Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba el tope al precio del gas para abaratar la electricidad

La medida rebajará el precio de la factura de la luz en un 30% durante el periodo | No entrará en vigor hasta junio, a la espera de tener el visto bueno de la Comisión Europea

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El Gobierno interviene el mercado eléctrico. En un Consejo de Ministros extraordinario se ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas destinado a producir eléctrica para abaratar la factura de la luz un 30%. Se ejecuta, así, la llamada “excepción ibérica” autorizada por el Consejo Europeo el viernes 25 de marzo, para trata de frenar la histórica escalada del precio de la electricidad de los últimos meses. Los consumidores no notarán su efecto de forma inmediata, sino que se necesita todavía el aval de Bruselas y unos trámites técnicos que extenderán su entrada en funcionamiento hasta junio.

"La única electricidad que se va a pagar al coste del gas es la generada por gas natural, evitamos por tanto el efecto contagio del resto de tecnologías. Esto supone una reducción de los beneficios extraordinarios de la eléctricas y mejora el precio del 37% de los consumidores domésticos y del 70% de los industriales", ha explicado una sonriente vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una breve rueda de prensa en la que ha estado acompañada por parte de su departamentp, entre ellos, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aaegesen.

El límite se iniciará en 40 euros por megavatio-hora durante seis meses e irá creciendo "mes a mes" hasta alcanzar un promedio de 48,8 euros por megavatio-hora de gas. De esta forma, el precio de la electricidad en el mercado mayorista caerá de forma importante hasta los 130 euros por megavatio-hora, muy por debajo de los 210 euros por megavatio-hora en los que se ha instalado en los últimos meses.

Según el Gobierno, esta medida supondrá una rebaja del 30% de la factura para los usuarios del mercado regulado y los industriales que van directamente a comprar la electricidad al 'pool', aunque Ribera ha asegurado que también notarán la rebaja los usuarios del mercado libre, según renueven con su comercializadora porque la referencia de precios del mercado será más baja. Según estimaciones del experto en energía Francisco Valverde, un usuario medio (4,4 kW de potencia contratada y 3.500 kWh al año) el precio de la factura mensual con un precio de 130 euros por megavatio-hora en el 'pool' se quedaría en 68,8 euros en el mes de junio, frente a los 98,7 euros que pagó en el mes de abril.

El tope ha sido aprobado de forma simultánea por los Ejecutivos español y portugués. Y una vez que los dos Gobiernos han dado su visto bueno, el mecanismo se remitirá "inmediatamente" a la Comisión Europea, que "debe adoptar una decisión del colegio de comisarios para hacer efectiva su aplicación". Así, la entrada en vigor de esta medida se producirá al día siguiente de la publicación en el BOE que "en principio se producirá este sábado", según ha informado Ribera, aunque habrá que esperar que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma que se publiquen los dos países a través del acuerdo del colegio de comisarios. 

En paralelo, las compañías eléctricas disponen de 5 días hábiles para presentar los contratos con sus clientes y hay otros 7 días más de adaptación de los sistemas. "El plazo efectivo y último será el más tardío de los dos, esos 12 días o la autorización formal de la Comisión Europea", explican fuentes ministeriales. Es decir, hasta primeros de junio esta medida no podrá ponerse en marcha.

La diferencia entre el precio límite y el precio real del gas (en estos momentos casi 80 euros) será asumida por las comercializadoras que lo repercutirán a los clientes finales: los consumidores del mercado regulado (unos 10 millones) primero, mientras que los usuarios del mercado libre con contratos a precio fijo inferiores a un año irán incorporándose al mecanismo conforme tengan que renovar sus tarifas. "Por primera vez no pagan los mismos. Una situación como esta habitualmente se ha saldado por la aportación de los Presupuestos Generales del Estado", ha indicado Ribera. El Gobierno defiende que serán las compañías eléctricas las que paguen este mecanismo al reducir sus "beneficios extraordinarios", pero estas defienden que no les afectará a sus cuentas.

Fuentes ministeriales indican que el saldo con Francia será netamente exportador, frente al equilibrio actual, porque se incrementarán las compras a la Península Ibérica ante un precio más barato, pero las comercializadoras francesas no tendrán que pagar el ajuste. Las comercializadoras francesas pagan las llamadas rentas de congestión o derechos de uso de las redes, según explican fuentes ministeriales, que son ingresos para el sistema eléctrico pero que mientras dure el tope al gas se utilizarán para reducir la compensación. 

El mecanismo se puede suspender ante circunstancias excepcionales del mercado o por razones de interés general, mientras que su vigencia "en ningún caso" podrá ir más allá de mayo del 2023.

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