LEY TRANS Y LGTBI

La ley LGTBI y trans se retrasa, víctima de la burocracia

  • El anteproyecto sigue en el seno del Gobierno, aún no ha llegado a los órganos consultivos

  • El hecho de que haya dos ministerios implicados en el proyecto, Igualdad y Justicia, ralentiza la tramitación

Manifestación en el Congreso a favor de la ley trans el pasado mes de marzo.

Manifestación en el Congreso a favor de la ley trans el pasado mes de marzo. / EFE/Mariscal

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La ley trans se vuelve a demorar. Primero, una durísima negociación entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, víctima de la burocracia. El anteproyecto de ley trans y por los derechos de las personas LGTBI salió hace casi seis meses del Consejo de Ministros, pero aún no ha llegado a los órganos consultivos que deben emitir sus informes antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados.

El anteproyecto sigue en el seno del Ejecutivo a falta de ultimar un detalle formal, precisan fuentes del Ministerio de Justicia, departamento encargado de remitirlo al Poder Judicial, al Consejo Fiscal o al Consejo de Estado para que evalúen la norma.

Desde Igualdad indican, sin embargo, que el texto del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI se cerró a finales de octubre con las aportaciones de las comunidades autónomas y otros ministerios, que fue enviado a Justicia a comienzos de noviembre y que recibió el informe de Hacienda a mediados de ese mes. En este tiempo se han producido además cambios en el organigrama de Justicia, lo que ha podido influir en este asunto.

Las fuentes del departamento dirigido por Irene Montero informan de que han solicitado a Justicia que envíe el texto a los órganos consultivos mediante el trámite de urgencia, para agilizar el proceso.

Las organizaciones que agrupan al colectivo LGTBI y específicamente a las personas trans se quejan de la dilación en la gestión de los tiempos de la futura ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, sobre todo después del intento -frustrado- de Vox de derogar en la Comunidad de Madrid la legislación autonómica que protege al colectivo.

Una crítica que también ha elevado Más País, que ha exigido al Gobierno acelerar los trámites para la aprobación inmediata del proyecto.


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La explicación oficial que ofrecen desde Justicia al retraso que acumula el envío de la ley trans a los órganos consultivos es que estaba pendiente de un "detalle técnico formal". Probablemente alguna documentación del expediente. Se trata de un proyecto compartido con Igualdad. Y si a colaboración entre dos Ministerios suele ser complicada, más aún si hay al frente ministros de distintos partidos políticos.

Lo que sucede es que este caso la lentitud en la tramitación es más llamativa porque los problemas de fondo -el debate sobre la autodeterminación de género - se resolvieron con un pacto interno. Hay textos del Gobierno que aunque se hayan pactado entre el PSOE y Unidas Podemos continúan generando problemas, pero no es lo que ha ocurrido con la ley trans.

La prueba es que en el Congreso Federal del PSOE, celebrado en octubre pasado en Valencia, éste fue uno de los puntos de mayor conflicto interno. El llamado feminismo histórico presentó enmiendas para corregir la ley y que se ampliaran los requisitos para el cambio de género -el texto contempla acudir sólo al Registro Civil y la obligación de ir a los tribunales para poder revertirlo-. Pero la dirección socialista tumbó esta pretensión e incluyó en la ponencia final del cónclave una redacción acorde al pacto con Unidas Podemos. Desde el PSOE, indicaban, "hacemos nuestras las reivindicaciones del colectivo trans con esta nueva legislación".

De hecho, Justicia niega que la demora de seis meses guarde alguna relación con esto.


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Los colectivos ya preparan sus enmiendas para el Congreso

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (Felgtbi+) y la Federación Plataforma Trans esperan una mayor diligencia para que la norma llegue cuanto antes al Congreso y ya trabajan en las enmiendas que plantearán a los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de que el texto se mejore en la Cámara Baja.

La presidenta de la Felgtbi+, Uge Sangil, reconoce que los tiempos se están dilatando más de lo deseado: "Se están dando los pasos adecuados, pero vamos lentos. Pido a los consejos que tienen que hacer los informes que se den prisa".

Por su parte, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, muestra su malestar y denuncia que el Gobierno "esté incumpliendo sus plazos". Cambrollé pide que el anteproyecto se tramite de urgencia porque existe un contexto de alarma social debido a la amenaza de la ultraderecha y del aumento de las agresiones al colectivo LGTBI.

Tanto la Felgtbi+ como la Federación Plataforma Trans abogan por que el Congreso enriquezca el texto que salió del Consejo de Ministros introduciendo tres puntos clave: el reconocimiento de las personas trans no binarias (aquellas que no se reconocen ni como hombre ni como mujer), la ampliación de los derechos de los menores trans y la inclusión de las personas migrantes.

Las principales medidas de la ley trans y LGTBI

Tras meses de duras negociaciones, el Ejecutivo aprobaba el 28 de junio (semana del Orgullo LGTBI) la ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBI, que que reconoce la libre determinación del género y deja de considerar enfermas a las personas trans. 


/ EFE/ Chema Moya

El proyecto, impulsado por Igualdad, sufrió un bloqueo de meses por las diferencias de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra Irene Montero sobre la autodeterminación del género. El consenso entre Igualdad, Justicia y Moncloa se tradujo en un texto que permitirá el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo máximo de cuatro meses. En la actualidad, las personas trans tienen que acudir a un médico para que acredite el cambio de sexo. 

Podrán cambiar su mención registral las personas mayores de edad y los menores a partir de los 14 años. Los chicos de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil. Lo que sí podrá hacer cualquier menor, con independencia de su edad, es cambiar su nombre.

El anteproyecto incluye un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley: las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo, para volver a hacerlo tendrán que obtener una autorización judicial. 

La ley también prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual. 

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