Igualdad mira con "envidia" a Francia: "Ojalá el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo fuera constitucional"

Francia ha votado este lunes una decisión histórica: incluir el derecho al aborto en su Constitución. Se trata de un hito en la lucha feminista que no tiene ningún precedente a nivel internacional. La modificación constitucional, pese a ser muy breve, blinda el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo haciendo muy difícil que un futuro Gobierno contrario al mismo pueda aprobar una ley que lo declarare ilegal.

"La ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo", dice el texto añadido al artículo 34 de la Constitución. Los parlamentarios reunidos en el Congreso en Versalles han votado a favor de esta enmienda, que requería una mayoría de tres quintos de los parlamentarios, por 780-72, convirtiendo a Francia en el primer país del mundo en blindar este derecho. "El hombre que soy no puede imaginar la angustia que pudieron haber experimentado estas mujeres privadas de la libertad de disponer de su cuerpo", declaraba el primer ministro Gabriel Attal poco antes de conocerse una decisión a la que, desde España, la ministra de Igualdad Ana redondo ha mirado con "envidia".

"Francia ha abierto nuevamente un camino que, ojalá, podamos transitarlo también en España. Me gustaría que el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia maternidad, también fuera un derecho reconocido constitucionalmente", ha asegurado la ministra durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado para explicar las líneas generales de su departamento a petición de los grupos parlamentarios.

Disquisición de derechos

Blindar el aborto en la Constitución española permitiría, según la ministra, que no se produzca un retroceso en los derechos de las mujeres. "Es verdad que tenemos que ponderar la objeción de conciencia, un derecho reconocido constitucionalmente, y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre que hablamos de derechos nos encontramos con esta misma disquisición: hacer que convivan y que subsistan sin que ninguno de los dos ceda absolutamente al otro".

Pero ahora mismo, opina, el que está cediendo es el del aborto. "Lamentablemente, en esa ponderación la objeción de conciencia ha pesado más en aquellos centros de comunidades autónomas donde se sigue teniendo un criterio propio en relación con la interrupción voluntaria del embarazo", ha afirmado en la cámara alta. Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, publicado el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Sanidad, de los 98.300 abortos realizados en España en 2022, el hasta un 82,7% se produjeron en un centro derivado y solo un 17% en uno público.

Porque, a pesar de que el aborto es un derecho en España desde hace décadas, y de que la Ley de 1985 ya contemplaba que las IVE se dieran en la sanidad pública, a día de hoy la gran mayoría de las interrupciones se siguen llevando a cabo en clínicas acreditadas. Por eso, la ministra ha indicado que una de las prioridades en esta legislatura es la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, "para que las mujeres puedan ejercer su derecho en el ámbito de la sanidad pública y en todo el territorio del Estado con criterio de libertad".

Renovación del Pacto de Estado

Durante su comparecencia, la titular de Igualdad también ha enumarado otras de sus prioridades, siendo la primera la de reforzar los medios y recursos en la lucha contra la violencia de género. Para ello, ha defendido la renovación del Pacto de Estado y ha anunciado que esta semana se registrará la petición conjunta -a falta de Vox- de creación de una subcomisión que retome los trabajos iniciados la pasada legislatura. El objetivo es que este nuevo pacto busque dar una mejor respuesta a las víctimas, atendiendo además a las nuevas formas de violencia, como aquellas que se desarrollan en el ámbito digital.

La ministra también ha asegurado que se crearán las Unidades de Valoración Forense Integral en todas las comunidades autónomas, como está previsto en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ana Redondo también ha señalado la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional o reforzar el funcionamiento de los Centros de crisis 24 horas, "poniendo a disposición los recursos necesarios para garantizar a las víctimas de agresión sexual toda la atención y acompañamiento que requieren".

Asimismo, y como segunda prioridad, ha propuesto un gran Acuerdo contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos más vulnerables, como vienen pidiendo asociaciones y sindicatos desde hace tiempo. En este sentido, ha recordado que, a pesar de los avances legislativos, la proliferación de estos discursos dirigidos hacia las personas y colectivos más vulnerables "exige una respuesta institucional". Sobre todo cuando, como ha resaltado, los delitos de odio crecieron un 3,7% en 2022, con los de odio por racismo y xenofobia como los más numerosos (un 43,5%) seguidos de los LGTBIfóbicos (con un 24,5%).

Fomento de los servicios de cuidados

Otra de las prioridades será la "protección a los menores de la pornografía", para lo que se ofrece un Acuerdo de país para proteger a los niños y adolescentes en la red con tres ejes: la aprobación de una ley integral para la protección de los menores, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación; y la creación de herramientas que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad.

Asimismo, ha anunciado que implementarán el programa Corresponsales y el fomento de los servicios de cuidados desde lo público para facilitar que la maternidad no las penalice en el mercado laboral. "Es imprescindible desterrar la idea que tradicionalmente asocia a las mujeres con los cuidados. Cuidar no es ni una inclinación natural de las mujeres, ni mucho menos su responsabilidad exclusiva”, ha subrayado Redondo, recalcando además la creación de una Mesa de Diálogo Social para los Usos del Tiempo y la Racionalización Horaria