ENTREVISTA

Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua: "Hay un millón de pozos ilegales en España"

  • El experto en agua y saneamiento hace un repaso para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de los errores en la gestión de recurso

  • "El agua debe ser tratada como un bien común que es de todos pero no puede ser apropiada por nadie", asegura

  • "Muchas ciudades en España tienen fugas en la Red por encima del 20%", advierte

Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento / Fotografía cedida

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Pedro Arrojo es profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Fue diputado de Podemos entre el 2016 y el 2019. Ahora trabaja como Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, desde donde alerta sobre los riesgos de privatizar el agua potable.

"Frente a la lógica del mercado y la especulación financiera", el relator invita a los Estados a desarrollar "una gobernanza democrática del agua". Y eso incluye hacer un buen uso de los acuíferos.

España afronta una crisis de abastecimiento de agua. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto?

Estamos en un ciclo de sequía. Es normal dentro de la climatología mediterránea. Pero, tal y como se viene advirtiendo ya desde hace muchísimo tiempo en la comunidad científica, con el cambio climático estos ciclos van a acentuarse; se van a hacer cada vez más largos y más duros.

¿Cuáles son las soluciones?

Siempre se habla de los embalses, pero las aguas subterráneas es la parte del iceberg del agua dulce que hay en los continentes. No se ve, pero es la inmensa mayoría. Los acuíferos son los pulmones hídricos de la naturaleza. Es donde está la mayor cantidad de agua disponible y renovable. Desgraciadamente, estamos sobreexplotando muchos de ellos en años de normalidad. Y justamente en las zonas más sensibles y vulnerables. De seguir así años, acabaremos con las reservas.

Hay que mantenerlos como reserva estratégica para tiempos de sequía. Es la principal herramienta que hay en todos los países y, particularmente, en España. Su sobreexplotación es la clave del problema y, al mismo tiempo, la clave de posibles soluciones pensando en el futuro.

Se estima que hay más de un millón de pozos ilegales [en España]. Acabo de llegar de Túnez, donde están sobreexplotando sus recursos hídricos a una tasa reconocida del 120% en tiempo de normalidad. Reconocen que el 60% de los pozos que hay en el país son ilegales. Por lo menos lo reconocen. Aquí no, porque genera una vergüenza. La inacción es absolutamente injustificable y ni lo reconocemos ni lo resolvemos.

¿Por qué?

La sobreexplotación que viene, en buena medida, por explotaciones y regadíos ilegales, se agrava por el hecho de que se han concedido concesiones legales muy por encima del límite de sobreexplotación de las aguas subterráneas, por ejemplo en Doñana.

Por otro lado, el principal usuario del agua es el regadío. Pero claro, si nosotros seguimos haciendo política en el mal sentido de la palabra, dando pie a planificaciones en las que se prevén crecimientos del regadío, legales e ilegales, pues estamos justamente agravando el problema de la sobreexplotación de recursos y la imposibilidad de reaccionar ante futuras sequías como la que estamos sufriendo.

¿Cómo es que no se investiga a esos pozos y se actúa con la ley en la mano?

Eso habría que preguntárselo a las confederaciones hidrográficas, que son las que tienen la autoridad y la obligación de vigilar esas cuestiones. Pero, desgraciadamente, hay un sentimiento que comparten también muchos pequeños y medianos agricultores: el de que tienen derecho a explotar el agua que poseen debajo de su tierra. Hay poca conciencia colectiva de lo que es la ley en este sentido. Y una cierta complicidad social que hace que la autoridad política tenga dificultades a la hora de ejecutar su obligación por miedo a que la aplicación de medidas para cerrar pozos resulte impopular y, por tanto, pase factura en futuras elecciones. Es algo que cada vez está menos vigente, porque va habiendo más conciencia de que los pozos ilegales y la sobreexplotación nos pone en peligro a todos y a todas. Empieza a haber ciertas posibilidades de ejecutar y cumplir la ley. Es muy fuerte decir esto, pero es así.

Los problemas hídricos en España vienen de largo...

Tienen una componente cultural muy fuerte. Hasta 1985, la legislación en España era una hidroesquizofrenia nacional. Se establecía que el agua superficial era pública. Ahí estaban las confederaciones hidrográficas, haciendo embalses, canales, distribuyendo concesiones… Pero las aguas subterráneas eran privadas. El Estado no se tenía que meter. Era una contradicción tremenda, porque el agua que estaba en un acuífero era privada y más adelante emergía en una fuente y a partir de ahí era pública. No tenía pies ni cabeza. Eso hizo que la conciencia social fuera así.

¿Qué ocurrió después de 1985?

Al cambiar la ley, el legislador no se atreve a hacer retroactiva la consideración del agua, que pasa a estar bajo dominio público. Por tanto, los pozos que estaban antes de 1985 siguen siendo privados. Y mucha gente se piensa que los que se van perforando posteriormente son tan legales como los anteriores. No hay un antes y un después para ellos. El propio legislador y la autoridad competente no se atreven a ejecutar el nuevo principio legal. Se siguen haciendo pozos ilegales bajo el argumento de que el de al lado lo hizo, en muchos casos para la modernización de regadíos apoyados por los gobiernos autónomos correspondientes. Ha habido una complicidad por parte de todos los partidos políticos.

También ha habido concesiones legales que terminan con un acuífero sobreexplotado. El Estado tiene la obligación de intervenir y de revisar las concesiones que están operando, pero esto es muy impopular. Por lo tanto, muchas veces gobiernos autonómicos y estatales eluden hacer una declaración formal de acuíferos sobreexplotados porque, si lo declaran formalmente, tienen la obligación y las herramientas legales para intervenir sobre las concesiones legalmente establecidas.

Ahora que con la sequía parece que hay más conciencia del problema a nivel poblacional, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?

Ser conscientes es el primer paso. A través de la presión ciudadana, de la opinión pública, se pueden condicionar las decisiones que se tomen en las instituciones correspondientes.

"Muchas ciudades en España tienen fugas de agua por encima del 20%"

Siempre se nos dice que podemos cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, poner una botella dentro de la cisterna para que consuma menos agua… Ese tipo de cosas. Y están bien. Pero son más una expresión de compromiso cultural. La cantidad de agua que podemos ahorrar así no es ni la centésima parte de lo que puede ahorrar el Ayuntamiento si combatiera de manera masiva y eficaz las fugas en la red. Muchas ciudades en España tienen fugas por encima del 20%.

La ciudadanía debe de ser capaz de presionar democráticamente a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y al Estado a través de las confederaciones hidrográficas, para que, cada una con sus competencias, asuman políticas prudentes, serias, de adaptación y de prevención del cambio climático. Por ejemplo, reduciendo el consumo a niveles sostenibles, con una perspectiva de que tarde o temprano viviremos la siguiente sequía, y que nos permitan tener disponibles los acuíferos. Las soluciones reales pasan por la planificación hidrológica y en el desarrollo de los modelos de ordenación territorial y urbanística, que marcan el ritmo de las demandas de agua que tenemos.

Lo de que el agua cotice en Wall Street, ¿significa que es un bien común o un negocio?

Ahí tenemos varios niveles. Los enfoques liberales empezaron con la privatización de la gestión, no de la propiedad formal. Un ejemplo era el ayuntamiento de turno que, en el ejercicio de sus competencias, privatiza la gestión del agua durante 40 años. Pierde en gran medida el control. Lo que era un servicio público de interés general, pasa a transformarse en un negocio, que unos considerarán legítimo y otros no tanto.

En un momento determinado, con el Gobierno de José María Aznar se aprobaron mercados de derechos concesionales. Hasta entonces, el que tenía un derecho concesional de mil metros cúbicos para hacer una determinada actividad de regadío o de producción industrial no la podía vender porque era una concesión gratuita que le hacía el Estado; era un privilegio y no una propiedad. Pero, a partir de ese cambio legal, se pueden contrabandear los derechos concesionales. Es algo que ocurre en España y en determinados estados de Estados Unidos, en Australia o en zonas Chile, que comenzó al final de la dictadura de Pinochet.

Y usted lo cuestiona.

Lo he hecho como relator en mi primer informe ante ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2021. Pido que esto se conozca y se evalúe. En mi opinión, habría que dar marcha atrás. El agua debe ser tratada como un bien común que es de todos pero no puede ser apropiada por nadie.

¿Cómo funciona el mercado de futuros sobre el agua?

En España se introdujo la opción de compraventas coyunturales no permanentes, con una serie de limitaciones o de regulaciones más o menos exigentes, que se han ido liberalizando a medida que se han aprobado ciertos decretos ley. De manera que, ahora, prácticamente vivimos una situación en la que un señor que ha recibido una concesión de agua pública puede hacer negocio con ella y vendérsela a un tercero. Y ahora, de repente, también puede negociar una venta a futuro.

"El valor del metro cúbico que hay en una piscina y el valor del metro cúbico del agua que necesitas en tu familia para sobrevivir con dignidad no se pueden comparar"

Los mercados de futuros funcionan así: alguien compra los derechos de agua para dentro de seis meses, calculando que puede haber una sequía u otras condiciones. Una vez recibido ese derecho del futuro, lo pone en bolsa y especula con su valor, como está ocurriendo con los alimentos. Es lo que se llama la economía de casino. Si esto se queda en un ensayo con el agua de California, como hasta ahora, no hay problema. Pero las respuestas a las incertidumbres no pueden ser dinámicas especulativas que enriquezcan a través de una economía de casino a determinados poderes financieros y quiebren las economías y los derechos humanos de la mayoría de la población del mundo.

Un estudio encargado por Repsol que realizó la Universidad Complutense de Madrid, que decía que para 2050 va a faltar agua para el 40% de la población mundial. ¿Son tan catastrofistas las predicciones?

Estos cálculos, desde mi punto de vista, son perversos. El agua no es un bien cualquiera. Cuando me preguntan por su valor respondo que no hay uno, sino varios valores con rangos éticos de distinto nivel. El valor del metro cúbico que hay en una piscina y el valor del metro cúbico del agua que necesitas en tu familia para sobrevivir con dignidad no se pueden comparar.

Hay agua que se utiliza para el interés general de la sociedad, agua para la economía y el desarrollo y agua para el delito. El agua para la vida no puede ser escasa nunca. El mínimo de agua que necesitas para una vida digna se puede fijar, pero es apenas un 3% del que estamos sacando a los ríos y los acuíferos. Ninguno se va a secar por esa cantidad. Por lo que si le damos prioridad al uso doméstico y al derecho humano al agua, no se puede aceptar escasez. No le faltará a nadie agua. Faltará para el uso del agua para la economía. Pero no es una desgracia.

Más que la escasez, habrá que gestionar los excedentes de ambición y codicia que a veces tenemos y establecer unos niveles de prioridad de manera que no falte agua para lo esencial.

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