Los trabajadores de Abengoa pelean contra la condena de muerte de la multinacional

Los 2.500 trabajadores de Abengoa en Andalucía, casi todo en Sevilla, unos 3.000 en España y hasta 11.000 en diversos proyectos repartidos por todo el mundo, no pierden la esperanza pese a la condena de muerte a la que se enfrenta la empresa. La situación es límite después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) negara un préstamo de 249 millones de euros y la Junta de Andalucía lleve dos años mirando hacia otro lado, asegurando que no tiene instrumentos legales para inyectar dinero en una compañía que fue emblemática. Nadie sabe cuál puede ser el milagro, pero no se resignan. “No sabemos cómo, no es responsabilidad de los trabajadores, habrá financieros y expertos jurídicos buscando salidas, que seguro que las hay, Abengoa no puede caer”, clama Laura Rodríguez, del comité de empresa, desde 2007 en plantilla.

El día 1 de julio acaba la moratoria para el concurso de acreedores y cualquiera de los afectados podrá acudir al juzgado a pedir su ejecución forzosa. Quedarán entonces tres meses para la liquidación de una multinacional que fue una referencia mundial en el sector de las energías renovables, después de ser una de las empresas más punteras en Andalucía y su capital, Sevilla. Su desguace y venta a trozos de las divisiones de negocio más rentables es la única salida real que se vislumbra. La compañía puede ganar tiempo si este jueves pide el preconcurso voluntario. Pulsaría así un botón de emergencia, el del pánico, para poder abrir una negociación que debe ser a tres bandas y reunir en una mesa a la empresa, el Gobierno y la Junta de Andalucía. Esa conversación no se ha logrado hasta el momento en una quiebra empresarial y un conflicto laboral muy grave donde ha imperado la confrontación política.

Reunión con la Junta

Los trabajadores, acampados a las puertas de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Plaza de España de Sevilla, se trasladaron este miércoles a las puertas de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz. Han conseguido que hoy jueves, a contrarreloj, los reciban representantes del Gobierno andaluz, que está en funciones. Al parecer serán el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el consejero de Economía, Rogelio Velasco. Lamentan que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se haya "quitado de en medio desde el principio". El asunto ha generado además tensiones dentro de la Junta. En la plantilla hay indignación con el Gobierno andaluz por más que les hagan llegar que el presidente Juan Manuel Moreno está “muy preocupado”. Han llamado a todas las puertas. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, está actuando como mediador al grito de "Abengoa no puede caer", para conseguir que el Ministerio de Industria y el Ejecutivo autonómico se sienten juntos. El líder del PSOE andaluz y responsable de la oposición, Juan Espadas, también está interviniendo.

Indiferencia y confrontación

En mitad de la desesperación de los trabajadores sorprende la indiferencia de la sociedad sevillana, que no está nada implicada con la caída de la que ha sido posiblemente durante años su compañía más relevante. Es llamativo también el juego de Gobierno y Junta acusándose de ser los responsables de que no haya ayudas públicas para una empresa que acarrea una deuda financiera de 6.000 millones de euros. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), dotado con 10.000 millones y gestionado por la SEPI, negó el préstamo pese a que se han aireado informes de auditorias que aseguran que Abengoa cumplía los requisitos con matizaciones. No había garantías, arguyen, de que pudiera devolver lo prestado.

La destitución de su presidente, Felipe Benjumea, en 2015 empezó a revelar la situación real de una compañía que atravesaba ya dificultades muy serias. Desde entonces Abengoa sea asoma al desastre, pese a salvarse la quiebra con una reestructuración de la deuda que genera millones en intereses y comisiones a los prestamistas, bancos y acreedores, la bola fue a más y ahora ya no hay más margen ni más tiempo.

La Junta de Andalucía ha resistido la presión y ya en 2020 negó una ayuda de 20 millones de euros para un plan de refinanciación de su deuda que terminó haciendo aguas. Alegó que no tenía un instrumento jurídico para dar esa partida, pese a contar con un Presupuesto de más de 40.000 millones de euros, inyecciones extraordinarias del Estado por el covid y cerrar ejercicio con superávit. El problema era político, la confrontación con el Gobierno fue a más y pesaba como una losa de hormigón armado el caso de los ERE y otros como el de Isofotón, todavía en los tribunales, Delphi o Santana Motor. Inyectar dinero público para salvar una compañía de pedigrí que, ha encadenado tres rescates fallidos desde 2015, era una enmienda a la totalidad de su discurso político contra la política de subvenciones públicas del PSOE durante años en Andalucía. El PP desde Andalucía ha ido poniendo la pelota en el tejado del Gobierno y el PSOE desde Madrid asegurando que sin la Junta no podía hacer nada. La tensión llegó al punto de la que la compañía estudió su traslado a la Comunidad Valenciana para que la Generalitat pudiera darle auxilio.

Una fecha clave

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El 30 de junio es un día clave para la historia de una compañía que fundó en 1941 Javier Benjumea Puigcerver y que lleva siete años en la cuerda floja. Ingenieros y técnicos, especialistas en sectores hoy en auge, como el de la energía solar, muy cualificados, lleva años sobreviviendo a una situación límite, de despidos, ajustes y retrasos en el pago de las nóminas. Los Expedientes de Regulación de Empleo han mermado de forma importante una plantilla que llegó a los 30.000 trabajadores. La compañía fue tratando de salvarse volviendo a los valores más seguros, ingeniería y construcción, y aparcando los proyectos de I+D en una empresa que tiene en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Solúcar, la mayor planta de energía solar de Europa, cuyo expresidente, Felipe Benjumea, hijo del fundador, llevó a cotizar a la bolsa de Nueva York y acabó en los juzgados y con la que el presidente de EEUU, Barack Obama anunció en 2010 un contrato de 2.000 millones de euros para la construcción de una de las mayores plantas solares del mundo en Arizona.

“Tienen que buscar vías de solución en la misma mesa la empresa, el Gobierno y la Junta. Lo primero para nosotros son los trabajadores”, asegura Manuel Ponce, de UGT. “Si la Junta no encuentra vías para participar en el rescate ellos sabrán por qué, cuál es su política industrial, mira Asturias y Duro Felguera”, aludiendo a la participación del Gobierno asturiano en la participación de una empresa histórica.