Investigación

El Tribunal de Cuentas investigará la cesión sin coste a Repsol de roca extraída en el puerto de A Coruña

El material procede del talud creado para ampliar el puerto exterior | Un denunciante lo valora en 18,6 millones | Langosteira replica que la concesión a la petrolera ya preveía su uso | La Fiscalía ya archivó esta misma denuncia

Pantalán de Repsol en el puerto exterior y, al fondo, taludes de los que se extrajo la roca utilizada en su construcción y que motivó la denuncia.

Pantalán de Repsol en el puerto exterior y, al fondo, taludes de los que se extrajo la roca utilizada en su construcción y que motivó la denuncia. / L.O.

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José Manuel Gutiérrez

El Tribunal de Cuentas ordenó el pasado 24 de mayo la apertura de una investigación sobre la denuncia presentada por un ciudadano contra la Autoridad Portuaria por el uso de las rocas extraídas en los taludes con los que se amplió el puerto exterior para la construcción del pantalán de Repsol en esa misma dársena, sin que la empresa abonara ninguna cantidad por esos materiales. El denunciante valora en 18,6 millones el coste de los 602.143,67 metros cúbicos de piedra cedidos a la petrolera y reclama que se exijan responsabilidades contables al Puerto de A Coruña.El organismo argumentó que estos mismos hechos ya fueron investigados hace dos años por la Fiscalía Provincial y el Seprona de la Guardia Civil tras haber sido denunciados por el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas y que fueron archivados. También señaló que la Abogacía del Estado manifestó durante esa investigación que la actuación de la Autoridad Portuaria había sido “plenamente lícita y habitual en el contexto de cualquier obra de interés público”, así como que no había generado “el más mínimo perjuicio” a la institución.

A pesar de estos datos y de que el Puerto solicitó la inadmisión de la denuncia, el Tribunal de Cuentas resolvió que es necesario efectuar una investigación y el nombramiento de un instructor de la misma, ya que las alegaciones presentadas no impiden que se indague la existencia de una posible responsabilidad contable.

En la denuncia, presentada el pasado diciembre, se detalla que las rocas fueron extraídas por la empresa Cavosa, integrada en el grupo Sacyr, por encargo de Repsol y que esta empresa no solo se benefició del uso sin coste del material en el pantalán que construía en punta Langosteira, sino también del transporte del mismo de forma gratuita. La valoración de esas rocas en 18,6 millones se realizó a partir de un Informe de la Inspección General del Ministerio de Fomento acerca de otras obras en el puerto exterior en el que figura el coste del material empleado en ellas.

Según el denunciante, un documento de la Delegación del Gobierno del 4 de octubre de 2019 y otro de la Consellería de Economía del 2 de octubre de 2018 revelan que la extracción de rocas en los taludes de Langosteira “era común tanto a la obra de construcción del dique de Repsol como a la ampliación del puerto exterior”, a lo que añade que Sacyr era la empresa que realizaba las dos obras.

La Autoridad Portuaria consideran que carece de fundamento

Las alegaciones del Puerto reprochan a la denuncia que carece de fundamento porque da a entender que explota comercialmente una cantera y que las rocas se entregaron a Repsol para su uso particular. Según explica, “el material se destina a una obra de marcado interés portuario que se ejecuta en la zona de servicios del puerto”, a lo que añade que al terminar la concesión de Repsol, el pantalán pasará a formar parte del patrimonio portuario.

Para la Autoridad Portuaria, la denuncia presentada en Cuentas “confunde lo que es la obtención de minerales de una cantera para su venta en el mercado con los procesos de movimientos y compensación de tierras que son consustanciales a cualquier obra para la generación de infraestructuras de cierta envergadura”. Asegura además que el uso de los materiales extraídos por parte de Repsol “genera indudables beneficios económicos y medioambientales “, ya que con esta decisión se evitó tener que trasladarlos a un vertedero.

También pone de relieve que este proceso estaba previsto en el proyecto de construcción del puerto exterior y que se trata de una “operación concebida en interés recíproco”, ya que benefició tanto al Puerto como a Repsol. Sobre la valoración del material utilizado por la petrolera en su pantalán procedente de esas excavaciones, manifiesta que el denunciante “incurre en craso error” al tomar como referencia el informe del Ministerio de Fomento porque se refiere a las obras del dique de abrigo de Langosteira, aunque no detalla cuál es el error cometido en ese cálculo.

La Autoridad Portuaria estima que “no hay ningún inconveniente ni reparo legal” en que la roca extraída de terrenos de su propiedad fuera utilizada en la obra de una de sus concesiones y destaca que “no hay duda de que se trata de unas instalaciones de marcado interés portuario”, así como que “no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico alguno” para este organismo, que además cobró a Sacyr tasas de ocupación y de actividad por las obras realizadas.

En las alegaciones se indica también que la supuesta responsabilidad contable habría prescrito porque en el proyecto del pantalán que Repsol presentó junto con la solicitud de la concesión en el puerto exterior figuraba “de forma expresa que el material de cantera sería obtenido de los propios terrenos del Puerto”. Al haber comenzado la concesión en 2014, habrían transcurrido ya los cinco años que marca la Ley como plazo para que se puedan exigir responsabilidades.

La Autoridad Portuaria recrimina además la existencia de “motivos personales del denunciante” que originan que se actuación se desarrolle “con mala fe, abuso de Derecho e instrumentalización de las instituciones públicas”. Según explica, su presencia en esta iniciativa “obedece a un intento de camuflar la evidente animadversión” de Sánchez Penas al Puerto “y más en concreto a su director y su presidente”.

Le acusa de presentar “de forma insistente multitud de escritos denunciando irregularidades” y le advierte de que “no se puede erigir en guardián (en abstracto) de la legalidad”. Asegura que tras haber fracasado con su denuncia en la Fiscalía, utiliza al denunciante para que “no sea evidente que ha iniciado una causa general contra la Autoridad Portuaria”.

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