"Un fondo buitre me sube el alquiler de 160 a 700 euros, con un sueldo y dos hijos"

Tenían el piso pagado, pero decidieron pedir un préstamo para abrir un negocio y el banco les exigió la casa como aval. Este fue el principio del fin para la familia de Mª Ángeles Tolosana, una mujer de 53 años pendiente de un desahucio y que tener verse en la calle en menos de un mes. Llegó al crisis del 2008 y el negocio convertido en sustento familiar fracasó. Sin trabajo y sin posibilidad de pagar el préstamo, el banco se quedó con el piso. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València consiguió paralizar el desahucio que dejaba a esta familia en la calle, con dos menores que por aquel entonces eran adolescentes. Era 2015. La familia aún arrastra aquella deuda pero consiguió firmar un alquiler social.

Hoy, la deuda por aquel préstamo maldito sigue siendo del banco pero el piso es ahora de un fondo buitre. Así, desde Global Lucanor le explicaron a Mª Ángeles que el alquiler a 160 euros pasaba a ser historia. Si quería renovar el alquiler el precio era de 700 euros y tenía de plaza hasta el 23 de julio para decidirlo. Si no, debe abandonar la vivienda el 27 del mismo mes. A la mujer se le quiebra la voz al explicarlo.

“¿Cómo vamos a pagar 700 euros de alquiler? Entiendo que suban el precio pero no podemos pagar esa cantidad. Tenemos dos hijos y mi marido tiene un sueldo de 1.200 euros. Es un abuso y somos gente honrada y trabajadora. Pero no dan opción a la negociación. Ni tan siquiera tengo un teléfono o dirección a la que dirigirme. Mis hijos aún están estudiando. No podemos permitirnos que vayan a la universidad pero se siguen formando y aunque ya no son menores de edad nos necesitan porque viven con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No podemos pagar 700 euros. Qué injusto. Cuando perdimos la casa no teníamos trabajo ninguno de los dos. Ahora mi marido es mileurista y yo trabajo en lo que me sale, pero no nos dejan levantar cabeza”, explica la mujer. Ella, que compró la casa en 1990 con la ilusión de pasar allí toda su vida la perdió hace 8 años y ahora se ve fuera “por un préstamo con condiciones abusivas que se ha llevado por delante mi futuro y el de mis hijos”.

Mª Angeles recibe a Levante-EMV, de Prensa Ibérica, con la camiseta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València puesta. Verde esperanza. A ellos les debe que hoy esté bajo el techo que vio nacer y crecer a sus hijos, de 21 y 24 años. En ellos tiene puesta la esperanza de negociar un alquiler que pueda pagar.

Todo sube menos los sueldos

“El día del desahucio vinieron 70 personas que no me conocían de nada a defender que mi familia se quedara en casa. Me ayudaron y me siguen ayudando. Por eso yo también soy activista, porque no olvido todo lo que han hecho por mí. Lo que siguen haciendo. Hay muchísimos casos como el mío, e incluso más graves. Personas mayores, con discapacidad, con crío pequeños...”, explica. Recuerda las dificultades que ha pasado para pagar las facturas. La necesidad de tener suministros básicos y lo han se han incrementado los pagos de la luz. Igual que la cesta de la compra. Habla del precio de los alquileres y se viene abajo. “Los precios son prohibitivos. Pisos de una habitación por 700 euros. Y nosotros somos cuatro y sólo contamos con un sueldo de 1.200 euros. Necesitamos negociar un alquiler que podamos pagar. No nos estamos negando a pagar más pero 700 euros es un imposible para nosotros. No es no queramos, es que no podemos”, explica.

es que los alquileres no paran de subir tras dispararse la demanda de familias que no pueden acceder a la compra. Los fondos buitre adquieren ahora los pisos propiedad de los bancos y extienden sus tentáculos por el mercado inmobiliario. No tienen prisa por alquilar ni una ley que les obligue a firmar alquileres sociales, tal y como reivindica la PAH. Además, cuentan con un ejército de abogados para hacer frente a los litigios. Fuentes jurídicas ya advertían hace dos años que el 90% de las ejecuciones hipotecarias de València estaban en manos de fondos buitre radicados en Luxemburgo, Países Bajos y paraísos fiscales. Los bancos venden a estos fondos de inversión los pisos que se quedaron en su día tras la crisis económica (como el de Mª Ángeles) y también las hipotecas. Y así, expulsan a los vecinos de sus viviendas e incrementan los precios. Acoso y derribo. Ante esta situación la lista de personas que solicita una vivienda social aumenta a diario. “Nosotros también estamos en lista de espera de un piso social pero hay tanta necesidad… Familias con críos muy pequeños y gente muy mayor o con discapacidad”, explica Maria Angeles. La Generalitat Valenciana dispone de un parque público de 15.131 pisos. No hay viviendas libres y la lista de espera ya supera las 13.000 personas.

Los datos de la PAH son demoledores: casi 9.000 familias valencianas están en riesgo de desahucio. La de Mª Angeles es una de ellas. Ella da la cara. No. hay de qué avergonzarse. Un rostro entre 9.000. Porque detrás de cada cifra hay una familia que teme quedarse en la calle y que lleva años intentando salir de un círculo que cada vez se estrecha más.