quedado paralizados, particularmente el informe sobre la liberalización de visados para los ciudadanos catarís, y todas las decisiones de los últimos años serán examinadas con lupa.

“Las acusaciones no son sobre izquierda o derecha o norte o sur. Se trata del bien y del mal. Y les pido que resistan la tentación de explotar este momento en beneficio político”, reclamaba el lunes la jefa de los socialistas europeos, Iratxe García, que ha anunciado que se personarán como parte perjudicada en el proceso judicial. A año y medio de las próximas elecciones europeas de 2024 -y aunque todavía pueden caer más cabezas- el Partido Popular Europeo ha optado por hacer oídos sordos al llamamiento a la calma de Metsola. “Hay que discutir sobre hipocresía: el grupo socialista, siempre más papista que el Papa, está en epicentro del Qatargate. Es hora de que rindan cuentas. Se ha demostrado que sus discursos sobre el estado de derecho son pura hipocresía”.