ENERGÍA

La UE aprueba su plan para llenar los depósitos de gas al 80% antes del invierno

Los Veintisiete cierran su posición negociadora para impulsar las renovables y la eficiencia energética

Depósito de gas.

Depósito de gas.

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La Unión Europea empieza a completar el arsenal de medidas con el que evitar una crisis en el suministro de gas en caso de que Rusia termine cerrando el grifo de este combustible fósil, algo que ya ha hecho parcial o totalmente con una docena de países. Los Veintisiete han aprobado formalmente el reglamento que instaura la obligación de rellenar los depósitos subterráneos al 80% antes de que empiece el próximo invierno -al 90% a partir del próximo año- y han adoptado su posición de cara a las negociaciones con la Eurocámara sobre la revisión de los objetivos en materia de renovables y eficiencia energética.

“La unión dispone ahora de un instrumento que obliga a cada Estado miembro a enfrentarse al invierno con una cantidad de gas almacenado suficiente y que facilita el reparto entre países”, ha celebrado la ministra de transición ecológica de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ante un mecanismo llamado a amortiguar potenciales cortes en el suministro.

Según el acuerdo, la UE se esforzará colectivamente por alcanzar un nivel de llenado del 85% de la capacidad total de almacenamiento subterráneo en 2022, muy por encima del 55% actual, aunque, y dado que las capacidades de almacenamiento de los Estados miembros y las situaciones nacionales son distintas, los países “podrán cumplir parcialmente el objetivo mediante el recuento de existencias de gas natural licuado (GNL) o combustibles alternativos”.

Por ejemplo, para tener en cuenta la situación de los Estados miembros que disponen de una capacidad de almacenamiento muy importante en relación con su consumo nacional de gas, la obligación de llenar las instalaciones de almacenamiento subterráneo se limitará a un volumen equivalente al 35 % del consumo medio anual de gas de los Estados miembros durante los últimos cinco años. Algunos Estados miembros no disponen de instalaciones de almacenamiento en su territorio, por lo que la regulación establece que deben almacenar el 15 % de su consumo interno anual de gas en reservas ubicadas en otros países y así tener acceso a las mismas que tendrán que financiar.

El reglamento también prevé la certificación obligatoria de todos los gestores de sistemas de almacenamiento subterráneo de gas por las autoridades de los Estados miembros interesados. El objetivo es evitar que operadores externos, como la rusa Gazprom, pongan en riesgo la seguridad del suministro. Las obligaciones de llenado de la capacidad de almacenamiento finalizarán el 31 de diciembre de 2025, pero las de certificación de los operadores de almacenamiento continuarán aplicándose más allá de esa fecha. Chipre, Malta e Irlanda estarán exentos dado que no están interconectados directamente con el sistema de gas de otros Estados miembros.

Un operario de la gasística rusa Gazprom mira la fábrica.

/ EFE

Más renovables y eficiencia

Los Veintisiete también han conseguido cerrar este lunes su posición de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo en cuanto a la directiva sobre energías renovables y sobre eficiencia energética. En materia de renovables, han acordado que el 40% de la energía proceda de estas fuentes para 2030, frente a un objetivo actual que se sitúa en el 32%, con algunas flexibilidades para permitir a los gobiernos elegir en materia de transporte. También se incluye un aumento gradual de los objetivos en materia de renovables para la calefacción y la refrigeración, del 1,1% a partir de 2026, así como un objetivo indicativo de una cuota mínima del 49% de renovables en la construcción y procedimientos acelerados para la autorización de proyectos de renovables.

En cuanto a la eficiencia energética el objetivo es reducir un 36% del consumo estimado para 2030. El sector público estará obligado a reducir anualmente el consumo un 1,7% o el 1,9% si se excluye el transporte público o las fuerzas armadas empezando gradualmente por los municipios más grandes. Además, los Estados miembros tendrán que renovar cada año al menos el 3% de la superficie edificada total de los edificios propiedad de todos los niveles de la administración pública.

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